Alcaldesa morenista contra la pared
Terminaron puente 15 días antes 20 inmuebles en antesala de demoliciónEl fraude de Aras Investment Business Group, la herida financiera más profunda en la historia, ha entrado en una fase de surrealismo jurídico tras el anuncio de la liquidación de bienes para reparar el daño a las víctimas.
Aunque había decenas de inmuebles originalmente asentados en el Registro Público de la Propiedad, apenas serán unos 30 los que irían a eventual remate; 20 serían los primeros, según el anuncio del liquidador, el abogado Luis Alberto Benavides Rojas, cuestionado representante de la empresa moral sentenciada en tribunales. Sin embargo, ni eso está decidido, ya que todo parece un juego de ajedrez con recursos de todo tipo en los juzgados, así que la reciente convocatoria para recibir propuestas de compra sobre los inmuebles asegurados no es el principio del fin, como ha pretendido presentarse por abogados y la Fiscalía del Estado. El inventario total estimado por el abogado de un grueso de afectados, Felipe Acosta, apenas rasca los 34 bienes, cifra ridícula y ofensiva si se compara con los más de 70 inmuebles documentados originalmente o con el boquete financiero dejado a los cuatro mil 355 afectados reconocidos en la sentencia firme. La postura que defienden Benavides y Acosta sostiene la premisa de la urgencia social y el pragmatismo humanitario para zanjar el asunto y hacer justicia a las víctimas. Justicia al 10 por ciento menos de su valor real. El argumento central es que la apertura de esta convocatoria -avalada formalmente por el Tribunal de Ejecución de Penas- representa el único mecanismo real, transparente y competitivo para monetizar el patrimonio asegurado antes de que los inmuebles se devalúen, sufran vandalismo o sigan congelados en el abandono. No obstante, el optimismo institucional y de los abogados se estrella contra el muro levantado por Ericka Jasso, representante legal de Aras y de su exdirector general, Armando Gutiérrez, tan bien escondido que nadie ha podido ubicarlo y arrestarlo. Su postura no puede ser ignorada a la ligera, por más impopular que resulte. Jasso ha sido tajante con que no procederá la venta; sus razones pegan directo a la médula del sistema de justicia, con el alegato de que no se respetó el debido proceso desde el comienzo del juicio contra Aras, dado que Benavides fue, pero ya no era en ese momento, su representante legal. De esta forma, todo el juicio, desde su inicio, podría invalidarse en algún momento y, al encontrarse en la indefinición ahora en tribunales federales, la venta puede resultar inválida... si es que llega a realizarse, porque no son chicles o enchiladas como para rematarlas en un tianguis. Así el toque surrealista que nunca deja de caracterizar a la justicia en el estado.***
Mientras en el Instituto Estatal Electoral avanza una denuncia contra la alcaldesa morenista de Guadalupe y Calvo, Ana Laura González Ábrego, por entregar miles de despensas con su foto, en la Secretaría de Seguridad Pública Estatal no le quitan el ojo de encima, a pesar de la protección que goza por la Guardia Nacional.
La falta documentada de la presidenta municipal en el ramo electoral puede ser -de acreditarse, como es muy posible debido a la difusión oficial de la entrega de apoyos asistenciales para promover su imagen- puede traerle consecuencias graves, al grado de que ya se habla de su relevo en el cargo. Cortesía del PRI, la denuncia evidenció el uso descarado de recursos para la promoción personalizada, lo que puede derivar incluso en responsabilidades penales. Si a eso se le suman señalamientos que ya directamente han hecho la gobernadora Maru Campos y el secretario de Seguridad, Gilberto Loya, sobre los obstáculos que ha puesto para la operación de la Plataforma Centinela, entre otras acciones sospechosas que podrían indicar la protección a criminales, González Ábrego queda contra la pared para el año que le resta en el poder. Políticamente, desde luego, la tiene blindada la 4T, no por nada la numerosa escolta de la Guardia Nacional que la cuida día y noche, pero en algún momento puede pesar más de lo que representa para la causa morenista, donde tampoco tiene todos los vientos a su favor. De ahí las versiones de que puede estar en marcha su relevo, antes incluso de que le pueda llegar un golpe de poder desde la capital del estado, con cualquier cosa que le puedan demostrar de los varios señalamientos que enfrenta.***
La conclusión del paso superior en el cruce de la avenida Fuerza Aérea y la carretera a Aldama fue concretada con más de una semana de anticipación respecto al plazo original de 10 meses establecido en octubre de 2025.
La apertura formal, programada para el próximo miércoles cinco de agosto a las 17:00 horas, beneficiará a más de 350 mil habitantes. Especialmente ayudará a dar tranquilidad a quienes habitan en Romanzza, Praderas de León y Los Leones, así como a quienes estudian en el Colegio de Bachilleres Plantel 21 y la Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur, con reducción de entre 12 y 15 minutos en sus tiempos de espera y traslado. El puente asumirá el desfogue de una carga simultánea que promedia el paso de 1,500 automóviles por hora con trayectoria de salida hacia Aldama y 2,500 unidades que ingresan a Chihuahua en las horas pico. Fueron eliminadas con dicha obra las tres fases de semáforo para permitir un cruce directo sobre el paso superior en un tiempo estimado de 45 segundos, y en la glorieta inferior con un promedio de 1.5 minutos. Indudables los beneficios, incluso para los miles de usuarios del aeropuerto internacional Roberto Fierro.***
No tuvo el municipio que hacerle manita de puerco al propietario de un inmueble, muy deteriorado y utilizado como picadero, para que accediera a la demolición.
Localizado en pleno centro de la ciudad, en la segunda y Niños Héroes, en el famoso Barrio San Pedro, el añejo edificio de varios pisos, volvió a ser escenario de hechos delictivos; en esta ocasión, fueron detenidos cinco hombres y dos mujeres en posesión de droga. Hay antecedentes, como disparos con arma de fuego y la recuperación de una moto con número de serie borrado. La zona es más que roja, pese a ser literal el patio trasero del Tribunal Superior de Justicia. De hecho, el inmueble iba a ser demolido aún sin la autorización del dueño, porque estaba acreditado el riesgo estructural, pero accedió de buena gana a ello. No es el único edificio ni casa vieja en la zona ni en el primer cuadro de la ciudad, en estas condiciones. Hay cerca de 62 inmuebles, 20 de ellos en condición deplorable, pero como la mayoría requieren autorización del INAH para demolición o modificación, los asuntos ahí se han quedado, durmiendo el sueño de los justos, siendo escenario de delitos y riesgo para vecinos y transeúntes.***
Como una posible "Ley Mordaza", Marco Bonilla colocó sobre la mesa una preocupación que rebasa las fronteras de Chihuahua y que hoy ocupa el debate nacional, ¿hasta dónde puede llegar el Estado en la regulación de los contenidos de los medios de comunicación sin afectar la libertad de expresión?
El Gobierno Federal sostiene que los nuevos lineamientos buscan garantizar que las audiencias distingan con claridad entre información, opinión y publicidad, además de fortalecer mecanismos de ética y atención a las quejas del público. En principio, nadie podría oponerse a brindar mayor certeza a quienes consumen contenidos informativos. Sin embargo, la inquietud surge cuando esas facultades regulatorias pueden abrir la puerta a interpretaciones discrecionales. La historia demuestra que el riesgo para la libertad de expresión rara vez comienza con una prohibición absoluta; normalmente inicia con regulaciones que, bajo el argumento de proteger un derecho, terminan convirtiéndose en herramientas para influir sobre la línea editorial de los medios. Ese es precisamente el punto que Bonilla decidió enfatizar. Sus declaraciones fueron contundentes al advertir que el país no debe transitar hacia un modelo donde la comunicación pública termine favoreciendo únicamente la narrativa oficial. Es una postura política firme, alineada con la preocupación que han expresado diversos representantes de medios de comunicación, legisladores y especialistas que consideran indispensable mantener una absoluta independencia frente al poder.