Incongruencia de la administración judicial

César es el mejor, dice Memo Luján

Otra de Corral, ahora vs TV Azteca

Lo que era un documental de viajes del portal peruano Gravedad 11, basado en las barrancas infinitas y las montañas imponentes de la Sierra Tarahumara, terminó en mostrar la vergüenza que representan los territorios perdidos, esos donde los gobiernos mexicanos tienen que pedir permiso para gobernar.

Un motociclista de Perú recorría en días pasados algunos de los lugares serranos más espectaculares, entre el municipio de Maguarichi y el pueblo mágico de Creel, en Bocoyna. Capturaba postales y videos de un México profundo y hermoso que cualquier oficina de turismo quisiera presumir al mundo.

Pero cuando lo hacía primero apareció un hombre, un “soldado con tenis”; luego otro, posiblemente un “halcón” en otra brecha. No por nada tituló sus posts en redes como “El cártel me para en México”.

No eran policías ni militares, solo hombres armados con el arrojo que les da la impunidad permanente para detener a cualquier persona, preguntarle quién es, de dónde viene y hacia dónde va.

Le dieron los buenos días; alguno hasta le ofreció una fumada de su cigarro de marihuana. Hablaron del paisaje, de la moto, de un dron y de las cámaras que llevaba el hombre cuyo acento, posiblemente, le valió para que pasara sin mayores problemas y hasta fuera despedido con un amable “que Dios lo bendiga”.

Esas imágenes trasmitidas al mundo exhiben la tragedia que en Chihuahua lleva años construyéndose: extensos territorios no tienen otra autoridad más que la del crimen.

No es novedad que un grupo criminal se sienta con el derecho de detener a una persona en un camino público, interrogarla y decidir si puede o no continuar su recorrido, pero sí hay que decirle a las cosas por su nombre, esto se llama control territorial.

Ese control es una de las manifestaciones más graves del poder del crimen organizado, porque así rebasa sus funciones de traficar drogas, matar rivales, secuestrar y extorsionar; amplía sus “facultades” a terrenos que corresponden exclusivamente al Estado.

Vigilar quién entra, quién sale, qué o quiénes circulan por los caminos; imponer reglas, administrar el miedo y la fuerza es, finalmente, ejercer soberanía, según la teoría clásica. Así, un retén es una frontera dentro de la propia nación, un estado soberano dentro del Estado.

Recordemos la tabliza a todo un grupo de la policía estatal en carretera rumbo a Guadalupe y Calvo. ¡Una vergüenza institucional!

El motociclista peruano, aunque asustado con dos retenes distintos, lo cuenta con cierta fascinación. Incluso reconoce que fue tratado “súper bien” y continúa maravillándose de la belleza de la sierra.

Pero dice al final, con razón, que muchos mexicanos tienen miedo de visitar esos lugares y por eso jamás conocerán esos paisajes, lo que resulta no sólo en una pena internacional, sino en una dolorosa realidad.

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Ha reabierto un debate interno en la judicatura estatal la revelación que hicimos en GPS, en entregas pasadas, sobre la forma en que la presidenta del Órgano de Administración Judicial (OAJ), Karla Esmeralda Reyes, hizo truco para cobrar por partida doble y además garantizarse el servicio de Pensiones Civiles del Estado.

La funcionaria no podía ser empleada pública por prohibición expresa de las normas que reformaron al Poder Judicial, ya que renunció a contender por un cargo de juzgadora y recibió su haber de retiro.

Pero desde octubre de 2025, con un contrato de servicios profesionales, ingresó de nuevo al aparato de justicia y no a cualquier cargo, sino a uno equiparable al de un magistrado, con todos los beneficios que implican cientos de miles de pesos al año. Eso, más su haber de retiro puntual.

El debate no es cómo le hizo para transar la que se encarga de la administración entera del aparato de justicia, eso ya quedó muy claro; el asunto es que muestra una total incongruencia porque hay muchos casos de exjuzgadores forzados al retiro a quienes el mismo OAJ les regatea pesos y centavos y el servicio médico, cuando su titular se sirvió no con cuchara grande, sino con cucharón industrial.

En numerosos expedientes, el Órgano de Administración ha promovido recursos, impugnaciones y revisiones contra resoluciones que favorecen a los exjuzgadores, retrasándoles incluso con “chicanadas” lo que legítimamente les corresponde. No fue así con la exmagistrada hoy recontratada, lo que refleja la gran incongruencia en el aparato de justicia.

Esa contradicción lastima al Poder Judicial, porque está lejos de ser un error administrativo, una decisión jurisdiccional polémica o una crisis presupuestal. Esa contradicción exhibe las dos varas para medir los mismos derechos: una para quienes ejercen el poder y otra para quienes lo han perdido.

¿Así cómo va a ganar legitimidad la justicia estatal si la administradora del Poder Judicial dice que el derecho sí vale cuando se trata de ella, pero no cuando se trata de alguien más?

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Ya reseñaremos con detalles la fiesta de cumpleaños del exfiscal César Jáuregui Moreno convocada para ayer por la tarde-noche, pero no puede quedarse sin mencionar el mensaje que, por video, mandó uno de los ilustres del PAN, Guillermo Luján Peña, para disculparse por no asistir al encuentro.

El veterano panista no solo le envió una felicitación, sino que le entregó algo mucho más valioso, su espaldarazo total en estos tiempos de calenturas electorales.

La frase fue contundente y sin matices: “Todos son buenos, pero César es el mejor”; fue más allá de un guiño dentro de la contienda panista, con la debida precaución que un añoso liderazgo del PAN debe tener a fin de no generar más fricciones de las ya existentes.

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Los regidores de Morena en el Ayuntamiento de Chihuahua salieron en defensa del gasto federalizado asignado a la capital, tratando de matizar el recorte en las participaciones.

Para ello, recurrieron a una operación aritmética simple, si las aportaciones subieron más de lo que bajaron las participaciones, el saldo final es positivo y, por ende, el reclamo del municipio es una "exageración".

Sin embargo, detrás de la frialdad de los datos expuestos —una baja de 12.3 millones de pesos en el Ramo 28 frente a un incremento de 36.2 millones en el Ramo 33— hay incongruencia política y técnica que atenta contra el Federalismo y la autonomía del municipio libre.

Resulta contradictorio, por decir lo menos, que representantes populares electos por los ciudadanos asuman un rol de voceros de la Federación antes que defensores de las finanzas de la comunidad que los votó, pero en ese camino olvidan las reglas de operación del dinero público.

Las participaciones federales representan el dinero que le pertenece al municipio por derecho resarcitorio y son de libre disposición, por lo que reducir esta bolsa es restarle margen de maniobra y asfixiar la operatividad del gobierno más cercano a la gente.

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Sugirió el senador Javier Corral, desde la ignorancia exacerbada que siempre lo ha acompañado, retirar la concesión a TV Azteca, incómodo por la línea editorial que ha criticado sus diferentes y convenencieras posiciones; la última, su reunión en un exclusivo club de Sinaloa, con el perseguido por la autoridad norteamericana, Enrique Inzunza.

El hígado le ganó de nuevo, sosteniendo que basta aplicar la ley de comunicaciones para retirar la concesión que ostenta Ricardo Salinas Pliego.

Corral construyó su capital político precisamente en el periodismo en sus inicios y después y después fue un supuesto defensor del derecho a la información.

Por tanto, debe saber perfectamente que las concesiones del espectro radioeléctrico —si bien son bienes de la nación— están sujetas a un estricto marco de legalidad administrativa y que la línea editorial, por más estridente, sesgada o incómoda que resultase para el poder, está protegida por el blindaje constitucional de los artículos 6° y 7°, aún y cuando se trate de un medio concesionado.

Cualquier estudiante de derecho sabe que el Artículo 303 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión acota la revocación a faltas técnicas, financieras o de seguridad nacional.

La "crítica periodística" —guste o no el tono— no es una causal legal, pero claro, puede ser un pretexto desde el abuso de poder, al que está acostumbrado desde que fue gobernador.

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A partir del próximo lunes 29 de junio, el Gobierno Municipal iniciará nueva etapa de trabajos sobre el lateral del Periférico de la Juventud, a la altura de la calle Aberdeen Angus.

Habrá necesidad de reducir carriles para llevar a cabo la reubicación de una línea de drenaje existente como parte de la construcción de la gaza de incorporación.

La construcción de esta gaza de incorporación actualmente alcanza el 30 por ciento de avance y en algunas semanas más la obra empezará a tomar forma con la colocación de las estructuras metálicas.

La colaboración ciudadana será fundamental durante este periodo. Respetar la señalización, salir con mayor anticipación y mantener paciencia con quienes también transitan por la zona contribuirá a que los trabajos avancen en tiempo y forma.

Serenidad y paciencia.