Palera de Bienestar con camiseta de Morena

Será harakiri reforma en regidores

Aún sin foto Alejandro Carrasco

El caso del juez Julio Alberto Corrales de la Fuente terminó por abrir, en los pasillos de la Ciudad Judicial, un debate más profundo que la polémica por la ausencia de una agente del Ministerio Público a una audiencia celebrada semanas atrás.

Tras la difusión de los videos en los que ordenó la presentación forzosa de una agente de la Fiscalía, incluso con apoyo de la Guardia Nacional, el juez promovió un amparo contra 22 autoridades.

La lista es tan amplia que abarca al Tribunal Superior de Justicia, la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía Anticorrupción, diputados y diversos funcionarios.

El asunto ha acaparado las discusiones, los cafés de oficina y de las charlas informales, porque nadie discute el derecho de un juzgador a defenderse ni si debe preservarse la independencia judicial, pero sí hay posturas críticas de sus propios compañeros cuando esa legítima defensa comienza a parecer un blindaje anticipado frente a los excesos.

En los juzgados, de entrada, reconocen que si toda investigación es persecución; si toda crítica es intimidación y si todo procedimiento disciplinario es un atentado contra la independencia judicial, entonces desaparece la posibilidad de exigir cuentas a quienes imparten justicia.

Y la autonomía de los jueces existe para proteger sus resoluciones frente a presiones externas, no para convertirlos en personajes inmunes al escrutinio público. En suma, la independencia judicial no tiene que ser sinónimo de impunidad.

Ahora, cuando alrededor del juzgador pesan señalamientos sobre el manejo de asuntos particularmente sensibles, no parece la mejor respuesta institucional levantar murallas jurídicas, sino transparentar actuaciones y someterlas a revisión.

El mayor desafío del Poder Judicial es convencer a la sociedad de que sus integrantes están sujetos a los mismos principios que exigen a los demás, lo que no puede alcanzarse con fueros de facto ni estrategias de litigante amparista, sino con rendición de cuentas. Así, sin más calificativos ni consideraciones.

Corrales de la Fuente -como todos los demás juzgadores, hombres y mujeres que están por cumplir un año en sus cargos, gracias al “voto popular” que todo mundo sabe no fue voto ni popular- debe entender la diferencia entre ser un juez independiente y ser un juez intocable.

Ahí está la clave para los juzgadores, porque la independencia fortalece a la justicia, pero la impunidad la deteriora todavía más.

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En la reunión del alcalde de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, con los diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política, apareció sin saber cómo ni para qué una funcionaria de la Delegación de Bienestar, Marisela Terrazas Rodallegas, enfundada en camiseta de Morena.

La encargada de un ramo de los programas sociales federales acudió a la torre legislativa en día y horas hábiles, algunos dicen que nomás de palera o para hacer montón en el circo que montaron tanto los diputados del PAN para darle la “bienvenida” a Pérez Cuéllar, como por los morenistas, quienes lo arroparon y blindaron.

¿Cuál era la necesidad de la exhibida del Bienestar en un tema que involucraba únicamente a los legisladores y al alcalde casi con licencia? ¿A poco no tiene más cartuchos Morena para hacerle frente a la emboscada que le tendieron los panistas (la cual, por cierto, le hizo a Pérez Cuéllar lo que el viento a Juárez)?

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Hay múltiples factores que podrían incidir en los resultados del 2027, la baja o alta votación, participación del crimen en la operación, acciones unilaterales y de presión de Estados, la poca o mucha capacidad de operación partidista, donde a veces la nómina y el dinero no son por sí solos vaticinio de buenos resultados.

Sirva este contexto para señalar que la reforma electoral no necesariamente beneficia a quien la impulsa. Véase la reversa en elección judicial, pateándola para el 2028; los escenarios cambian.

Pues es lo que pasa con la reducción de regidores, que ha sido históricamente nómina para los partidos, simples posiciones como pagos políticos; lo hace Morena, el PAN, el PRI y todos ellos.

Con la propuesta que podría pasar están serruchando a un tercio de los regidores a nivel estatal, con afectación a todos los partidos.

Lo que Morena perdía en Juárez al ganar los asientos de mayoría relativa, los ganaba en Chihuahua por la vía de la representación proporcional, igual el PAN; y para el PRI, al menos había un poco de premio de consolación.

Ahora ni eso. Parece un harakiri quitar esos tres pluris en Juárez y Chihuahua. Ni se diga lo que pasará con los chiquipartidos, PT y Verde.

Serán borrados porque ni siquiera lograrán el que se pretende sea el nuevo tres por ciento de umbral para acceder siquiera al reparto.

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Justo y necesario reconocer el paso de Alejandro Carrasco por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

Asumió el cargo con la enfermedad del titular designado por el Congreso del Estado, el muy conocido abogado juarense Javier González Mocken, quien se retiró debido a cuestiones de salud, que a la postre le provocaron la muerte.

Hubo modificaciones a la Ley Orgánica de la CEDH para que Carrasco permaneciera en el cargo, ante la ausencia de acuerdos parlamentarios, con posiciones encontradas.

Durante ese lapso, el abogado llevó las riendas de la institución y sacó pendientes, no sólo se dedicó a administrar la crisis por la ausencia de un nombramiento definitivo.

Finalmente fue sustituido por la abogada Ada Miriam Aguilera Mercado, quien logró los 22 votos del bloque prianista, MC y aliados, desde el 31 de marzo.

Seguramente están buscando la mejor pose para la foto de Alejandro en la galería de expresidentes, donde aún no luce, y donde acompañará a Alfredo Cervantes, el primer presidente, igual que al “Ofi” Oscar Yáñez, Baldomero Olivas, los dos Armendáriz, José Luis y Néstor, y demás.

Por cierto esa galería de expresidentes fue idea precisamente de Alejandro Carrasco, quien encabezó la develación en diciembre del año pasado.

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La reacción del Gobierno Municipal ante los lamentables hechos ocurridos en el fraccionamiento Jardines de Oriente dejó un mensaje claro y contundente del alcalde Marco Bonilla.

Afirmó que, en su administración, no hay espacio para conductas que atenten contra el bienestar animal ni para servidores públicos que incumplan los valores que deben representar ante la ciudadanía.

Luego de que se diera a conocer el caso de un hombre que privó de la vida a un perro utilizando un arma blanca, el Gobierno Municipal actuó para investigar los hechos.

Al confirmarse que el responsable formaba parte de la administración, se tomó la determinación de separarlo de su cargo de manera inmediata.

Más allá de que el hecho ocurrió fuera del horario laboral y en el ámbito privado, la decisión refleja la postura de que, quienes forman parte de la administración municipal, están obligados a conducirse con apego a principios y valores.