El pasado martes comenzó la entrega de la casa y dos inmuebles más de César Duarte en Parral a sus representantes, que le darían la posesión a sus hijos luego de casi 10 años de haber permanecido asegurados.

Sin hacer ruido más allá del inevitable, la defensa de Duarte hizo los trámites para la recuperación, no sin quejarse de las malas condiciones en que se encontraban los inmuebles y su equipamiento.

La devolución de bienes, incautados por la Fiscalía General del Estado en tiempos del gobernador Javier Corral y César Augusto Peniche, fue ejecutada por la Fiscalía General de la República (FGR), a la que se le habían transferido luego de que la FGE pasó las investigaciones a la instancia federal.

La diligencia fue producto, según lo que ha podido conocerse, de una resolución de la justicia federal que podría tener mucho mayor impacto en la defensa duartista. El aseguramiento -fue la sentencia federal- había sido realizado de forma totalmente ilegal, independientemente de las causas penales que, por montones, cayeron sobre Duarte Jáquez una vez que Corral llegó al poder.

El desaseo de las investigaciones contra el duartismo, que descalificaron la acción justiciera del corralato a pesar de la evidencia de los excesos del exgobernador, también se trasladó a los procedimientos ministeriales. Por eso se cayeron, casi una década después, las incautaciones, luego de largos pleitos en los tribunales.

Ese triunfo jurídico de los defensores de Duarte, sin embargo, se empañó unas cuantas horas después. El miércoles, la esposa del exgobernador, Bertha Olga Gómez Fong, fue detenida en El Paso, Texas, en una revisión del implacable Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

¿Casualidad o sincronía de la política aplicada a la justicia? Quienes no creen en las casualidades refuerzan sus ideas con estos dos hechos.

En Parral, una casa que es símbolo más que simple inmueble, regresó a la órbita familiar de Duarte. No a él directamente, a sus hijos, bajo el argumento jurídico de la propiedad legítima. Más de ocho años asegurada, más de ocho años bajo resguardo institucional y, al final, nada que sostener.

Casi en paralelo, a 600 kilómetros de distancia, en El Paso, su esposa era detenida por agentes norteamericanos. Sin claridad, sin explicación contundente, sin una causa oficial inmediata.

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La casa de Duarte en Parral no es cualquier propiedad. Es el símbolo de un expediente que durante años sostuvo buena parte del discurso anticorrupción en Chihuahua.

El inmueble asegurado en 2017, en pleno vendaval judicial contra Duarte, terminó siendo liberado por la FGR bajo un argumento demoledor: había sido incautado de forma irregular por la autoridad estatal y no había elementos para mantenerlo bajo resguardo.

Fue devuelto en condiciones deplorables. Muebles destruidos, electrodomésticos inservibles, daños del vandalismo, como señal, también, de ese deterioro institucional del corralato, que no pudo sostener en tribunales todo lo que acusó públicamente en su momento.

Mientras eso avanzaba, Gómez Fong aparecía en el sistema de detenidos del ICE, hasta la fecha sin información oficializada, más allá de un escueto boletín de la FGR en el que afirma no tener causas penales en contra de la expresidenta del DIF Estatal, pero anuncia que gestiona su “deportación controlada” porque la FGE de Chihuahua sí tiene dos órdenes de aprehensión pendientes de ejecutarle.

Antes de ello, fue mucha la intención evidenciada, del duartismo y sus defensores, de presentar la detención del ICE como un simple problema administrativo-migratorio.

Si en efecto fue una mera casualidad, el ICE puso a Bertha -Berthita, le decía públicamente su marido- como un dulce en mostrador, a ver quién lo quería. Y directamente no levantó la mano la FGE, hasta que la FGR le avisó que aquí tenía asuntos pendientes en contra. Y eso cambió todo.

Ahora, Gómez Fong deberá esperar semanas una audiencia, lo más seguro es que en reclusión. Ahora no es sólo una revisión de papeles, sino un movimiento con implicaciones judiciales; ahora ella es una ficha que podría regresar al tablero mexicano en condiciones muy distintas a las que había mantenido durante años: libre, protegida por su marido y los amparos que le tramitaban, y fuera del alcance inmediato de la justicia estatal.

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El expediente de Duarte no es menor y va mucho más allá de lo jurídico. Nomás como muestra, es de los pocos detenidos con prisión preventiva en el Cefereso del Altiplano, en Almoloya de Juárez, una cárcel de máxima seguridad donde permanece prácticamente incomunicado, debido a que ese penal está diseñado para que los grandes criminales purguen sentencias y queden apartados de sus redes delincuenciales.

Para la FGR, el exgobernador encaja tal vez en ese perfil que obliga a retenerlo en una prisión de este tipo, sin haber sido sentenciado. Pero la realidad es que la justificación de su detención en el Cefereso es política, no técnica ni jurídica.

Además, está Duarte Jáquez procesado desde diciembre del año pasado por lavado de dinero por más de 73.9 millones de pesos, con una red de triangulaciones donde, según la propia acusación federal, aparecen empresas, prestanombres y transferencias que rozan a su círculo más cercano.

Va incluida su esposa. Ese dato, que durante meses quedó como una sombra jurídica, hoy vuelve a cobrar sentido, porque si algo revela esta semana es que las piezas sueltas empiezan a ordenarse, en una secuencia judicial que para nada es típica, como tampoco lo es la sincronía entre un frente patrimonial fortalecido y un frente personal, personalísimo, debilitado.

En la política real -no la de los comunicados mal redactados y las mentiras que declaran sus actores- las coincidencias casi nunca lo son. O al menos no son tan inocentes como se pintan.

Es aquí donde pueden surgir un montón de especulaciones, en especial ante la cerrazón de las autoridades que mediante boletines huecos ocultan otras intenciones. Y a pesar de que queda en evidencia cómo la FGR de Ernestina Godoy usa las herramientas a su alcance -la Interpol y la relación internacional- para avisarle al fiscal de Chihuahua, César Jáuregui, que ahí en El Paso tiene un pendiente servido en bandeja de plata.

Así, si la FGR no pudo sostener ciertos aseguramientos patrimoniales, puede intentar recomponer el caso desde el factor humano. Desde quienes orbitan alrededor del acusado principal y quienes, eventualmente, podrían aportar información, enfrentar procesos o convertirse en piezas de negociación.

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Los que conocen a Duarte dicen que, al verse perseguido y planear su fuga de Chihuahua, al comenzar el gobierno de Corral Jurado, decidió que cada quien de sus colaboradoras debería rascarse con sus propias uñas y protegerse a sí mismos, porque él sólo cuidaría a su esposa y a sus hijos.

Logró su cometido hasta 2020 y no mordió un solo anzuelo, por más tragedias personales y familiares que se le presentaron y que podrían forzarlo a venir al estado; por más que caían algunos de sus más cercanos, los que se quedaron confiados en la que justicia no los alcanzaría.

Tras su captura en Miami, Florida, aguantó y litigó cuanto pudo para evitar su extradición, librándose de caer en México hasta que acabó el fracasado gobierno de Corral.

Al llegar, lejos de doblarse, se envalentonó, como cuando confundió el banquillo de los acusados en el que estaba con alguna tribuna legislativa, lanzándole todo tipo de reclamos y descalificaciones a la jueza ante la que comparecía. Llegó a comparar a la justicia estatal con un burdel, como los que había en el viejo barrio de San Pedro, ahí en la Ciudad Judicial que presumía como una de sus obras.

Hasta su última detención, incauto, presumía su cuestionada inocencia, frente a procesos judiciales locales endebles y un juicio público implacable tanto con Duarte como con su persecutor simulador y hablador.

Como hasta en las mafias hay códigos, quizás el exgobernador esperaba que, sometido a procesos penales y cuatro años de prisión entre Estados Unidos y México, en su segunda temporada en la cárcel, ahora en el fuero federal, lograría mantener a su familia lejos de su tragedia política y jurídica.

Ahora la situación cambia y la captura de su esposa le agrega presión al exgobernador, que hasta su detención en diciembre aseguraba que nada lo doblegaría.

¿Es casual que justo cuando la familia Duarte recupera un bien emblemático, la esposa del exgobernador sea detenida en Estados Unidos?, es la pregunta de inicio.

¿Es coincidencia que una detención inicialmente migratoria evolucione en cuestión de horas hacia una posible entrega a México vía extradición o deportación? ¿Es casual o estamos viendo un mecanismo de presión directa? ¿Quién y para qué pretendería presionar a Duarte? ¿Alguien quiere arrodillarlo a nivel federal o estatal con su esposa como trofeo judicial?

En fin, la justicia en terrenos de la política rara vez camina en línea recta. Avanza en zig zag, luego retrocede o, simplemente, cambia de ruta.

El exgobernador en desgracia, con fama de corrupción ganada a pulso, pero también aderezada por deseos de venganza, puede dar testimonio de eso... y ahora también su esposa.