Las consecuencias legales y políticas, por el hallazgo del narco laboratorio de El Pinal con la participación de agentes encubiertos de la CIA, han venido escalando todos los días. Surgieron crisis entre todos los protagonistas: la FGR como la FGE radicaron sendas carpetas penales, para investigar los delitos que se hubiesen cometido durante el aseguramiento; y luego, el senado “invitó a platicar” por lo mismo a la gobernadora y Estados Unidos respondió, solicitando públicamente, la “detención provisional con fines de extradición” del gobernador y el senador de Sinaloa por un presunto “pacto narco político” durante su elección en el 12; y otra fuerte confrontación surgió entre Morena y el PRIAN por los mismos hechos.
Es un río desbordándose de sucesos muy graves todos. El fiscal general César Jáuregui, renunció a su cargo, la gobernadora creó una Unidad Especializada para investigar esos hechos y se anticipó a concluir que “en el operativo del narco-laboratorio “de ninguna forma participaron agentes encubiertos de la CIA”. Pero inmediatamente después, apareció y se viralizó la fotografía tomada durante el aseguramiento, en la que sí aparecen los agentes de la CIA portando armas y uniformes de la AEI. La titular de esa Unidad Especializada estatal, la objetó por falta de veracidad. Sin embargo, esa fotografía sigue prevaleciendo hasta nuevo aviso, pues el medio que la publicó no se ha retractado. Es pertinente decir que, tras la solicitud reiterada, de la FGR para que esa Unidad Especializada, le remitiera toda la carpeta de investigación que tenía integrada hasta ese momento, ya que la investigación de esos hechos, es de competencia federal. Y así se hizo. El debate entre el gobierno federal y el estatal, se centró en que: “no le debe interesar a la Federación, la intervención encubierta de los agentes extranjeros en ese operativo policiaco, dada la magnitud del narco-laboratorio destruido”; pero la Federación respondió que “fue muy bien que se haya destruido, pero con ello, no se justifican, ni se van a perdonar por la FGR ni por la Presidenta de México, los graves delitos que se cometieron contra la Constitución, la Ley Nacional de Seguridad Pública y el Código Penal Federal, como lo es principalmente la acción encubierta de agentes de la CIA en México, prohibidas expresamente en esas leyes. Respecto a que el Senado invitó a la gobernadora, el martes pasado, “para platicar, en relación a esos hechos”, no asistió, argumentando que como gobernadora “solo le informa al pueblo de Chihuahua, no al Senado”. Y cuando se dio a conocer públicamente la solicitud de USA, para la “detención para ser extraditados del gobernador y senador de Sinaloa, la gobernadora justificó su inasistencia al Senado “porqué los que la citaron, están en la lista roja de Estados Unidos”. El tribunal de distrito para el sur de Nueva York, solicito a las autoridades mexicanas, la “detención provisional con fines de extradición” de 10 funcionarios sinaloenses, entre ellos al actual gobernador y al senador de Sinaloa. La cual se turnó para su evaluación a la FGR. Y ésta resolvió que “esa solicitud de detención provisional, no es procedente, pues no se anexaron pruebas suficientes y contundentes y porque la embajada norteamericana violó el principio de confidencialidad y además 3 de los solicitados a detener tienen fueron constitucional”. Es decir, la FGR resolvió que ni para hacer una amonestación sirve, la solicitud de extradición del “tribunal de distrito para el sur de Nueva York”. La presidenta de México realizó su posicionamiento en los mismos términos que la FGR, adicionando que “México no va a aceptar nunca la injerencia de ningún gobierno extranjero en sus asuntos internos; Verdad Justicia y Defensa de la Soberanía; si la solicitud no trae pruebas es un acto político”. Hasta el momento, la embajada estadounidense ha guardado silencio. Pero en su congreso, se escuchó un mensaje republicano para México: “esto apenas está comenzando”. El accidente en el que murieron dos agentes encubiertos de la CIA, cuando venían de asegurar el narco-laboratorio, dejó al descubierto que la CIA ya está operando en nuestro país para desestabilizar al gobierno de la transformación, con la finalidad de violentar las próximas elecciones y de ser necesario imponer como vencedor, por la buena o por mala, al PRIAN. Así lo han hecho en Argentina, Honduras, Bolivia, Chile el Ecuador, Bolivia etc. Todo mundo sabe que la CIA es el brazo político y paramilitar de la oligarquía estadounidense, que se infiltra en todos los países de AL, para realizar todo tipo de acciones ilegales y siniestras, para imponer a cualquier costo, gobiernos afines. La ultraderecha local y la externa, ya está trabajando para lograr esos siniestros objetivos. Los libros especializados coinciden: “la CIA se dedica a distribuir propaganda siniestra, a la intoxicación y propagación de mentiras, rumores, falsas noticias, a la guerra psicológica y actividades paramilitares se infiltra en gobiernos, recluta agentes y mercenarios, soborna a funcionarios, los somete a chantaje para obligar a llevar cabo los trabajos más desagradables. Que la norma secreta de la intervención encubierta en asuntos internos de aquellos países que la oligarquía gobierno Estados Unidos desea controlar o influir”. Por eso las redes están controladas por esa agencia de espionaje.