Llevamos semanas discutiendo el tema más relevante en el espectro político de México: los vínculos de Morena con el narcotráfico. A partir de la revelación por parte del Departamento de Justicia, en el sentido de que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, es requerido por las autoridades norteamericanas para enfrentar cargos por su vinculación con el crimen organizado, varios de sus cercanos han estado acercándose a las autoridades norteamericanas para colaborar.

Siempre vemos en las películas de mafiosos que es deshonroso ser un soplón. El lado “romántico” de las películas de la mafia es que hablar de las actividades delictivas en que incurren los personajes es ominoso y quien lo hace enfrenta las consecuencias de ello. Esto es lo que se conoce como “omertà”. Sin embargo, en el caso concreto de México, lo deshonroso es haber colaborado con un gobierno que opera y actúa como un cártel, precisamente porque es un cártel. Esto se ve reflejado recientemente por los hechos ocurridos en Sinaloa.

En los últimos días, dos personas vinculadas a Rubén Rocha Moya y al Cártel de Sinaloa (que, para efectos prácticos, son lo mismo) han sido detenidas o se han entregado a las autoridades.

En primer término debemos referirnos al general Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa. Según ha trascendido en diversos medios de comunicación, Mérida se habría entregado el 11 de mayo de 2026 en la garita fronteriza de Nogales, Arizona. Es acusado, junto con Rocha y otros ocho funcionarios, de colaborar con el Cártel de Sinaloa.

En segundo lugar se encuentra el exsecretario de Finanzas del estado de Sinaloa, quien también se entregó a las autoridades norteamericanas.

Tenemos que tomar en cuenta que el caudal de información que tiene la Fiscalía norteamericana debe ser muy grande. En Estados Unidos se encuentran recluidos Ismael “Mayo” Zambada, Joaquín “Chapo” Guzmán, Ovidio Guzmán, entre otros. A partir de sus detenciones, y con el afán de obtener reducciones en sus respectivas condenas, seguramente entregaron diversa información que compromete de forma grave a las autoridades políticas de Sinaloa. Es evidente que a Estados Unidos le interesa más erradicar a los capos de la droga. Sin embargo, si están allá tres de los principales capos de dicha organización delictiva, es lógico que el gobierno norteamericano buscara más responsables, incluidos los actores políticos recientemente involucrados. Es decir, las organizaciones criminales pasaron a segundo plano y ahora parecería que el principal interés del Departamento de Justicia son los políticos vinculados al narco.

Esto es lógico. México es el vecino de Estados Unidos. Por una cuestión de seguridad y protección de sus intereses, no se pueden permitir tener un narcoestado como vecino. Lo difícil para los mexicanos es aceptar que es el gobierno del país vecino el que procura justicia en México y no las autoridades mexicanas.

Por un lado, el gobierno norteamericano tiene bajo custodia a los exsecretarios de Seguridad y de Finanzas. Es decir, tanto el que custodiaba la logística de las operaciones del cártel como el que se encargaba del dinero están detenidos en Estados Unidos. Solo ellos sabrán qué información están soltando.

A mediados de los noventa, el Cártel de Cali financió la campaña política de Ernesto Samper. La indagatoria realizada para investigar estos hechos fue llamada por la prensa como “Proceso 8000”.

En términos generales, el Proceso 8000 trató sobre que Samper y su equipo recibieron millones de dólares para su campaña política. Terminó en prisión quien fuera ministro de Defensa de Samper, Fernando Botero, hijo del artista colombiano del mismo nombre. Ni siquiera en Colombia se dieron hechos como los ocurridos en Sinaloa, es decir, que el cártel hubiera financiado y operado políticamente para que llegara un gobernante. Eso sí ocurrió en Sinaloa.

Sin embargo, las acusaciones de las que venimos hablando no se limitan únicamente a perseguir y sancionar a los delincuentes. Según publicó The New York Times el viernes pasado, el Departamento de Justicia está pidiendo a sus fiscales perseguir a los políticos mexicanos bajo normas de terrorismo. Esto guarda congruencia con lo sostenido por la Casa Blanca de que las organizaciones criminales son organizaciones terroristas.

El hecho de que se les persiga como terroristas a los narcopolíticos abre la puerta a medidas más extremas. Esto puede incluir incursiones en territorio nacional para detenerlos. Si sucedió con Nicolás Maduro, siendo presidente de Venezuela, podemos esperar lo mismo en México. Igualmente, pudiéramos ver ataques con drones o ataques a lanchas en el mar. Lo que antes se veía lejano ahora parece más cercano que nunca.

Según el mismo artículo de The New York Times, el Departamento de Justicia espera triplicar las imputaciones de narcopolíticos en México. Eso sería desastroso para el gobierno de México.

Claudia Sheinbaum se encuentra ante la disyuntiva de entregar a los políticos vinculados al narco o tensar más la relación con Estados Unidos, precisamente el año en que se renegocia el T-MEC. De ninguna forma sale bien librada.

En su momento, Porfirio Muñoz Ledo expresó que López Obrador estaba legando a Sheinbaum los compromisos y pactos criminales que había hecho. Parece que se quedó corto en la descripción que hizo.

La cloaca que destapó el Departamento de Justicia de lo que sucede en México le ha costado a Morena simpatías. En cualquier país medianamente democrático y desarrollado, el gobierno hubiera colapsado o estaría realizando detenciones. Aquí, la narrativa es únicamente que quieren “ver pruebas”. Es decir, el movimiento político que ha ampliado el catálogo de prisión preventiva oficiosa ahora resulta que “quiere ver pruebas”. Ojalá le corrieran la misma cortesía a quienes se encuentran detenidos esperando su juicio.

Como mencionaba en entregas pasadas, si no entregan a Rocha Moya, el Departamento de Justicia escalará más sus exigencias; pueden pedir a alguno de los hijos de López Obrador o al mismo expresidente. El problema, insisto, es que si Sheinbaum entrega a Rocha, su gobierno y su partido quedarán completamente deslegitimados ante los ojos del mundo.

Creo que, a pesar del costo político, Sheinbaum tendrá que entregar a Rocha. Los estadistas son los que piensan en las próximas generaciones y asumen costos políticos, no los que piensan en las próximas elecciones. Es el momento de que Sheinbaum decida si quiere pasar a la historia como estadista o como una beneficiaria del corrupto narcopolítico de López Obrador.