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En semanas recientes hemos abordado en este espacio distintos aspectos de la situación hídrica en Chihuahua. Hoy quisiera avanzar hacia un ángulo que suele quedar fuera de la conversación pública: no solo está en riesgo la cantidad de agua disponible, sino también su calidad. Y este segundo aspecto, aunque menos visible, puede tener consecuencias sanitarias y económicas aún más profundas.
En diversas comunidades rurales del estado hemos observado un patrón que se repite con inquietante consistencia: a mayor profundidad de los pozos, mayor concentración de minerales tóxicos como el arsénico. Este fenómeno no es exclusivo de Chihuahua; ocurre en regiones áridas de todo el mundo donde los acuíferos se explotan por encima de su capacidad de renovación. Pero en nuestro caso adquiere una relevancia particular porque la ciudad depende casi por completo de agua subterránea y porque el abatimiento del nivel está documentado desde hace décadas.
El arsénico es un metaloide que se encuentra de manera natural en ciertas formaciones geológicas. No es un contaminante industrial ni un residuo agrícola: está en la roca misma. Cuando el nivel freático desciende, los pozos deben perforarse más profundo, y al hacerlo se intersectan estratos donde el arsénico está presente en mayor concentración. El resultado es un agua que, aunque transparente y aparentemente limpia, puede contener niveles que a largo plazo afectan la salud humana. La intoxicación crónica por arsénico no produce síntomas inmediatos; sus efectos se manifiestan con el tiempo: lesiones cutáneas, problemas gastrointestinales, daño renal, alteraciones neurológicas y mayor riesgo de ciertos tipos de cáncer.
Cuando me desempeñé como subdirector de Desarrollo Rural municipal, hace lustros, determinamos este fenómeno en campo y documentamos casos donde la afectación era visible en la piel de las personas. No se trataba de estadísticas abstractas, sino de cuerpos concretos. Y aunque la ciudad de Chihuahua no presenta hoy niveles alarmantes, la tendencia del abatimiento obliga a preguntarnos qué ocurrirá en diez o quince años si seguimos extrayendo agua cada vez más profunda.
Aquí conviene hacer una precisión institucional que suele perderse en el debate público. El Ayuntamiento no tiene competencia directa en materia de agua potable y drenaje. La responsabilidad recae en la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), organismo descentralizado de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS), que a su vez es un organismo descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado. Esto significa que el Cabildo no diseña, no ejecuta y no regula la política hídrica. Como suele decirse, no tiene vela en el entierro.
Pero sí tiene una población a la que debe servir. Son personas, sujetos de derecho que residen en el municipio y que viven las consecuencias de las decisiones —o de las omisiones— en materia de agua. Y el gobierno municipal tiene la responsabilidad de participar en la conversación pública, de aportar diagnósticos territoriales y de advertir riesgos que, aunque no sean de su competencia formal, sí afectan la vida cotidiana de la ciudad.
El riesgo del arsénico no es un asunto de alarma inmediata, pero sí de anticipación responsable. Si la concentración aumenta, será necesario implementar tecnologías avanzadas de potabilización. Entre ellas se encuentran la adsorción con óxidos de hierro, la coagulación‑filtración optimizada, el intercambio iónico y la ósmosis inversa. Cada una tiene ventajas y limitaciones. La adsorción es económica y sencilla, ideal para comunidades rurales. La coagulación‑filtración es robusta y puede integrarse a plantas existentes. La ósmosis inversa es la más completa, pero también la más costosa y la que requiere mayor energía. Todas, sin excepción, exigen mantenimiento especializado y manejo adecuado de los residuos que generan.
La pregunta no es si Chihuahua necesitará estas tecnologías, sino cuándo. Y la respuesta depende de dos factores: la velocidad del abatimiento y la capacidad institucional para anticiparse. La JMAS y la JCAS tienen la responsabilidad legal y técnica de monitorear la calidad del agua, de planear inversiones y de garantizar que el suministro sea seguro. La sociedad tiene la responsabilidad cívica de exigir información clara, diagnósticos públicos y decisiones basadas en evidencia, mientras que los municipios —como órdenes de gobierno— deben aportar análisis territoriales y participar en la conversación pública sin invadir competencias.
La gobernanza del agua en Chihuahua es compleja. La fragmentación institucional dificulta la planeación de largo plazo. El municipio opera el desarrollo urbano, pero no controla el agua que lo hace posible. El estado administra el recurso, pero no siempre articula sus decisiones con las necesidades territoriales específicas. Y la federación regula, pero no aporta recursos para la inversión ni para la operación de la infraestructura básica de abasto y drenaje, lo que agrava la brecha entre responsabilidades formales y capacidades reales. En medio de esta arquitectura, la población queda atrapada entre responsabilidades difusas y consecuencias muy concretas.
Por eso es importante hablar del arsénico hoy, cuando todavía estamos a tiempo de actuar. No se trata de generar alarma, sino de construir una cultura de anticipación. La calidad del agua no es un tema técnico reservado a especialistas; es un asunto de salud pública, de justicia territorial y de responsabilidad intergeneracional. Si no planificamos ahora, pagaremos después con mayor desigualdad, mayor costo y sufrimiento humano.
Las instituciones públicas del municipio de Chihuahua tienen la oportunidad de adelantarse. Pueden exigir monitoreo transparente, promover estudios independientes e impulsar una conversación pública seria sobre el futuro hídrico. Y pueden hacerlo sin invadir competencias, simplemente cumpliendo su papel como actor territorial responsable.
El agua no es solo un recurso: es la base de la vida urbana, de la economía y de la salud. Y su calidad es tan importante como su cantidad. Si el abatimiento continúa, la pregunta no será si tenemos agua, sino si esa agua es segura para beber. Y esa es una conversación que debemos empezar hoy.
PRONTUARIO
Arsénico, abatimiento y futuro: la calidad del agua como desafío estructural para Chihuahua
Glosario conceptual para la versión digital
Acuífero
Formación geológica subterránea capaz de almacenar y transmitir agua. Es la principal fuente de abastecimiento para la ciudad de Chihuahua.
Abatimiento del nivel freático
Descenso progresivo del nivel del agua subterránea debido a la extracción superior a la recarga natural. Obliga a perforar pozos cada vez más profundos.
Arsénico
Metaloide presente de forma natural en ciertas rocas. En concentraciones elevadas puede causar afectaciones crónicas a la salud humana.
Intoxicación crónica por arsénico
Exposición prolongada a pequeñas concentraciones de arsénico. Sus efectos aparecen con el tiempo: lesiones cutáneas, daño renal, alteraciones neurológicas y mayor riesgo de cáncer.
JMAS (Junta Municipal de Agua y Saneamiento)
Organismo público descentralizado de la JCAS encargado de operar el sistema de agua potable y drenaje en el municipio.
JCAS (Junta Central de Agua y Saneamiento)
Organismo público descentralizado del Gobierno del Estado responsable de normar, coordinar y supervisar a las Juntas Municipales.
Competencia municipal
Conjunto de facultades legales del Ayuntamiento. En materia de agua potable y drenaje, el municipio no tiene atribuciones directas.
Gobernanza del agua
Conjunto de instituciones, normas y procesos mediante los cuales se toman decisiones sobre el uso, gestión y distribución del agua.
Tecnologías de potabilización
Procesos utilizados para remover contaminantes del agua. Incluyen adsorción con óxidos de hierro, coagulación‑filtración, intercambio iónico y ósmosis inversa.
Ósmosis inversa
Tecnología de purificación que fuerza el paso del agua a través de una membrana semipermeable para remover sales, minerales y metales. Es eficaz pero costosa y de alto consumo energético.
Adsorción
Proceso mediante el cual ciertos materiales (como óxidos de hierro) capturan contaminantes presentes en el agua. Es una tecnología accesible para comunidades rurales.
Fragmentación institucional
Situación en la que distintas entidades gubernamentales tienen responsabilidades parciales sobre un mismo tema, dificultando la planeación integral.
Infraestructura básica de abasto y drenaje
Conjunto de obras y sistemas necesarios para suministrar agua potable y evacuar aguas residuales. En México, la federación no aporta recursos para su inversión ni operación.
PRODDER (Programa de Devolución de Derechos)
Mecanismo federal mediante el cual CONAGUA devuelve a los organismos operadores parte de los derechos pagados por el uso de aguas nacionales. Los recursos deben destinarse a mejorar eficiencia física y comercial, rehabilitar infraestructura de agua potable, ampliar o mejorar alcantarillado y fortalecer el tratamiento de aguas residuales. No es un subsidio, sino una devolución condicionada.
Responsabilidad intergeneracional
Principio ético que obliga a tomar decisiones que no comprometan el bienestar de las generaciones futuras.