En México, el rezago educativo se ha tratado históricamente como un déficit administrativo: personas sin primaria o secundaria concluida, personas que abandonaron la escuela o nunca ingresaron a ella. Bajo esa lógica, la política pública se ha concentrado en “regularizar”, “acreditar” y “certificar”. En Chihuahua, este rezago representa 16.1% de la población, unas 645 mil personas.

Pero el problema no termina ahí. En realidad, empieza ahí.

Porque el modelo actual para subsanar el rezago educativo —el que opera el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) y sus homólogos estatales como el ICHEA— no solo es insuficiente para garantizar aprendizajes significativos: pone las bases para ampliar el analfabetismo funcional.

1. Cuando la alfabetización absoluta produce analfabetismo funcional

El proceso de atención del ICHEA es conocido: 1.1 sesiones esporádicas con asesores voluntarios; 1.2 módulos impresos que se resuelven como formularios; 1.3 evaluaciones que privilegian la respuesta correcta sobre la comprensión; 1.4 metas institucionales centradas en certificados, no en capacidades.

Este modelo puede reducir el rezago administrativo, pero no reduce el rezago cognitivo. Y, peor aún, lo reproduce. Porque quien obtiene un certificado sin haber desarrollado comprensión lectora, pensamiento crítico o habilidades de interpretación, queda en una zona gris: ya no es considerado “rezagado”, pero tampoco puede procesar la información que organiza la vida contemporánea. Es decir: La política que busca cerrar la brecha escolar está abriendo la brecha cognitiva.

2. Los efectos privativos de capacidades

El analfabetismo funcional no es un problema escolar: es un problema de capacidades. Limita: 2.1 la posibilidad de comprender un contrato; 2.2 la capacidad de interpretar un recibo o un trámite; 2.3 la lectura crítica de información pública; 2.4 la toma de decisiones económicas; 2.5 la participación ciudadana; 2.6 la autonomía frente a la desinformación.

Y cuando el rezago educativo se atiende con métodos que no desarrollan comprensión, estos efectos se multiplican. La persona obtiene un documento, pero no obtiene herramientas. El Estado reduce una cifra, pero no reduce una vulnerabilidad.

3. El déficit presupuestal: una política condenada a la insuficiencia

A pesar de sus defectos, las políticas de alfabetización y de conclusión de estudios básicos tendrían enormes beneficios si se financiaran adecuadamente. Pero no lo están. Los presupuestos estatales y federales para educación extraescolar son mínimos, inestables y, en algunos años, simbólicos. El ICHEA opera con: 3.1 asesores voluntarios o con estímulos marginales; 3.2 infraestructura mínima; 3.3 materiales impresos obsoletos; 3.4 escasa supervisión pedagógica; 3.5 metas cuantitativas que sustituyen la calidad por velocidad.

No es que el modelo no funcione: es que se le exige lo imposible con recursos insuficientes.

4. La oportunidad perdida: las TIC como multiplicador ignorado

En un país donde más del 80% de los hogares tiene acceso a un teléfono inteligente, la educación extraescolar sigue operando como si estuviéramos en 1995.

No se aprovechan: 4.1 plataformas de aprendizaje; 4.2 contenidos audiovisuales; 4.3 tutorías virtuales; 4.4 aplicaciones de lectura guiada; 4.5 herramientas de evaluación adaptativa; 4.6 redes comunitarias de apoyo digital.

Las TIC permitirían reducir costos, ampliar cobertura, mejorar la calidad y vincular a las familias en el proceso educativo. Pero no se han integrado de manera sistemática. El resultado es un modelo caro, lento y limitado, cuando podría ser accesible, flexible y escalable.

5. Tres escenas que muestran el problema sin sensiblería. No se trata de conmover, sino de ilustrar:

• La factura incomprensible. Una mujer con primaria concluida no entiende el ajuste estacional en su recibo de luz. Puede leer, pero no interpretar. Y sin interpretación no hay defensa.

• El mapa que no orienta. Un joven con secundaria terminada no logra descifrar un mapa de rutas. La escuela le enseñó a leer palabras, no a leer información estructurada.

• El folleto que no informa. En una comunidad rural, un folleto de salud se guarda sin abrir. No es desinterés: es la anticipación de no comprender.

Estas escenas no son excepciones: son el síntoma de un sistema que confunde escolaridad con comprensión.

6. Conclusión necesaria

El rezago educativo debe desaparecer como déficit de escolaridad.

Pero si se mantiene el modelo actual, cada persona “regularizada” sin comprensión se convierte en un nuevo caso de analfabetismo funcional.

La política pública no puede seguir produciendo certificados sin producir capacidades.

No puede seguir midiendo cobertura sin medir comprensión.

No puede seguir operando sin recursos ni tecnología.

Porque en un entorno saturado de información, trámites, decisiones y riesgos, la comprensión lectora ya no es un lujo escolar: es una condición de ciudadanía.