Cuando se habla del gran impulso económico de Chihuahua, se suele pensar de inmediato en la industria de exportación, con sus colosales plantas y complejos industriales que dominan el horizonte y funcionan como potentes motores de la economía local. Sin embargo, esa maquinaria sería incapaz de girar sin el engranaje vital que conforman las micro, pequeñas y medianas empresas (PyMEs). Lejos de ser actores secundarios, las PyMEs representan, según datos del último censo económico del INEGI, el 98% de las unidades económicas de nuestro estado, generan más del 70% de los empleos formales y aportan cerca del 40% del Producto Interno Bruto (PIB) estatal. No son simples proveedores de soporte para la industria; son una fuente de capacidad técnica y el proyecto de vida y sustento de la gran mayoría de las familias chihuahuenses.

Sin embargo, a pesar de ser el corazón que bombea la sangre a nuestra economía, estas viven bajo el asedio, a veces asfixiante, de un sistema que parece diseñado para castigar en lugar de facilitar sus operaciones.

Emprender y sostener una PyME en Chihuahua se ha convertido en una actividad de alto riesgo donde el mercado no es el único adversario; el sistema mismo parece ser el obstáculo principal.

El emprendedor se enfrenta a un frustrante laberinto de regulaciones que impone, de facto, un "impuesto de papel" cobrado antes de facturar el primer peso. Esto obliga a malgastar tiempo y recursos en gestiones de alta complejidad y cuyo incumplimiento es causa de sanciones. Basta asomarse a la realidad de cualquier negocio local para encontrar un desfile interminable de trámites para poder acceder a otros trámites; filas, ventanillas y plataformas digitales deficientes que exigen, una y otra vez, documentos que el Estado ya posee. Esta desconexión entre instituciones públicas ignora claramente el principio de "Expediente Único" contemplado en la Ley General de Mejora Regulatoria, evaporando la productividad del emprendedor.

Las cifras respaldan este sentimiento de asfixia. Según datos de la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria (ENCRIGE) una PyME en México dedica en promedio 500 horas y $95,000 pesos anuales solo para atender trámites burocráticos y de fiscalización. Esto sin mencionar la "cifra negra" de recursos económicos destinados a agilizar procesos, superar inspecciones o, incluso, para lograr una cita con la autoridad competente que, por la vía oficial, resultaría excesivamente lenta o imposible de obtener.

Lejos de ser una utopía, la simplificación administrativa es una deuda pendiente que al menos los niveles estatal y municipal podrían saldar con voluntad política y visión técnica. El primer paso es la homologación de funciones e inspecciones; resulta absurdo que dependencias como Protección Civil, por ejemplo, manejen criterios dispares entre el Estado y el Municipio, obligando al empresario a realizar retrabajos para cumplir con manuales que a veces se contradicen entre sí. Peor aún es el caso de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología (DDUE) que no solo ostenta el catalogo mas complejo de requisitos dentro de las dependencias municipales sino que opera bajo una lógica de que cada tramite es un borrón y cuenta nueva, pues resulta ilógico que en plena era digital, se exija, presentar una y otra vez planos, escrituras y dictámenes que ya obran en sus archivos desde años anteriores, bajo el argumento de una 'actualización' que solo esconde una falta de sistematización interna.

Asimismo, la implementación real del Expediente Único permitiría que las dependencias dejen de actuar como islas, eliminando el vicio de solicitar documentos que ya obran en poder del gobierno. Se debe erradicar la engorrosa práctica de los "trámites dentro de los trámites", donde un permiso requiere una constancia que, a su vez, exige una validación previa. Por ejemplo el procedimiento que debe seguir un constructor para abrir una simple zanja, para lo que este debe peregrinar por cinco dependencias estatales y municipales en un orden incierto y nunca explicado en portales oficiales, realizando pagos fragmentados y regresando varias veces al mismo escritorio.

Simplificar no es relajar la norma ni comprometer la seguridad; es eliminar la paja burocrática para que el emprendedor pueda concentrarse en lo que mejor sabe hacer: generar valor, empleo y riqueza para Chihuahua.