Hay una pregunta que los gobiernos de izquierda suelen responder con promesas, pero pocas veces con cuentas claras: ¿cuánto cuesta el bienestar que ofrecen los de la 4T y quién terminará pagándolo? América Latina tiene experiencias que deberían servirnos de advertencia. Cuando un gobierno gasta más de lo que puede pagar, debilita las instituciones y utiliza el dinero público para sostener su popularidad, las consecuencias pueden ser inflación, deuda, pobreza y pérdida de oportunidades.

Venezuela es el caso más grave. Bajo el chavismo, la concentración del poder, los controles económicos y el deterioro institucional terminaron por hundir buena parte de su economía. Según estimaciones del Fondo Monetario Internacional, su PIB cayó aproximadamente 75 por ciento entre 2013 y 2021. Argentina también ofrece una advertencia: años de déficits, subsidios, emisión monetaria y controles económicos, contribuyeron a una inflación crónica y al endeudamiento. Brasil, durante el gobierno de Dilma Rousseff, enfrentó una profunda recesión y un deterioro de sus finanzas públicas.

Esto no significa que todos los gobiernos de izquierda estén condenados al fracaso ni que los de derecha sean garantía de buena administración. El problema está en la manera de gobernar, administrar los recursos y generar riqueza. La justicia social no puede consistir en repartir dinero sin explicar de dónde sale, cuánto tiempo alcanzará y quién pagará cuando se termine.

Y es precisamente en México donde debemos detenernos. El Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027, aprobado por la Cámara de Diputados el pasado 11 de noviembre, contempla un gasto de 10.63 billones de pesos, con un incremento real de 1.3 por ciento. Sin embargo, un presupuesto más grande no significa necesariamente que el país esté resolviendo mejor sus problemas. La pregunta es: cuánto se convierte en obras, servicios y oportunidades? y cuánto se consume en compromisos anteriores?

El dato más preocupante es el crecimiento de la deuda. En 2021, el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público, la medida más amplia de la deuda pública, se ubicaba en 13.10 billones de pesos. Para septiembre de 2026 había alcanzado 19.55 billones. Esto representa un aumento de aproximadamente 6.45 billones en el saldo de la deuda. No todo corresponde exclusivamente a nuevos préstamos, pues también intervienen otros movimientos y ajustes financieros. Pero la dimensión del crecimiento es innegable: son obligaciones que el país tendrá que enfrentar.

Para dimensionar un billón de pesos, basta mirar hacia nuestro propio estado. El presupuesto de Chihuahua para 2026, fue de aproximadamente 117 mil millones de pesos. Esto significa que un solo billón equivale a más de ocho presupuestos anuales completos del Gobierno estatal. Pensemos en lo que podría hacerse con una cantidad semejante: construir y equipar hospitales, rehabilitar escuelas, reparar carreteras, llevar agua a comunidades y fortalecer la seguridad.

Endeudarse no es necesariamente malo. Un gobierno puede recurrir al crédito para construir infraestructura, impulsar proyectos productivos o enfrentar una emergencia. El problema aparece cuando los préstamos se utilizan de manera recurrente para sostener el gasto, sin que la economía crezca lo suficiente para generar los ingresos necesarios para pagarlos. La deuda no desaparece cuando termina un sexenio: se hereda, se refinancia y genera intereses.

El presupuesto de 2027 para nuestro país, contempla cerca de 1.58 billones de pesos para el costo financiero de la deuda. Es una cantidad enorme destinada a cubrir intereses y otras obligaciones acumuladas. Ese dinero no construye directamente hospitales, no contrata maestros ni repara carreteras. Mientras tanto, México sigue necesitando recursos para salud, educación, seguridad e infraestructura, no significa que cada peso de intereses se quite directamente a un hospital, pero sí que una parte importante del presupuesto queda comprometida y no puede destinarse a otras prioridades.

México Evalúa advierte que, una vez descontados los compromisos presupuestarios, el margen disponible para nuevas decisiones del gobierno, ronda apenas los 325 mil millones de pesos; en términos reales, ese espacio es 78 por ciento menor que el de 2018. Además, la inversión pública crecería en 2027, pero seguiría aproximadamente el 31 por ciento por debajo del nivel de 2014. La contradicción es evidente: se hacen esfuerzos por ordenar las cuentas, pero el país continúa teniendo poco margen para invertir en su desarrollo.

Pero ¿qué significa todo esto para quien sale a trabajar, paga sus cuentas y trata de llevar dinero a su casa? La deuda deja de ser una cifra lejana cuando hay menos recursos para mejorar hospitales, equipar escuelas, reparar calles o fortalecer la seguridad; también puede traducirse en nuevos impuestos, servicios de menor calidad y menos oportunidades de empleo si la incertidumbre frena la inversión. No sucede automáticamente ni de un día para otro, pero son riesgos que aparecen cuando las finanzas públicas pierden margen de maniobra.

Imaginemos una familia que gana 20 mil pesos al mes. Tiene que pagar la casa, comprar alimentos, cubrir los servicios, el transporte y la educación de sus hijos. Pero además arrastra un préstamo cuyos intereses consumen cada vez más de sus ingresos; poco a poco deja de ahorrar, pospone reparaciones y cualquier imprevisto la obliga a pedir otro préstamo. Quizá después ya no pueda pagar una carrera universitaria a sus hijos o ayudarlos a iniciar un negocio.

Con un país ocurre algo parecido. Cuando una parte cada vez mayor del presupuesto se destina a pagar deudas anteriores, queda menos dinero para invertir en lo que necesita la población. Las nuevas generaciones podrían recibir obligaciones que no decidieron y un país con menos recursos para construir su futuro.

El problema no es que México tenga programas sociales ni que el Estado intervenga en la economía, es que no podemos financiar compromisos permanentes con dinero prestado sin fortalecer la productividad, el crecimiento, la inversión y los empleos formales. Se necesitan programas que ayuden a quienes más lo necesitan, pero también una economía capaz de producir la riqueza necesaria para sostenerlos.

Por eso, la discusión no debería reducirse a estar a favor o en contra de la izquierda o la derecha. La pregunta es si estamos gastando con responsabilidad y si las decisiones de hoy permitirán que las próximas generaciones tengan mejores oportunidades. No podemos seguir hipotecando el futuro para financiar el presente.

Al final, mis tres lectores, la deuda también es una factura. Los políticos podrán cambiar de partido, cargo y discurso, pero las obligaciones financieras permanecerán. Por lo pronto, hoy una familia mexicana de cinco integrantes carga, trabaje o no, en términos proporcionales, con una deuda pública cercana a los 728 mil pesos, o traducido de otra manera, cada mexicano “debemos” 160 mil pesos. No es una deuda que debamos pagar directamente, pero sí representa el compromiso financiero que el país está heredando a sus integrantes, incluidos sus hijos. Una factura que nadie les pidió firmar, pero cuyas consecuencias tendrán que enfrentar.

1. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. (2026). Informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública: Tercer trimestre de 2026. Gobierno de México.

2. México Evalúa. (2026, 27 de octubre). 10 puntos de las finanzas públicas del Paquete Económico 2027.

3. Gobierno del Estado de Chihuahua. (2025, 17 de diciembre). Permitirá Presupuesto 2026 mantener la inversión y crecimiento económico de Chihuahua.