“No le corresponde a la presidenta decir quién es culpable o no”

Claudia Sheinbaum

Ciudad de México .-Apenas ha pasado un año, pero la posición de la presidenta Sheinbaum ha cambiado. El 22 de julio de 2025, cuando se le preguntó en la mañanera sobre la responsabilidad del exgobernador de Tabasco, el morenista Adán Augusto López, por el nombramiento de Hernán Bermúdez Requena como secretario de seguridad del estado, hoy procesado por su participación en el grupo criminal de La Barredora, respondió, con respeto a la presunción de inocencia, que no le toca a la jefa del ejecutivo declarar culpables o inocentes.

En los últimos días, sin embargo, la mandataria ha dedicado espacios importantes de su mañanera a hablar sobre la aprehensión de Ernesto Ruffo, gobernador de oposición de Baja California de 1989 a 1995. Ayer dijo que el caso ya "está juzgado", lo cual es falso; el proceso apenas comienza.

En dos ocasiones ha expresado que hay "muchísimas pruebas" en su contra. También la fiscal general Ernestina Godoy violó la presunción de inocencia del acusado al afirmar que es el jefe de "la más grande red de contrabando de combustible detectada hasta el momento".

La verdad es que no podemos saber si hay muchísimas pruebas porque las audiencias, a pesar de que por ley deben ser públicas, se llevaron a cabo a puerta cerrada. De lo que conocemos, es claro que Ruffo era accionista minoritario de una empresa llamada Ingemar que hacía trámites para la importación de combustibles, aunque no los transportaba. También sabemos que Ruffo no manejaba esa firma.

Cuando se le pidió presentarse a declarar ante la FGR, lo hizo. Nunca pretendió escapar; vivía sin escoltas, virtualmente retirado, en su casa de Ensenada, sin mostrar ningún signo de la riqueza que tendría el capo mayor del huachicol fiscal.

No sorprende que tanta gente afirme que Ruffo es un preso político. La presidenta ha dicho que la aprehensión "no tiene nada que ver con un tema político, es un tema criminal". Sin embargo, el trato que se la ha dado, la violación de su presunción de inocencia, la búsqueda de una juez de acordeón que obsequiara las órdenes de aprehensión que un juez de carrera había negado, las audiencias en secreto, la negativa a la prisión domiciliaria pese a tener más de 70 años, la reclusión en una de las peores cárceles de alta seguridad del país y la andanada de ataques de los portavoces de la 4T para convencer al público de que Ruffo ha sido ya juzgado y condenado, sugieren que sí se trata de un preso político.

No es el primero. Rosario Robles estuvo tres años en la cárcel por una acusación de ejercicio indebido del servicio público que no ameritaba prisión preventiva oficiosa, pero que le decretó el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, sobrino de Dolores Padierna.

Jesús Murillo Karam fue acusado de desaparición forzada por haber presentado una hipótesis sobre el caso Iguala que todas las pruebas sugieren fue la correcta y por haber detenido a los responsables del secuestro y asesinato de los normalistas de Ayotzinapa en Iguala y Cocula el 26 septiembre de 2014.

A Jorge Antonio Sánchez Ortega lo acusó el expresidente López Lobrador de ser el segundo tirador contra Luis Donaldo Colosuio en 1994, sin importar que las pruebas periciales habían demostrado que Mario Aburto hizo los dos disparos y que Sánchez Ortega no se encontraba cerca del candidato para dispararle a quemarropa.

Robles y Sánchez Ortega han sido ya exonerados por los tribunales. Murillo Karam no ha sido condenado después de dos años. El proceso de Ruffo apenas comienza. Son algunos de los presos políticos de la 4T.

Refinería

La refinería ilegal de Reynosa tenía siete tanques de almacenamiento verticales visibles a la distancia y se encontraba a solo 1.5 kilómetros de un cuartel de la Guardia Nacional. Nadie se dio cuenta. Y nos dicen que Ruffo, sin contactos en Aduanas o en la Guardia Nacional, era el rey del huachicol. ¿Quién se los va a creer?