-Revisan a Berthita hasta sus empresas en EU

-Abre nuevos debates el Plan B

-Descuidada en el Congreso la Comisión de Energía

De poco más de 900 candidatos a juzgadores que compitieron en la elección judicial del año pasado, fueron 621 los sancionados. Algunos ganadores, otros perdedores; algunos con la mera amonestación y otros con multas de varios miles de pesos.

El listado de los sancionados, que desde enero tenía en capilla el Instituto Nacional Electoral a través de sus áreas de fiscalización, ayer fue exhibido en el Diario Oficial de la Federación, con una síntesis de la resolución del Consejo General del INE del 24 de febrero de este año.

Lo que resultó llamativo en el gremio de los juristas, además de la cantidad de juzgadores a los que la autoridad electoral jaló las orejas, es que van a la cabeza de los multados la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Marcela Herrera Sandoval y el magistrado presidente del Tribunal de Disciplina Judicial, Javier Acosta Molina.

Bueno, prácticamente todo el Tribunal Superior como el interno disciplinario enfrenta sanciones, tal como quedó asentado en la resolución que los obligaba a pagar multas desde los 100 pesos hasta cerca de 20 mil, para sumar cerca de 850 mil pesos entre todos.

Van listados todos los del Tribunal de Disciplina: Yadira Gramer, Luis Daniel Meza, Luisa Fernanda Márquez y, desde luego, la más proclive a todo tipo de escándalos, Nancy Josefina Escárcega, la hermana del secuestrador cuasiliberado y esposa del dirigente de Movimiento Ciudadano, Francisco “Pancho” Sánchez.

De los juzgadores de segunda instancia estatales sobresalen Gerardo Javier Acosta Barrera, Rodolfo Acosta Mendoza, Laura Guadalupe Ocón, Yasel Iradiel Villanueva, Adalberto Vences, Debbie León, Nyria Trevizo, etcétera, etcétera.

No son montos excesivos ni las grandes multas de la historia, pero sí sanciones por rebasar o no comprobar los gastos reflejados en campaña.

Esas violaciones a las normas electorales son comunes en candidaturas de partidos e independientes a todos los puestos de elección popular, pero tratándose de quienes son los encargados de aplicar las leyes y administrar justicia, desde luego que abren justificados cuestionamientos.

Bien por el rígido sistema de fiscalización del INE, que cada vez cierra más puertas a la simulación política, pero qué mal el camino de reducir constantemente a las elecciones a un juego de ver quién es el menos peor de los candidatos.

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La detención y retención de Bertha Gómez Fong, esposa del exgobernador César Duarte, en El Paso, Texas, rebasó por mucho las “unas cuantas horas” que acá aseguraban sus familiares pasaría en el Centro de Procesamiento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

El asunto administrativo y migratorio en el que se vio envuelta la expresidenta del DIF Estatal -también declarada prófuga de la justicia en algún momento del corralato- supuestamente estaba reducido a que comprobara su estancia legal en aquel país, la cual, según versiones de sus familiares, no tiene mayor problema.

Pero conforme transcurrieron las horas y no salía la exprimera dama estatal, la preocupación en el equipo de defensores de César Duarte fue en ascenso, pues si bien jurídicamente ninguna causa penal conocida la ata a México, políticamente fue expuesta como un dulce para cualquier autoridad que quisiera reclamarla.

Hasta ayer al mediodía, algunos abogados ligados a los casos de la familia Duarte-Gómez apuntaban que una revisión migratoria no es cualquier cosa, por más sencillo que pudiera parecer una retención del ICE a una persona extranjera que tenga toda su documentación en regla.

Además del estatus migratorio, a cada persona le revisan su actividad fiscal, sus rutinas, nexos familiares y amistosos, sus negocios, renglón, este último, en el que Gómez Fong aparece al menos con dos pequeñas empresas, tanto en Florida como en Texas.

Quizás por ello esas “cuantas horas” se extendieron hasta más de las 24, según el conteo hasta ayer que seguía siendo reportada bajo custodia del ICE, sin que alguna autoridad mexicana revelara alguna causa en contra.

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A raíz de lo acontecido con el Plan B han surgido polémicas interesantes sobre mitos y absurdos en la política mexicana.

El asunto de la revocación de mandato ha traído a debate la prohibición de que los presidentes hagan proselitismo para sus respectivos partidos, lo mismo que los funcionarios públicos, lo que es válido en otros países pero que aquí se hace soterradamente.

Otro dato, más reciente, es el de la moda de las encuestas en los partidos para elegir a sus candidatos. Lo acabamos de ver el 22 de marzo con la decisión del PAN, de emular, palabras más, palabras menos, a Morena, sólo que como “defensores de la Patria”.

El punto anterior implica que ahora lo que le importa a los partidos no es vender al electorado al candidato o candidata que ofrezca las mejores propuestas, sino a quienes tengan mayor popularidad.

Como ha dicho Denisse Maerker recientemente, ahora buscan que los abanderados sean los más conocidos, una especie de “influencers” , o quienes -como bien sabemos en Chihuahua- hayan realizado actos anticipados de campaña.

Y esto lleva a otro punto.

Que los partidos que van a la zaga de Morena en realidad estarían en actitud de “cachar” a candidatos inconformes que no llegaron en sus partidos originales, “salten” literalmente a otras organizaciones que los cobijen simplemente por su notoriedad.

Entra también a debate si tiene caso que, previo a la jornada electoral, se prohíben todos los pronunciamientos y se abra un “periodo de reflexión” para que los sufragantes mediten sobre su voto, cuando previamente ya estuvieron saturados de propaganda.

Tal vez si la reforma electoral de Sheinbaum hubiera apuntado a estos aspectos hubiera llegado a mejor puerto.

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Hace falta que la diputada, Brenda Ríos Prieto, se avoque a ver los asuntos de la comisión que preside, la de Energía, que en una simple revisión del trabajo legislativo en la página web del Congreso del Estado, se puede advertir que desde noviembre de 2024 no ha convocado a reunión, y por absurdo que parezca, esa última sesión duró apenas siete minutos con 36 segundos.

Esto sale a relucir porque la diputada morenista al parecer sólo usa la tribuna para politizar temas en contra del PAN y específicamente, hacia el gobierno de Marco Bonilla en sus pretensiones políticas de sucederlo en la alcaldía.

Pero más allá de usar las instalaciones legislativas para grabar tiktoks y otros contenidos para sus redes, también es el uso de otros recursos, como el personal que colabora con ella para hacerse pasar por periodistas e importunar a los medios de comunicación en sus coberturas periodísticas.

Con más de un año sin tratar los asuntos de la comisión que le compete, es totalmente pertinente cuestionar cuál es el trabajo real de Ríos Prieto, y qué repercusiones existen ante el evidente descuido de la Comisión de Energía.