Tanteó Jáuregui el terreno y decidió reaparecer

Piden auxilio por “dompe” abandonado

La talacha registral de Engracia

El primer abogado del exgobernador, César Duarte, fue Ricardo Sánchez Reyes Retana, cuyos honorarios eran casi tantos como sus apellidos, ligados a la defensa de otros acusados de alto perfil en el país.

El litigante llegó a representar al otro Duarte, Javier, de Veracruz, y a su esposa Karime Macías; al exsubsecretario de la Defensa Nacional, Tomás Ángeles Dauahare y al empresario Zhenli Ye Gon, aquel de “coopelas o cuello” que le decomisaron más de 200 millones de dólares en efectivo en la Ciudad de México.

Sin embargo, Sánchez Reyes Retana dejó la defensa de Duarte Jáquez cuando recién fue extraditado a México y puesto ante los tribunales de Chihuahua, en el año 2022.

Se fue en medio de versiones de que no le pagó honorarios el exgobernador, más allá de haberle pagado “por adelantado” con contratos durante su administración.

Aunque de forma simultánea llevaban algunos asuntos los abogados paisanos de Duarte, fue hasta entonces que entraron de lleno a representarlo Héctor Villasana, Irving Anchondo, Juan Carlos Mendoza y Enrique Muñoz, algunos de los cuales también se quejaron, en corto, del trabajo prácticamente gratis que realizaban, fuera por cercanía, amistad y casi familiaridad.

En este periodo fue que el exmandatario estatal logró su liberación. Triunfo tras triunfo jurídico, no sólo obtuvo su libertad, sino también hasta devolución de bienes.

Pero después de tanto festejo y exhibición pública llegó la sorpresa de la Fiscalía General de la República (FGR), que le cargó la mano y ahora lo mantiene con la reclusión preventiva en el Cefereso del Altiplano.

De nuevo, las versiones de que no pagaba honorarios a sus abogados rondaban en el ambiente del gremio, agravadas con la detención en El Paso de su esposa, Bertha Gómez, recluida en espera de un largo proceso de extradición, que implica una costosa defensa para evitarla.

Ese es el contexto completo del sorpresivo relevo de la defensa del exgobernador, del que ayer dimos santo y seña. Al lugar de los despedidos llegaron Javier Soto Orduño, César Octavio Guadarrama, Héctor Hiram López y César Guillermo Márquez, del despacho Soto Orduño y Asociados, de Nuevo Casas Grandes.

Hay mucho de fondo en el relevo, no tanto por quienes queman como “mala paga” al exgobernador, sino por la complejidad de los casos que asumen: una causa penal en Chihuahua con decenas de vertientes y otra del fuero federal cuya principal complicación es que es casi imposible articular una defensa de alguien preso en un penal de máxima seguridad, diseñado para purgar sentencias, no para aplicar la medida de prisión preventiva.

Vale la pena dejar constancia del cambio de defensores porque será un camino muy largo todavía el que deban recorrer junto con su representado.

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Tras su renuncia el 27 de abril por el escándalo que desató la muerte de agentes extranjeros en la sierra, el exfiscal César Jáuregui reapareció ahora con un video en redes, después de una aparición previa -fuerte, pero a la vez discreta porque no habló- en la concentración del #YoConMaru en el Centro de Convenciones.

Seguramente tanteó el terreno antes de hacerlo. Sigue a la cabeza en las encuestas internas del PAN y los demás aspirantes no salen del “Yaqui”, del “ya quisieran” ser los punteros, sin prender entre los panistas.

Por eso su reaparición no luce como algo improvisado. Después de semanas de silencio, el exfuncionario decidió enviar un mensaje sencillo, pero cargado de significado político. Con el “estoy aquí” lo dijo todo.

La grabación difundida tuvo más fondo que forma. No fueron anuncios espectaculares ni un destape oficial, pero sí una frase sencilla para dejar clara la intención: “Seguiré trabajando por Chihuahua capital”. Traducida, significa que no se baja del caballo y se mantiene en la carrera para la alcaldía.

El mensaje tuvo destinatarios muy específicos. Hacia afuera, para dejar constancia de que sigue presente, casi desvanecidos los reclamos morenistas; hacia adentro del albiazul, para recordar a la militancia que continúa en la jugada y que está dispuesto a buscar, como él mismo dijo, “hasta al último panista” de la capital.

Jáuregui decidió así enviar una señal inequívoca de supervivencia política, primer paso para volver a competir y ponerse otra vez en la ruta en la que iba a más de 150 por hora hasta el fatídico accidente que lo hizo frenar y repensar los planes. Era mucha velocidad.

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En la privada de Fresno y Pimentel, de la colonia Las Granjas, un “dompe” tiene abandonado en la vía pública alrededor de tres meses, pero al parecer no existe autoridad alguna en la capital capaz de poner orden en las calles, por más que sean evidentes las infracciones a los ordenamientos viales. Por más quejas de todas partes no escuchan ni estado ni municipio.

El vehículo de grandes dimensiones -del que envían fotos a GPS los indignados vecinos- está mal estacionado, obstaculiza la visibilidad y roba media calle, pues al tratarse de una privada es más angosta que el resto.

Anteriormente, el pesado armatoste ya había sido visto por los vecinos de ese sector, pero no duraba más de dos o tres días como estorbo vial, pero ahora han pasado semanas y nadie lo mueve.

Presumen que es de algún abusón de otra calle cercana que ya le gustó el lugar como estacionamiento, ante la aparente inexistencia de la Policía Vial.

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En un contexto nacional donde la infiltración de grupos delictivos en las estructuras gubernamentales ha dejado de ser una sospecha para convertirse en una crisis institucional palpable, el coordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez, acompañado por la dirigente estatal, Daniela Álvarez, ha presentado una propuesta de reforma constitucional que marca un precedente histórico para la entidad.

Ante el avance indiscutible de modelos de gobierno permeados por el crimen organizado en estados como Sinaloa, Sonora y Tamaulipas, la iniciativa del legislador surge como una medida de contención imperativa y urgente.

La propuesta no es sólo una adecuación técnica al marco electoral, sino una declaración política de alta intensidad que busca salvaguardar la soberanía de los chihuahuenses frente a la amenaza de los denominados “narco-gobiernos”.

Al sentenciar de manera categórica que “no queremos un Rocha Moya en Chihuahua”, Chávez establece una postura firme contra el estancamiento y la complacencia ante la erosión de las instituciones democráticas.

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Al otorgar las titularidades de seis notarías en los distritos Morelos, Galeana, Bravos y Camargo, el Ejecutivo privilegió en los nuevos ungidos la escuela de notarios adscritos o auxiliares.

Los críticos señalaron carencia de méritos técnicos a Rosa Engracia Quezada, por su pasado tricolor pero olvidan que fue construyendo perfil para ocupar la notaria número 12 recién asignada.

Hay otras designaciones. José Antonio Chávez López -16 años con patente de aspirante- en la Notaría Número 18 de Chihuahua, abogado de perfil netamente técnico, con más de una década adscrito en la Notaría Número 9; Adrián Javier Contreras Sánchez —brazo derecho operativo en la Notaría 21 de la capital, que encabeza Mónica Esnayra— va a la Notaría 1 de Nuevo Casas Grandes (Distrito Galeana), lugar donde se ungió a Reina Marcela Molinar Lucero en la Notaría 2.

Ana Miriam Gómez Mayoral asumió la Notaría 25 en la franja fronteriza (Distrito Bravos), y Rosa Margarita Hernández Morales que brincó de la auxiliar en Delicias a la titularidad de la Notaría 3 en Saucillo (Distrito Camargo).

Salió sin mayores raspaduras la designación de notarias -aunque quedaron pendientes en Aldama, Juárez y Parral-, que luego se convierte en dolor de cabeza para las administraciones estatales.

Mérito hay en Leobardo Meza, el director del Registro Público de la Propiedad y del Notariado, en la conducción del proceso, desde la experiencia construida en la actividad registral, de la mano de su padre Leobardo Meza Santini, ya fallecido, y en la adscripción en la notaria 5 con Luis Carlos Magdaleno.

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La administración de Marco Bonilla concluyó la modernización total del alumbrado público en 18 ejidos.

Comunidades como San Agustín, Ciénega de Ortiz, El Salitre, Palo Blanco, La Jabonera y La Noria, ya tienen iluminación LED al cien por ciento. Es una de esas acciones que quizá no generan grandes titulares, pero que sí modifican la percepción de seguridad y mejoran la calidad de vida de quienes habitan fuera de la mancha urbana.

El Gobierno Municipal adelantó que los trabajos continuarán en las comunidades que aún faltan por intervenir, con la meta de alcanzar una cobertura total de alumbrado LED en la zona rural del municipio.

Vendrá también la cobertura total de la zona urbana, pues el propio alcalde Bonilla ha mencionado que en la zona sur de la ciudad están a punto de levantar bandera blanca en este sentido.