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Como la condición humana es capaz de ensañarse con la desgracia de otra persona, sin atisbo de compasión o prudencia.

Desde que inició la guerra de cancelar visas a personajes ligados presuntamente al crimen organizado, y a empresarios envueltos en escándalos de lavado de dinero, el señalamiento y la burla es la divisa de cambio para lapidarlos públicamente.

En lo que va del segundo mandato de Donald Trump, una de las decisiones más mediáticas y polémicas es la de cancelar las visas a funcionarios y empresarios mexicanos ligados al régimen del segundo piso de la transformación.

Ya perdí la cuenta del número de afectados con dicha política del republicano, pero les aseguro que son menos de las que presumen los contrarios a la 4T que, a diario anuncian la cancelación de la visa de fulano, mengano o zutano.

Los motivos que tiene el Departamento de Estado en la Unión Americana son diversos y siempre ha sido así, al menos lo sé desde que obtuve mi visa por primera vez allá por el año 1989.

Los que vivimos en entidades fronterizas con USA y contamos con la visa láser B-1 o B-2 para cruzar al norte del Bravo para ir de turistas o de compras sin internarse más allá de 25 o hasta 75 millas, según el estado norteamericano por donde se ingrese, entendemos algo de los trámites que se siguen para obtenerla.

Es sabido también que, para ir más allá de los límites permitidos, se necesita otro tipo de visado o permisos, como es el 1-94, el más común por el que la aduana estadounidense pide al solicitante que acredite ingresos y propiedades en México, y que no va a trabajar en su territorio.

Independientemente cuál sea el puerto de entrada, terrestre, marítimo o aéreo, se requiere visa y permiso para entrar a cualquier territorio norteamericano en el planeta.

En el caso de gobernadores o legisladores federales mexicanos, éstos cuentan con un pasaporte oficial expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores y son distintos al común de los ciudadanos de este país.

El jefe del Ejecutivo federal tiene el propio que lo acredita como tal y para sus viajes a otros países, es la diplomacia de ambas naciones las que arreglan ese tipo de visitas oficiales.

El cuerpo diplomático goza de otros privilegios como inmunidad personal -no impunidad- y soberanía de la sede.

En estos tiempos de relaciones peligrosas entre la segunda administración Trump y el segundo piso de la 4T, el retiro o cancelación del documento expedido por el Departamento de Estado para ingresar a su territorio ha involucrado sólo a políticos y empresarios de Morena.

No termino de comprender la razón por la cual se impide la entrada a personas ligadas a Morena a los Estados Unidos. Si se les relaciona con alguna investigación en curso por lavado de dinero o delincuencia organizada, mi lógica me dicta que les deberían permitir el ingreso y capturarlos para enjuiciarlos.

Ahora bien, de todas las presuntas cancelaciones o retiro de visas anunciadas por adversarios al régimen de la 4T y columnas de medios impresos importantes de Washington, Nueva York, Los Ángeles o Chicago, solo unas cuantas han sido confirmadas por el mismo Departamento de Estado o por el embajador de ese país en México.

Casi todas están relacionadas con investigaciones de delincuencia organizada y lavado de dinero, entre ellas la del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, la de la gobernadora de Baja California, de algunos alcaldes y legisladores federales. Todos de Morena.

El escándalo más reciente por esta razón es el de la dirigente estatal de Morena, Brighite Granados, a quien le habrían negado la entrada a territorio estadounidense.

Creo que no debe importarnos a los ciudadanos el estatus migratorio de cada persona, salvo que existan razones judiciales que acrediten la acción, que no evitaría la exposición pública al tratarse de un personaje con ese estatus.

Este asunto en particular me lleva a una declaración que hiciera hace muchos años Diego Fernández de Cevallos, excandidato presidencial panista que, en su momento, cuestionó el escarnio público al que fue sometido el exgobernador del PRI, Mario Villanueva Madrid.

Ese caso emblemático por ser de los primeros con mayor cobertura mediática, exhibió la saña con la que se puede destrozar a cualquiera, aun después de haber sido sentenciado, a una condena social permanente.

Y no sólo es el caso de Granados, también el de la senadora juarense en gestación, Andrea Chávez, la cual ha sido injuriada en su condición de mujer y próxima a convertirse en mamá.

Una cosa es debatir con fuerza sus posicionamientos políticos y otra cosa es meterse en asuntos personales, peor aun, involucrar a los no natos y a los infantes. Eso no se toca.

Soy de los que piensan que quienes defienden a Morena y a la 4T deberían entregar voluntariamente sus visas americanas en la embajada de la CDMX, en los consulados de EUA diseminados en nuestro país, o bien, en los puertos de entrada a la Unión Americana.

Sería un gesto de congruencia entre lo que piensan y lo que dicen respecto del gobierno de Estados Unidos. Para qué ir al país que tanto desprecian, mejor ayudar con dinero propio a las economías de Cuba, Venezuela, Nicaragua, Colombia o Brasil que sí son sus afines ideológicos.

Pero de ninguna manera puedo estar de acuerdo en ofender la dignidad humana.

No me parece de persona bien nacida jactarse de la desgracia personal de otra, mucho peor es referirse despectivamente a la concepción de la vida y al nacimiento de un ser.

No debemos permitirlo porque no somos iguales.

Hagamos la diferencia.

Es cuanto.