-Corral, otra derrota con retirada procesal
-Novatearon a guindas los de casa -Doblemente dañina impunidad en GNEn medio de una aparente desescalada de las tensiones políticas Estado-Federación, el Gabinete de Seguridad sorprendió con el desmantelamiento de otro narcolaboratorio, pero ahora a escasos minutos de la zona urbana de la ciudad de Chihuahua, donde hay mucho trajín de policías de todas las corporaciones y militares.
No se trató de una cocinita improvisada en algún punto lejano de la inmensa Sierra Tarahumara, sino de ocho reactores de síntesis orgánica, una centrifugadora, decenas de costales de ácido tartárico, cianuro, tanques de gas y un centro adicional de almacenamiento de precursores químicos. El golpe fue dado por agentes de la Guardia Nacional, el Ejército y un grupo especial ministerial de la Fiscalía General de la República. Ni la Fiscalía ni la Secretaría de Seguridad Estatal, mucho menos la Policía Municipal, fueron llamadas al operativo, tal vez por el “elevado” nivel de confianza entre las corporaciones. Eso explica por qué las instancias federales fueron tan parcas y difusas en la información que hicieron pública, pues no supieron precisar en qué parte de la capital estaba el narcolaboratorio y menos dieron a conocer cómo fue que dieron con él, seguramente sin apoyo alguno de las agencias de EU, que siempre saben santo y seña de los puntos de interés que tienen en México. Ahora sabemos, gracias a información extraoficial, que el laboratorio clandestino estaba en la sierra de Majalca, a unos minutos de la carretera a Cd. Juárez, por la entrada a ejido Ocampo, apenas después de la caseta de Sacramento. Aunque no hubo detenidos -para variar, así ha sido con las cocinas de metanfetaminas de Moris y Morelos- las versiones apuntan a que la ubicación y desmantelamiento exhibieron quién es el dueño o dueños de la plaza de Chihuahua y de qué tamaño son sus conexiones como para atreverse a operar en las puertas de la capital. En los círculos de seguridad señalan que el narcolaboratorio era operado por la gente de Salvador Humberto S.V.M, alias “El Verín” o “El Señor de la V”, apenas enviado de Aquiles Serdán a un Cefereso a inicios de mayo de este año; y de su superior en la facción del Cártel de Sinaloa dominante en la ciudad, Edgar P., mejor conocido como “El Capu”, objetivo prioritario (¿o protegido?) de varias corporaciones. Pero más allá de eso, un laboratorio de esa escala no aparece de la noche a la mañana. Requiere inversión millonaria, logística, transporte de químicos, seguridad, almacenamiento y una red de distribución que no puede explicarse sin complicidades de autoridades. El atrevimiento de tenerlo en el patio trasero de la ciudad (o vistoso jardín delantero, si se toman en cuenta las mansioncitas de fin de semana que hay en Majalca), tampoco puede entenderse sin esas complicidades que exhiben, pues, quién manda en la plaza.***
Tras meter sus manos sucias a Chihuahua para alimentar su ego y sumarse al golpeteo contra su sucesora Maru Campos, el exgobernador Javier Corral, traidor de los panistas para ganarse el fuero de Morena, decidió bajarse del ring antes de seguir una batalla de antemano perdida en la Fiscalía de la Ciudad de México.
El senador anunció su desistimiento de la impugnación que había promovido contra la determinación de no ejercicio de la acción penal relacionada con su frustrada detención en la CdMx. Lo anunció, según él, como un acto de congruencia frente a la “manipulación política” del caso, sin embargo, la verdad es que no tenía sentido seguir un litigio que desde el origen estaba jurídicamente endeble. Durante meses, Corral y sus defensores sostuvieron que detrás del operativo del 14 de agosto de 2024, cuando estuvo a punto de ser detenido por corrupción, existía una persecución ordenada desde Palacio de Gobierno, por lo que llegó a la sinrazón de acusar a Campos Galván hasta de secuestro. Revivió el caso justo cuando la FGR, Morena y Palacio Nacional atizaban causas contra la panista. El problema es que la diligencia fue ejecutada por autoridades ministeriales autónomas, de la Fiscalía Anticorrupción del Estado, y al final del día, quien impidió la detención fue la propia Fiscalía de la CdMx, encabezada por Ulises Lara, hoy fiscal-vocero de la FGR a cargo de los casos contra la gobernadora. Ahora, al retirar la impugnación, Corral pretende convertir una retirada procesal obligada en discurso de congruencia, en aras de ocultar otra derrota moral y política que la realidad le propina. El desistimiento deja firme una resolución que no encontró elementos para proceder por los hechos denunciados. Después de todo el ruido, el caso concluye exactamente donde empezó: sin pruebas para sostener la tesis de una conspiración encabezada por la mandataria estatal contra la eterna víctima, Corral Jurado. Pobre senador morenista, provoca lástima y hasta penita ajena. Ha caído tan bajo que lo traen de mandadero con su colega Enrique Inzunza, acusado de narcotráfico en EU, pero protegido con el fuero de la 4T, y lo usan como desechable para echarle montón a su excompañera del PAN, para luego tener que desistirse.***
La información que ocupó la parte central de la edición de El Diario ayer pone sobre la mesa una realidad que muchos chihuahuenses observan desde hace tiempo.
Mientras el gobierno federal insiste en destacar la participación de la Guardia Nacional en la disminución de ciertos indicadores delictivos, la percepción ciudadana dista mucho de coincidir con ese discurso. En la práctica, los operativos más relevantes contra la delincuencia organizada suelen ser encabezados por otras corporaciones. Particularmente por la Policía Municipal y la Agencia Estatal de Investigaciones, que son las que mantienen una presencia constante y visible en el combate a los delitos de alto impacto. Resulta especialmente grave cuando elementos de una corporación encargada de proteger a la población aparecen involucrados en conductas que vulneran precisamente los derechos de los ciudadanos, como es el caso de la denuncia contra cinco elementos de la Guardia Nacional que habrían protagonizado una violación contra una mujer. Uno de ellos está detenido. Cada caso de abuso, exceso o actuación indebida erosiona la confianza pública y afecta no sólo a los responsables directos, sino a la institución completa. La situación recuerda episodios que México ya vivió con otras corporaciones federales cuya reputación terminó marcada por escándalos, abusos y señalamientos de corrupción. La lección debería estar aprendida: la legitimidad de una fuerza de seguridad no se construye sólo con presencia territorial, sino con disciplina, transparencia y rendición de cuentas.***
El exsenador chileno y exsecretario general de la OEA, José Miguel Inzulza, ha sido un crítico constante de las políticas adoptadas por el presidente Donald Trump.
Parte Inzulza de que el retorno de Trump a la Casa Blanca ha significado la aceleración de una crisis internacional profunda que debilita el multilateralismo y desestabiliza Latinoamérica. Muy lejos, considera Inzulza, está Trump de una diplomacia tradicional de equilibrios, sino una estrategia puramente transaccional y corporativa, por ejemplo, con una fría operación de extracción de gobernantes en Venezuela para asegurar el control del petróleo, dejando a un lado a María Corina Machado, una líder natural. Pues viene el político chileno a Chihuahua a disertar precisamente de las relaciones EU–América Latina en el contexto de la Presidencia de Donald Trump, en momentos de delicadeza extrema, por el discurso del fin de semana de la presidenta Sheinbaum por injerencismo norteamericano y su rechazo a entregar al exgobernador Rubén Rocha por falta de pruebas. Estará el diplomático el martes 9 de junio a las 11:00 horas en el poli fórum de la Facultad de Filosofía y Letras, para sostener un diálogo académico y necesariamente político. Imperdible.****
Hace tres o cuatro semanas la discusión era por la falta de notificación personal, obligada en todos los procedimientos, advirtiendo mediante prevención la necesidad de ratificar la denuncia de juicio político contra la magistrada Elizabeth Macías, por parte de los abogados Héctor Villasana, Enrique Muñoz y Eloy Soto.
Debieron tragar sapos los agredidos por Fernando “El Chapito/El Chino” Ramírez, porque les fue desechada su denuncia, por este detalle de procedimiento. Nadie en el legislativo dijo ni pio, incluso la bancada guinda guardó sepulcral silencio, teniendo la oportunidad de retomar el asunto, hasta por deporte. Eso exhibe los insospechados niveles de “acercamiento” del liderazgo parlamentario guinda con el PRIAN. Pues ahora les tocó a ellos bailar con la misma, pero en el Congreso de la Unión, donde les fue también desechado el juicio político solicitado contra la gobernadora, con la misma receta, la falta de ratificación que en automático debieron hacer. Salió Cuauhtémoc Estrada con el mismo argumento, que jamás se les notificó la necesidad de ratificar. Ternuritas, la cuestión es que vino el descontón desde su misma casa guinda que gobierna la Cámara de Diputados tanto en los votos como en los entresijos de las áreas técnicas, donde vieron pasar el oso y callaron.