El alcalde de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, pidió licencia a su cargo apenas unas horas antes de que salieran las reglas de Morena para elegir candidato (o candidata) a la gubernatura, con lo que arrancó una carrera que ya dejó de ser mero ejercicio de futurismo para convertirse en una realidad política.

La senadora Andrea Chávez hizo lo mismo dos meses antes, con una antelación superior para dedicarle más tiempo a una campaña que oficialmente no puede llamarse como tal, aunque estén cargadas de ese simbolismo las licencias de ella y del presidente municipal fronterizo.

Los retiros de los cargos públicos de los morenistas adelantan el reloj electoral, en una semana que dejó, además, la confirmación algo previsible: PT y Verde caminarán al mismo paso, si Morena les paga bien, en el proyecto que tiene como fin estatal la sucesión de Maru Campos en Palacio de Gobierno.

El reto de Cruz y Andrea, más dos o tres que se apunten por la libre el próximo martes para contender por el cargo de "defensor de la transformación" -el término para no decirles candidatos a los candidatos-, es el de no desmoronar al partido en el camino.

Porque la unidad, fuera de los discursos, no es el fuerte de Morena, como tampoco la disciplina partidaria ni la homogenización de proyectos.

Van a un proceso en el que no se permitirán más de seis aspirantes por entidad, con encuestas, nada de familiares en disputas de otros cargos, cero campañas ostentosas y prohibidas las descalificaciones, como parte del catálogo de buenas intenciones para una contienda interna sana.

Pero a veces las más nobles reglas de la guerra terminan por generar las batallas más encarnizadas. De ese tamaño es el desafío de los dos punteros morenistas que, si logran mantenerse unidos tras la decisión final esperada para agosto, darán a Morena la oportunidad histórica de arrancar el proceso electoral con ventaja.

Si les ganan a los aspirantes o a sus equipos las pasiones internas; o si el PAN logra reposicionarse para intentar retener la gubernatura, las condiciones en las que lleguen al primer domingo de junio de 2027 podrían ser otras.

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Entre el operador que gobierna el municipio más poblado del estado -así sea a través de su suplente, Héctor Ortiz Orpinel- y la figura joven que representa la cercanía con un ala del poder central, hay una brecha de estilos, generaciones y visiones que representan, a la vez, el principal factor de un posible choque.

Son dos proyectos que, al menos por ahora, mantienen la cortesía pública mientras libran una batalla silenciosa, que incluso puede resultar más complicada que la elección constitucional.

Chihuahua es hoy, por razones conocidas, epicentro de una lucha político-electoral fundamental en el país, en la que influyen poderes como el de Claudia Sheinbaum, Maru Campos y hasta el extraterritorial de la administración de Donald Trump en confrontación abierta contra los de la 4T presuntos aliados del crimen.

En este marco, los contendientes morenistas deberán elegir muy bien sus peleas en aras de obtener la candidatura.

Pero, además, la pelea central todavía no es con el PAN, sino que es de Morena contra Morena; ahora es entre la estructura territorial anclada a Juárez, pero distribuida por todo el estado, y la influencia nacional, de aire y redes sociales, que sin duda tienen su efecto en las encuestas o en la valoración política que necesariamente habrá en Palacio Nacional para elegir quién encabeza el proyecto estatal por Chihuahua.

La responsabilidad de no confrontarse y mantener la unidad a pesar de las adversidades, será puesta a prueba en los dos contendientes, siempre con la amenaza encima de la intervención política que, vía declaraciones, investigaciones y posibles acciones, intentará Estados Unidos para inclinar la balanza en contra de la 4T.

Las visiones del otro lado de la calle, en el PAN, se centran en el desarrollo de la contienda interna de Morena, por ahora. Ante las licencias de Andrea y Pérez Cuéllar, el principal activo azul, el alcalde de la capital, Marco Bonilla, ha reaccionado con serenidad, sin acelerarse.

Bonilla Mendoza dijo que no pedirá licencia todavía sino que esperará las reglas y tiempos de su partido, en una respuesta que, más allá de las formas, refleja las diferencias que hoy existen entre ambas fuerzas políticas.

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Mientras Morena vive una efervescencia apenas apaciguada con la única oposición que tiene -la de Estados Unidos- el PAN intenta administrar la sucesión bajo una lógica de disciplina y control, sin muchos cambios a su ruta original. Esperará seguramente hasta que pase el Mundial de Futbol para comenzar a correr en serio.

Por supuesto existen intereses, ambiciones, grupos en pugna que se mandan mensajeros de esos que chorrean más tinta de la que plasman en letras, pero la batalla interna se libra, hasta hoy, con las puertas cerradas. Ah, y con el hecho innegable de que Marco Bonilla es el candidato natural de continuidad y unidad.

Al alcalde ya no hacen sombra el secretario de Seguridad, Gilberto Loya; la dirigente estatal del PAN, Daniela Álvarez, como carta fuerte femenina por si las dudas; ni su homólogo de Delicias, Jesús Valenciano, bajado de la nube con la posibilidad de una secretaría en el gabinete, las riendas del partido o alguna otra candidatura menor.

Así, el panorama panista luce más ordenado y vertical, aunque no exento de debates técnicos de fondo que buscan blindar su candidatura de cara a la retención del estado.

Las encuestas internas del panismo le dan a Bonilla ventajas contundentes que superan el 45 por ciento y llegan hasta el 55 por ciento, frente a otros cuadros de su partido y en escenarios diversos que plantean la posibilidad o no de una alianza con el PRI, moralmente cuestionada desde el PAN, pero necesaria según la aritmética.

Esto ha neutralizado rebeliones o fracturas internas de consideración, especialmente en la capital, lo que fortalece la figura de Bonilla, en el contexto en el que Morena anticipadamente arranca un proceso muy competitivo y de pronóstico reservado, mientras su partido avanza con la consigna de evitar fisuras para consolidar un bloque único que le permita hacer frente al crecimiento electoral de la marca guinda.

Casi definido el proyecto panista para la gubernatura, los riesgos del PAN están en la capital del estado, con indudable influencia en todo el universo albiazul.

La carrera en la que se ha reactivado el exfiscal general, César Jáuregui Moreno, parece puesta en riesgo con la intentona de colar a toda costa a un priista -el secretario de Gobierno, Santiago de la Peña- a la cúpula de las decisiones del PAN, mientras son marginados panistas de cepa como la diputada federal "Manque" Granados, el secretario de Desarrollo Humano, Rafael Loera y el diputado Alfredo Chávez, entre otros.

Pero el pastel panista alcanza para todos dentro de los mismos límites de la capital, por lo que no tiene mucho caso jugar a estirar la liga, sobre todo ahora que los morenistas tienen el camino libre para comenzar a trabajar de forma abierta en el terreno electoral y construir un arrancadero formal favorable.

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En suma, la carrera por la gubernatura perfila una polarización electoral intensa, tal vez un verano caliente en 2027 -similar en su impacto, aunque diferente en sus causas al de hace 40 años- centrado en un choque directo de marcas entre el PAN en el poder estatal y la fuerza creciente, aunque a veces vacilante, de Morena.

De acuerdo con los análisis consolidados de diversas firmas -como RUBRUM, Mitofsky, TResearch y Demoscopia Digital, con todos sus asegunes, sesgos y asteriscos- el panorama político presenta al morenismo a la cabeza con preferencias de entre el 35 y el 41 por ciento, con su bastión principal en Ciudad Juárez.

El PAN estaría en resistencia, con cifras que rondan el entre el 27 y el 31 por ciento de la intención del voto. Su base más robusta es la capital del estado y zonas agrícolas clave.

Complementan el cuadro el PRI, Movimiento Ciudadano, Partido Verde y Partido del Trabajo, que son aliados formales o de facto de las dos fuerzas políticas principales, pero no superan un dígito en preferencias; así suman, desde luego, en los números fríos de los cálculos electorales.

Además y sobre todo, está presente el factor de los indecisos, esa masa que aún no decide o prefiere ocultar su voto y que ronda entre el 11 y el 17 por ciento. Este sector representa la zona de disputa que podría definir el resultado final, porque las campañas no se ganan sólo con los convencidos o el voto duro.

De un lado, pues, está la continuidad del PAN y la resistencia del gran bastión panista del norte del país, que todavía no cede a la ola morenista; del otro se encuentra la expansión territorial de la 4T y la evidente decisión, desde Palacio Nacional, de ir a la conquista de una entidad históricamente adversa.

Por eso Chihuahua se perfila para ser una de las elecciones más observadas del país, en una especie de plebiscito para los gobiernos federal y estatal.

Así arranca la disputa -que concluirá en las urnas justamente en un año- de un símbolo político nacional.

Para Morena, ganar sería derribar uno de los bastiones históricos del bipartidismo PRI-PAN, mientras que para el albiazul, la victoria demostraría que todavía tiene capacidad para gobernar y competir frente a una maquinaria nacional que hace apenas unos meses se veía imbatible, pero ahora al parecer ya tiene en su barco -cargado de algunos impresentables repudiados en Chihuahua- algunos agujeritos en peligro de crecer.