Hay una escena particularmente desagradable en la vida pública: cuando la política deja de hacerse con la cabeza y comienza a ejercerse con el hígado. Es entonces cuando los argumentos son sustituidos por agravios, las ideas por insultos y el interés colectivo por la obsesión de ajustar cuentas.
Lo más grave es que, en esos momentos, los intestinos de la credibilidad quedan expuestos a la vista de todos.
México atraviesa una etapa en la que la polarización parece haberse convertido en una estrategia permanente. La confrontación genera aplausos fáciles, produce titulares, alimenta redes sociales y fortalece identidades políticas.
Pero también erosiona algo mucho más valioso: la confianza ciudadana en las instituciones y en la posibilidad misma del diálogo democrático. La política nació para administrar diferencias, no para profundizarlas. Tratar de forma desigual los casos de Sinaloa y Chihuahua es la forma más burda que podemos encontrar en estos momentos.
Desde la antigua Grecia hasta las democracias contemporáneas, gobernar ha significado construir acuerdos entre personas que piensan distinto. Cuando la política se convierte en una guerra moral entre buenos y malos, entre patriotas y traidores, entre pueblo y enemigos del pueblo, deja de ser política para convertirse en una cruzada.
El analista político Jesús Silva-Herzog Márquez ha advertido que uno de los efectos más nocivos de la polarización es redefinir la política como una guerra donde la negociación se vuelve absurda y el diálogo pierde sentido.
Según su análisis, cuando se considera que el adversario carece de legitimidad, escuchar deja de ser una virtud democrática y se convierte en una pérdida de tiempo.
La consecuencia es devastadora. Los ciudadanos terminan atrapados entre bandos irreconciliables mientras los problemas reales permanecen sin solución.
La inseguridad no desaparece por insultar al contrario. La pobreza no disminuye mediante campañas de desprestigio.
La corrupción no se combate mediante venganzas selectivas. Los desafíos nacionales exigen inteligencia, capacidad técnica y voluntad de construir consensos.
El historiador Enrique Krauze ha insistido durante años en los riesgos que implica convertir a los opositores en enemigos públicos. Cuando el lenguaje político se llena de descalificaciones y etiquetas, la deliberación democrática se empobrece y la convivencia nacional se deteriora.
La historia demuestra que los países avanzan cuando fortalecen instituciones y respetan el pluralismo, no cuando fomentan la persecución de quienes piensan distinto. Así esta siendo tratado Chihuahua y su gobernadora por el gobierno federal.
No se trata de cancelar el debate. Al contrario. Una democracia sana necesita confrontación de ideas. El propio Silva-Herzog ha sostenido que el debate democrático puede ser intenso, incluso incómodo, siempre que esté basado en razones y no en mentiras o descalificaciones personales. La diferencia entre debatir y odiar es la diferencia entre construir una nación o dinamitarla.
Hace décadas, Octavio Paz reflexionó sobre la relación entre libertad, poder y democracia. Su pensamiento político insistía en la necesidad de preservar espacios de crítica y pluralidad frente a cualquier forma de concentración del poder. Para Paz, la democracia era, antes que nada, una cultura de la convivencia entre diferencias.
Hoy México parece necesitar con urgencia esa lección. No podemos seguir siendo un país donde se persiga a quien piense distinto al partido en el poder. No podemos normalizar que la discrepancia sea vista como traición. No podemos permitir que el resentimiento sustituya a la razón de Estado.
La política no es un ajuste de cuentas permanente. No es un tribunal emocional donde cada actor busca vengar agravios pasados. La política es el arte de administrar las necesidades de un pueblo, no los caprichos de unos cuantos.
México necesita recomponer su rumbo, no dividirlo. Necesita estadistas más interesados en resolver problemas que en acumular enemigos. Necesita liderazgos capaces de convocar, no solamente de confrontarlo; el gobierno federal corre el riesgo de convertir a sus perseguidos en héroes.
Porque cuando la política se ejerce con el hígado, todos terminamos enfermos. Y México, más que vencedores y vencidos, necesita volver a encontrarse como una sola nación. O se combate a todos por igual, o se conceden indultos por igual y, de esto último, no se trata. Chihuahua, insisto, no merece un ataque desigual porque, si en algo se ha especializado esta tierra, es en la resistencia civil.
¿Y qué es lo único que ha logrado el gobierno federal con los embates a Chihuahua y su gobernadora? Reagrupar a quienes, hasta hace poco, se sentían perdidos y aturdidos; hacer que la crisis se convierta en una gran oportunidad para, ahora sí, administrarla y despertar al león dormido. Al tiempo.