A Tik Tok sí, pero a la CURP no

Turismo electoral en Coahuila

MPs indolentes por faltistas

Apenas el viernes pasado, en la entrega de GPS planteamos el cuestionamiento sobre el discurso oficial de la seguridad de autoridades municipales, estatales y federales y su papel real en comunidades como Carichí, de donde, al terminar el mes pasado, fueron levantados y asesinados tres empleados del ayuntamiento.

Llegaron respuestas unas horas después. El pueblo volvió a arder: ahora fueron vehículos incendiados, una vivienda reducida a cenizas, casas perforadas por balas y una comunidad obligada a suspender clases y cerrar la Presidencia Municipal porque el gobierno tuvo que hacerse a un lado para dejar pasar la narcoguerra.

La historia resulta todavía más escalofriante porque los hechos del domingo no son una casualidad, sino la continuación natural del levantón y asesinato del director de Seguridad y Protección Civil, Isidro Anchondo Martínez, y de las empleadas municipales Karla Yaneth Lerma Tecla y Brenda Jaqueline Madrid Vázquez.

De manera extraoficial apareció otra vez la disputa entre “Gente Nueva del Tigre”, ligada al Cártel de Sinaloa, y células de “La Línea”, brazo del Cártel de Juárez. Lo que menos importa es cuál de los dos grupos disparó primero, sino que ambos se sienten con la libertad suficiente para convertir un municipio entero en campo de batalla.

Porque no fue una ejecución lejos de la población, sino un combate abierto de horas, a plena luz del día, con vehículos incendiados dentro de la cabecera municipal, viviendas dañadas, la gente en pánico escondida en los últimos cuartos de sus casas y casquillos de fusiles .223 regados en las calles; y con autoridades que llegan cuando el ruido de las balas había terminado, como siempre.

La secuencia ya es conocida y hasta ridícula: primero una tragedia, después comunicados que la minimizan y luego los operativos conjuntos, con convoyes que sirven, a lo mucho, para la foto.

Mientras el alcalde priista Alejandro Gutiérrez andaba hace unos días en la CDMX y presumía reuniones partidistas, cargos en la CNC y supuestas gestiones, su municipio atravesaba uno de los momentos más oscuros de su historia reciente.

Aquella desconexión entre el falso optimismo politiquero y la realidad era evidente desde el asesinato de sus colaboradores. Hoy resulta aún más grotesca.

Si los criminales pueden secuestrar en la plaza principal al responsable de Seguridad y Protección Civil, asesinarlo junto con dos funcionarias municipales, desaparecerlos durante días y, una semana después, regresar para protagonizar una batalla campal en la cabecera municipal, entonces la nota ya no es la disputa por Carichí, sino su vil abandono como territorio del Estado mexicano. Como otros muchos más en Chihuahua.

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No existen condiciones para recuentos en sede administrativa en la elección realizada el domingo en Coahuila, basados en diferencias mínimas del uno por ciento; por ello, la apuesta de Morena no es el conteo voto por voto, sino la nulidad por irregularidades graves como el denominado "QRgate", compra de votos mediante códigos QR y supuestos pagos de 500 pesos.

Se atiene el partido guinda para superar el Andygate y preparar un "robo en la mesa", a los beneficios otorgados a los actuales magistrados del TEPJF, Mónica Soto, Felipe Fuentes y Felipe de la Mata hasta el año 2034, con lo cual podrían cumplir 18 años en el cargo, una auténtica casta dorada electoral.

La cruzada legal anunciada va entonces ante el Instituto Electoral de Coahuila y la FGR por coacción del voto; intervención de la Policía Cibernética para investigar las plataformas digitales presuntamente usadas por el PRI; y solicitudes a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para rastrear el origen de los recursos del operativo electoral priista.

Si allá brincaron de gusto los priístas, los panistas quedaron menos que borrados del mapa; obtuvieron los azules apenas 26 mil 872 votos, el 2.16% , uno de los peores resultados en la historia del partido en dicha entidad.

Los resultados son relevantes para Chihuahua no sólo por la cercanía, sino porque dejaron en claro la estrategia de operación política efectiva, pese a los millones en beneficios sociales otorgados por el gobierno federal.

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La mansedumbre ante los ministerios públicos demostrada en resoluciones como la de la magistrada Elizabeth Macías, al conceder una libertad en el caso aquel del atacante de Héctor Villasana y compañía, está cundiendo en el distrito judicial Morelos.

No es responsabilidad del fiscal de la zona Centro, Heliodoro Araiza, como algunos piensan.

Ahora resulta que los ministerios públicos deciden a qué audiencias asistir y a cuáles no, sin importar la programación de jueces penales, y estén debidamente citados el imputado, la víctima, y asesores jurídicos.

Simplemente no acuden, pretextando exceso de trabajo, cuando esa no es la excepción, sino la regularidad, con escritorios repletos de expedientes, muchos de ellos condenados al olvido en oscura gaveta, pero por lo mismo no debe ser argumento para evadir su obligación.

Esa conducta indolente parece encontrar apoyo directo en la coordinación de ministerios públicos, porque obligadamente debe darse cuenta de esas inasistencias y aplazamientos, en mínimo registro que debe llevar.

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Cuando los resultados favorables se repiten de manera constante a lo largo del tiempo, las encuestas dejan de ser una simple instantánea para convertirse en una tendencia.

Eso parece ocurrir con el alcalde Marco Bonilla en la reciente medición de Rubrum, que vuelve a colocarlo como el presidente municipal mejor evaluado entre las 31 capitales del país en desempeño gubernamental.

Chihuahua también aparece en los primeros lugares nacionales en servicios públicos y percepción de seguridad, dos de los rubros que más impactan en la vida cotidiana de las personas. La opinión ciudadana suele construirse desde experiencias concretas: una calle iluminada, un parque rehabilitado, una respuesta rápida ante una emergencia, una ciudad que funciona.

Quizá el dato más significativo sea que la evaluación positiva no descansa únicamente en la imagen personal del alcalde, sino en áreas que requieren resultados tangibles. Los servicios públicos no se sostienen con narrativa; la percepción de seguridad no mejora por decreto; la cercanía ciudadana no se construye desde una oficina. Son indicadores que demandan trabajo permanente y presencia en territorio.

A poco más de un año de que comience a definirse con mayor intensidad el escenario político rumbo a 2027, estos números adquieren una lectura adicional.

Más allá de las aspiraciones o especulaciones que inevitablemente surgirán, lo que muestran es que Marco Bonilla llega a esa etapa con un activo que pocos políticos pueden presumir: altos niveles de aprobación respaldados por indicadores de desempeño.

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Hay algo curioso en la indignación, llevada hasta el absurdo por personajes como el pluri “Pancho” Sánchez, por la obligación de registrar las líneas celulares ligadas a la Clave Única de Registro de Población (CURP).

Apenas se anunció la medida, obligatoria y con plazo fatal el último día de este mes, y comenzaron las advertencias sobre la “tecnodictadura”, la invasión a la privacidad, el riesgo de espionaje y hasta las comparaciones con regímenes totalitarios.

Empezaron hasta los amparos promovidos por gente como el legislador naranja, con la única certeza de que son declinados a juzgados especializados de la CDMX.

Y sin embargo, mientras se libra esta batalla contra el supuesto monstruo gubernamental, millones de mexicanos entregan alegremente todos los días información más valiosa a decenas de aplicaciones privadas. Sin protestar, sin leer términos y condiciones, sin preguntar nada, sin quejarse.

Así, Tik Tok sabe qué vemos, cuánto tiempo permanecemos en un video y cuáles son nuestras preferencias; Facebook conoce amistades, hábitos, relaciones y gustos; Instagram registra ubicaciones, horarios y consumos.

Google sabe todo, hasta lo que pensamos; Uber conoce nuestros recorridos; Amazon sabe qué compramos y para qué no nos alcanza. Netflix sabe qué películas nos agradan; Spotify conoce nuestros gustos musicales y una infinidad de aplicaciones “gratuitas” tienen acceso a fotos, contactos, agenda, micrófono, cámara, ubicación e historiales completos de navegación.

Pero cuando se pide asociar una línea telefónica con la CURP, pareciera que llegamos a una versión mexicanizada del Ministerio del Amor de George Orwell, aunque la realidad es que ya casi estamos ahí, pero no por un gobierno sino por intereses multinacionales más grandes.

Desde luego, la desconfianza hacia cualquier base de datos es comprensible. México tiene antecedentes suficientes para justificar los miedos y las filtraciones de información gubernamental tampoco son precisamente una leyenda urbana, son reales.

La preocupación es legítima, pues, pero también convendría aplicar un poco de sentido común. Si las compañías telefónicas ya conocen quiénes son sus clientes, la CURP ya existe y la credencial de elector también, el tema no es más que una causa vacía de quienes pretenden ganar votos aprovechándose de la ignorancia.