“El objetivo del populismo criminal no es resolver las crisis, sino perpetuarlas para hacer sus negocios ilegales indispensables”. — Edgardo Buscaglia
México está fracturado por dos visiones de Estado: por un lado, la de un Estado clientelar y cómplice que lucra con la pobreza y pacta con la impunidad; por otro, la visión democrática que exige respeto al voto, contrapesos al poder, el fin de la corrupción y un combate sin tregua al crimen organizado. Dos bandos, como en la lucha libre: los rudos, que representan al partido oficial, contra los técnicos, que representan a la oposición.
La narrativa del odio va en aumento, alimentada por quienes prefieren ignorar la realidad para aferrarse a la fantasía de un país maravilloso que no existe. Nos enfrentamos a una realidad de pobreza extrema, marginación y desempleo, donde el salario diario ya no alcanza para sobrevivir. Es un México bañado en sangre, marcado por la violencia, la extorsión y miles de desaparecidos, mientras las adicciones y las crisis de salud mental se disparan. Hoy pagamos el precio de una política omisa que empoderó al crimen organizado, el cual recluta entre sus filas a niños, jóvenes, mujeres y migrantes. Es, además, un México marcado por la corrupción. El clima político actual ha transformado el debate democrático: hoy, alzar la voz o disentir de la 4T es visto por el oficialismo no como un ejercicio de libertad, sino como un acto de traición a la patria. Diversos analistas han advertido sobre la peligrosa retórica maniquea que Morena ha normalizado en la vida pública, dividiendo al país en dos bandos. Desde 2006, ha utilizado descalificativos como “conservadores”, “traidores a la patria”, “fifís”, “aspiracionistas”, “hampa”, “clasistas” y “burgueses”, entre muchos otros, para atacar a la prensa y a la oposición. El expresidente López consolidó un discurso de fuerte carga simbólica, en el que la política se explica en términos morales antes que institucionales, y donde disentir implica ser señalado como un adversario nacional. La realidad es que existe una profunda desconexión entre el discurso oficial y la realidad que vive la ciudadanía. Mientras la narrativa morenista pregona la pacificación, un sistema de salud funcional y estabilidad económica mediante programas sociales, amplios sectores sociales enfrentan una crisis diaria marcada por la violencia, las desapariciones, la corrupción y la colusión con el crimen organizado. Ante esta cruda realidad, intentar resolver el sisma de inseguridad únicamente con dádivas asistencialistas y visitas de artistas famosos a las Mañaneras resulta insuficiente. La inminente sujeción a la justicia estadounidense de los exfuncionarios de Rubén Rocha Moya —Gerardo Mérida y Enrique Díaz— profundiza la crisis política y tensa la relación diplomática. Desde la Casa Blanca, la advertencia es clara: se busca desmantelar la red de protección institucional al crimen organizado, señalando que los recientes traslados a Estados Unidos son solo el inicio de una serie de imputaciones. Esto agudiza el choque social entre dos posturas polarizadas: por un lado, los llamados “rudos”, quienes buscan minimizar la situación para defender al movimiento político ante las posibles imputaciones; y, por el otro, los “técnicos”, que expresan el hartazgo contra el régimen actual y exigen esclarecer la presunta colusión sistémica. La narrativa oficial se derrumba y emula a la perfección el coro de Amanda Miguel: nos dijeron que nos amaban y no era verdad. Al final, todo resultó ser “un juego cruel de su vanidad”, y las promesas no fueron más que “mentiras, todo era mentira, palabras al viento”. Sumemos Voces.