"Demasiados buscan obtener la fama,el poder, el dinero; muy pocos buscan vivir su verdad".

Jodorowsky

Cuando se descubre un gran robo por parte de las autoridades, primero dicen que se investigará hasta las últimas consecuencias; después, comienzan a echarles la culpa a los gobiernos anteriores. Ahora, la presidenta revira y asegura que todo es responsabilidad de las administraciones pasadas. Solo falta que demande a Santa Anna y a Porfirio Díaz y, como van las cosas, hasta los saque de sus tumbas, les haga un juicio sumario y los fusile.

Recuento de los daños de Guadalupe Taddei en el INE y donde salte la liebre.

Situación legal e investigaciones recientes

Denuncia ante la FGR: El INE formalizó una denuncia penal contra Taddei, exfuncionarios y contratistas para investigar posibles delitos como peculado, cohecho, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y uso ilícito de atribuciones.

Bloqueo de cuentas: La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas bancarias de Guadalupe Taddei y de decenas de personas y empresas vinculadas como proveedoras del instituto.

Auditorías en curso: La Auditoría Superior de la Federación (ASF) abrió una investigación de oficio sobre el uso de los recursos públicos en el organismo y en los institutos electorales locales.

Origen del escándalo

Contratos irregulares: Las investigaciones surgieron tras la difusión de videos y reportajes periodísticos en medios como Latinus, relacionados con presuntos sobornos («moches») y adjudicaciones millonarias.

Proveedores señalados: Se indagan contratos relacionados con papelería electoral, producción de credenciales para votar, la elección judicial de 2025 y servicios de alimentación otorgados a empresas como Productos Serel y contratistas como los hermanos Hernández Casillas.

Contexto institucional del INE

Renuncias en cadena: Junto con la salida de Taddei, alrededor de 30 directivos y colaboradores cercanos presentaron su renuncia al instituto.

Relevo y elecciones de 2027: Corresponde a la Cámara de Diputados designar a la persona que ocupará definitivamente la presidencia del organismo. Mientras tanto, el INE mantiene en marcha la organización de las elecciones intermedias de junio de 2027.

Nadie en el gobierno de Morena está enterado, ni siquiera la presidenta. Hasta las fotografías que tenían con Taddei están quitando y ahora resulta que nadie la conoce. La pregunta es: además de los funcionarios del INE, ¿quién más estará involucrado? Por su parte, quienes forman parte de las redes sociales parecen estar viendo cómo se les hunde el barco. Ya comenzaron de nuevo con aquello de revisar el pasado y señalar que los anteriores gobiernos son los culpables de todo.

El enriquecimiento ilícito por parte de las autoridades del Estado constituye una de las mayores afrentas a la democracia y al Estado de derecho. Cuando un servidor público desvía recursos destinados al bienestar común para su beneficio personal, no solo comete un delito contra el patrimonio público, sino que fractura profundamente la confianza ciudadana en las instituciones y perpetúa la desigualdad. Los recursos que deberían destinarse a servicios esenciales, como salud, educación e infraestructura, terminan en manos particulares, convirtiéndose la corrupción en un obstáculo sistémico para el desarrollo de las naciones.

El enriquecimiento ilícito se manifiesta cuando el patrimonio de un funcionario público se incrementa notablemente sin que este pueda justificar su procedencia legítima, derivado directamente del uso indebido de su cargo. Para que el dinero público termine en cuentas privadas, las autoridades suelen tejer redes complejas de corrupción que involucran la falsificación de licitaciones, la creación de empresas fantasma, el desvío de partidas presupuestales y el pago de sobornos.

A diferencia de otros delitos, donde el daño es inmediato y localizable, la malversación de fondos estatales tiene un efecto multiplicador. Cada peso o dólar extraído del erario público representa una escuela sin mantenimiento, un hospital desabastecido o una carretera inconclusa. Así, la corrupción deja de ser un simple problema legal para transformarse en una crisis de derechos humanos que afecta con mayor severidad a los sectores más vulnerables de la población.

Mecanismos de prevención y lucha contra la opacidad

Sin embargo, la efectividad de estas medidas depende de la autonomía de los órganos de control y de las fiscalías anticorrupción. Cuando el sistema judicial está cooptado por los mismos actores políticos que debe investigar, las leyes se vuelven inoperantes. Por ello, la cooperación internacional, la tipificación estricta de delitos como el cohecho y el peculado, así como la implementación de leyes de extinción de dominio —que permiten recuperar los bienes confiscados para devolverlos a la sociedad—, son pilares indispensables para romper el ciclo de la impunidad.

El enriquecimiento ilícito de las autoridades no es un mal inevitable, sino una falla estructural que requiere una respuesta contundente y coordinada de la sociedad y sus instituciones. La sanción penal y la inhabilitación de los corruptos son necesarias para castigar el delito, pero la verdadera solución radica en la prevención, el fortalecimiento de la transparencia y la participación ciudadana activa a través de la denuncia. Solo mediante una cultura de rendición de cuentas intransigente se podrá garantizar que los recursos del Estado se utilicen exclusivamente para el fin con el que fueron creados: el desarrollo armónico y justo de toda la comunidad.

Mucho que decir, más que entender.

No se escapan los Tribunales Agrarios

De plano, desde la creación de los Tribunales Unitarios y hasta la fecha, en Chihuahua no hemos tenido uno «bueno».

Los Tribunales Agrarios en México enfrentan fuertes críticas por su rezago histórico, la falta de magistrados titulares, los recortes presupuestales y el cierre de sedes, factores que obstaculizan el acceso a una justicia pronta y expedita para ejidatarios y comuneros. A esto se suman las denuncias de corrupción al interior de estas instituciones, la falta de capacitación y la actitud de algunos funcionarios durante las audiencias: no se les puede decir nada, pues se sienten dioses del Olimpo.

Salud y larga vida.

Profesor por Oposición de la Facultad de Derecho de la UACH.

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