En política, pocas cosas desgastan tanto como la percepción de un doble criterio.

México atraviesa hoy un momento donde conceptos históricos y jurídicos profundamente importantes —como la soberanía nacional y el fuero constitucional— comienzan a quedar atrapados en medio de la confrontación política. El conflicto dejó de ser solamente jurídico. Se convierte en un asunto de credibilidad.

El asunto entre el gobierno federal encabezado por Claudia Sheinbaum y la administración estatal de Maru Campos, escaló rápidamente en los últimos días. Morena anunció que impulsaría una solicitud de desafuero contra la mandataria estatal bajo el argumento de una posible colaboración irregular con agentes extranjeros vinculados a la CIA. Del otro lado, la gobernadora respondió acusando al gobierno federal de utilizar políticamente el caso para desviar la atención de la crisis nacional de seguridad y la falta de resultados frente al narcotráfico.

Pero el problema parece mucho más profundo.

El mismo oficialismo que hoy endurece el discurso contra Chihuahua, ha mantenido una posición completamente distinta frente a los señalamientos realizados desde Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya y otros actores vinculados a Morena. En esos casos, el discurso cambió hacia la prudencia institucional, el debido proceso y la defensa de la soberanía nacional frente a posibles intentos de injerencia extranjera.

Y ahí es donde aparece la contradicción.

El problema no es defender la soberanía ni respetar el fuero constitucional, ambos conceptos nacieron precisamente para proteger instituciones frente a abusos o presiones externas. El problema comienza cuando esos principios parecen aplicarse de manera distinta dependiendo del personaje involucrado.

Ahí está el verdadero fondo del conflicto. No se trata únicamente de Chihuahua; no se trata únicamente de Sinaloa, sino del criterio con el que actúa el poder.

El conflicto tampoco puede separarse del mapa político nacional. Morena y sus aliados gobiernan hoy la gran mayoría de los estados del país y las entidades que permanecen bajo control opositor —especialmente las fronterizas y económicamente estratégicas— adquieren un peso político mucho mayor rumbo a 2027.

En ese contexto, Chihuahua representa mucho más que una gubernatura. Es uno de los últimos grandes bastiones opositores en el norte del país, con enorme relevancia económica, industrial y geopolítica por su relación con Estados Unidos. Por eso comienza a crecer la percepción de que el conflicto actual ya no responde solamente a un debate jurídico o de soberanía, sino también a una disputa por el control político y territorial.

Y ahí aparece otra preocupación inevitable en cualquier democracia: ¿qué ocurre cuando un movimiento político se acerca a niveles de poder predominante y los contrapesos comienzan a reducirse?

La ciudadanía comienza a percibir que conceptos tan importantes como soberanía, legalidad o fuero, ya no funcionan como normas generales, sino como herramientas políticas sujetas a conveniencia, y eso erosiona mucho la credibilidad.

Quizá lo más importante es entender que lo que hoy ocurre en Chihuahua probablemente sea el inicio de algo más grande.

En el contexto internacional vuelve todavía más delicado el escenario. La presión de Estados Unidos sobre temas de narcotráfico, seguridad e infiltración criminal, no parece coyuntural, sino parte de una estrategia de largo plazo que difícilmente desaparecerá rumbo a las elecciones de 2027, especialmente en estados fronterizos con peso económico y geopolítico como Chihuahua, Sonora, Tamaulipas y Baja California.

Para Washington, la frontera ya no representa únicamente migración, significa fentanilo, tráfico de armas, lavado financiero, cadenas de suministro y seguridad regional; en ese escenario, Chihuahua deja de ser solamente un territorio de confrontación política local para colocarse en el centro de una disputa mucho más amplia sobre seguridad, soberanía y relación bilateral con Estados Unidos.

Y quizá ahí se encuentra la paradoja más delicada de todo este conflicto: Morena nació políticamente denunciando persecuciones, excesos de poder y utilización facciosa de las instituciones. El desafuero de Andrés Manuel López Obrador en 2005 terminó convirtiéndose en símbolo nacional de resistencia frente al poder político, pero dos décadas después, el oficialismo parece correr el riesgo de colocarse exactamente del otro lado de esa historia.

En Chihuahua, Maru Campos ya sobrevivió políticamente a una confrontación similar durante el gobierno de Javier Corral Jurado. Aquella presión no la destruyó; terminó fortaleciéndola frente a una parte importante de la sociedad chihuahuense.

Y precisamente por eso el momento actual resulta tan delicado.

Por un lado, Morena intenta construir una narrativa de soberanía y defensa institucional, pero también comienza a crecer otra percepción: la de un poder dispuesto a utilizar la movilización política, presión pública y mayoría institucional contra uno de los últimos grandes bastiones opositores del norte del país.

La historia política mexicana ha demostrado más de una vez que cuando el poder intenta destruir políticamente a un adversario, muchas veces termina convirtiéndolo en símbolo.

La paradoja sería enorme: que un movimiento que nació denunciando persecución política termine convenciendo a una parte del país de que hoy actúa exactamente como aquello que prometió combatir.

Hoy el poder comienza a parecerse demasiado a aquello que antes criticaban, parece que la democracia entra cada vez más en una zona peligrosa; los hechos de este sábado es una lectura clara de lo que se verá en los siguientes 13 meses: Chihuahua representa algo más que la administración gubernamental.