-El road show de Maru por la CDMX
-Le hizo diputada a MP federal -Piden ratificar director en la federal 2Mientras la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Marcela Herrera, firma convenios, encabeza eventos y pronuncia discursos para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres, al interior del Poder Judicial aparecen casos que exhiben una preocupante contradicción entre el mensaje institucional y la realidad.
El director del Instituto de Formación y Actualización Judicial (Inforaj), César Ramírez, y el subdirector, Alfonso Cardona Granados, violentan laboral y emocionalmente a cuanta mujer se les pone enfrente. Uno de varios casos es el de quien se desempeñaba como coordinadora administrativa del Inforaj, quien fue removida de su cargo en circunstancias que hoy generan serios cuestionamientos y despiden cierto olor a un patrón institucionalizado de misoginia, muy seguramente a espaldas de la magistrada presidenta. La denuncia pública no solamente apunta al desplazamiento de una mujer de un espacio de responsabilidad, sino también a un posible patrón de trato desigual y violencia laboral dentro del propio instituto. La indignación aumenta cuando, tras remover a una mujer con experiencia y trayectoria, se designa a un hombre en el mismo espacio, con una percepción salarial mayor y, según la denuncia de funcionarias judiciales, sin siquiera contar con una maestría concluida para desempeñar funciones equivalentes. Y entonces surge la pregunta inevitable: ¿de qué sirven los convenios, las campañas y los discursos sobre igualdad y erradicación de violencia de género, si dentro de las instituciones siguen ocurriendo prácticas que las propias autoridades dicen combatir? Porque prevenir la violencia contra las mujeres no es solamente firmar convenios ni tomarse fotografías en eventos oficiales. También implica revisar qué está pasando dentro de casa. Los casos de violencia en el Inforaj no solamente exhiben posibles injusticias laborales y de violencia de género. También ponen sobre la mesa un debate mucho más profundo: la congruencia del Poder Judicial frente a los derechos de las mujeres que trabajan en éste.***
La gobernadora Maru Campos apareció ayer en los noticieros nacionales de Imagen y Radio Fórmula, dándole entrevistas, por separado, a Pascal Beltrán del Río, Ciro Gómez Leyva y Joaquín López Dóriga. Todos le han dado seguimiento puntual al conflicto jurídico-político y de seguridad con epicentro en Chihuahua.
El road show de la mandataria por la capital del país marcó la agenda de la jornada, justo en el momento en que la presidenta, Claudia Sheinbaum, también mencionaba otra vez el caso, enfocada en la deslucida marcha morenista del pasado sábado, contenida por los grupos de apoyo a la panista. Campos Galván hizo un repaso, entre preguntas y respuestas, de lo que ha ocurrido en el estado, desde la muerte de los agentes norteamericanos tras el desmantelamiento del narcolaboratorio de Morelos, hasta la fabricada protesta en su contra acusándola de traición a la patria o delitos contra la soberanía nacional, con el punto más álgido alcanzado durante la organización de la movilización de Morena del fin de semana. Sostuvo la gobernadora la versión de que sabía del operativo y del trabajo de la Fiscalía General del Estado, pero no de la posible participación de elementos extranjeros, que no autorizó. Ni una variación hizo de lo que ya había dicho aquí, en entrevistas, comunicados y mensajes de redes sociales. Explicó lo ocurrido cuando la buscó la presidenta por el teléfono de la oficina, en la que ella no estaba, y planteó el cuestionamiento de que pudo buscarla por el celular, pues ambas se tienen registradas, pero en vez de ello, cuando Maru fue a la capital, Sheinbaum decidió dirigirla con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. En el terreno de lo político, Campos se desmarcó de los bloqueos a la marcha morenista y aseguró que fue la gente de Chihuahua la que, cansada de la indolencia morenista sobre las realidades que azotan al estado, decidió darle el portazo a quienes querían seguir el juego de usar a la entidad como un distractor de otras problemáticas graves de seguridad que hay en el país. No lo dijo, pero seguro apuntó a Sinaloa al reflexionar sobre ello. Para los que le siguen el ritmo a la mandataria, Maru fue a la capital del país no nada más a dar entrevistas, sino a reforzar su defensa política a nivel nacional y aprovechar que la marcha morenista, a nivel local, vino a fortalecerla más que a debilitarla ante los chihuahuenses, según el resultado de sondeos que manejan con cierta discreción en Palacio de Gobierno.***
El reciente pliego de respuestas enviado por el Poder Ejecutivo de Chihuahua al Congreso del Estado, dando contestación a preguntas necias, obvias de toda obviedad, elaboradas por la diputada morenista Leticia Ortega, como si fuera agente del ministerio público federal, no podían ser redactadas sino en el mismo tono.
Por semanas, el debate público ha sido el fantasma de la CIA, desde que medios internacionales ligaron a los fallecidos en "El Pinal" con dicha agencia norteamericana. Trató la legisladora de hacer que la autoridad aceptara la presencia de la CIA y la existencia de acuerdos interinstitucionales con agencias norteamericanas, pero quedaron con silencio en la contestación. En las respuestas oficiales, lacónicas, de la Secretaría General de Gobierno, de la Fiscalía General (FGE) y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSPE), en poder de GPS, la palabra "CIA" no existe. No está, ni estará. Las preguntas en general obtuvieron un "no obra en nuestros archivos", al responder que no existen convenios, memorándums de entendimiento ni registros de colaboración con agencias de EU. Trató la legisladora de forzar a las dependencias estatales a admitir un vínculo formal con las agencias norteamericanas o confesar una flagrante omisión en dar aviso a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Si el Estado decía "sí sabíamos", violaba la Constitución; si decía "no sabíamos", quedaba como incompetente ante la incursión extranjera. Buscaba la diputada un informe oficial firmado y sellado ante el Poder Legislativo para ser utilizado directito en la FGR o en el Congreso de la Unión para carpeta de investigación y desafuero. Pero nada. Oficialmente, no hay nada de la CIA en los archivos del estado. Y si no está en el papel, simplemente no existe. Ni modo que Estados Unidos lo admita oficialmente.***
Hay una política en la educación federalizada para rotar a los directivos cuando están de interinos en las escuelas, que casi casi es ley.
Es decir, cuando el director se jubila o se retira por cualquier otro motivo, los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua, lo sustituye con un interino, quien a los meses debe buscar otra posición cuando se nombre al director definitivo. Es el caso de la secundaria federal 2, donde el director Adalberto Balderrama se retiró por jubilación, después de haber hecho un buen trabajo durante años y fue sustituido por el maestro Ernesto Talavera. Vienen los relevos para nombrar al definitivo, pero la comunidad escolar no quiere que se vaya el profesor Talavera y enviaron una carta a la titular del SEECH en busca de que considere moverlo. Argumentan los firmantes de una carta, que publicamos en versión digital, que durante el periodo en que maestro ha estado al frente de esta institución, han constatado un trabajo comprometido, ordenado y con resultados positivos en el aprovechamiento académico, la disciplina y la convivencia escolar. Su gestión, dicen, ha fortalecido la relación entre docentes, alumnos y padres de familia, generando un ambiente estable y de confianza. Piden que se les tome en cuenta al momento de tomar la decisión final.***
Ahora que todo el mundo vive y gira alrededor del celular, la administración de Marco Bonilla decidió llevar también ahí las denuncias ciudadanas:
Lanzó un nuevo canal vía WhatsApp para que la gente pueda reportar presuntas irregularidades de funcionarios o policías municipales de forma rápida y sin tanta burocracia. A través de un chatbot se atenderán denuncias las 24 horas del día. Eso fue presentado en la Semana Internacional de Gobierno Abierto. Es una iniciativa que busca acercar más a los gobiernos con la ciudadanía. Pretende complementar los canales actuales de denuncia, que incluyen la denuncia en oficinas, la página web del Órgano Interno de Control, unas pantallas que están en las Comandancias de policía y en la Presidencia Municipal. La apuesta suena bien: facilitar que la gente denuncie y reforzar la imagen de un gobierno más cercano y transparente. Aunque, claro, el verdadero examen no será abrir el chat, sino responder y actuar cuando lleguen las denuncias incómodas. Sabemos que a la fecha se encuentran abiertos 30 expedientes, 12 por auditorías y 17 contra diversos funcionarios y en todos se está investigando para en su caso actuar, sin duda con todo el visto bueno de Bonilla.