El debate en torno al nuevo hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para Chihuahua, siempre prometido y nunca cumplido, acabó convertido en una extraordinaria cortina de humo, luego de las excusas, acusaciones y culpas que se echaron el propio organismo, autoridades locales, partidos y empresarios.

Tonos elevados, abundancia de declaraciones, acusaciones cruzadas y hasta anuncios espectaculares se han multiplicado, pero al final de tanto ruido el sexagenario Hospital Morelos es el único de ese nivel en la capital del estado, pese a que la ciudad, el empleo y la demanda han crecido a un ritmo que lo rebasó hace décadas.

¿Por qué Nuevo León cuenta con una gran red médica y destaca por el nuevo Hospital General Regional en Santa Catarina y unidades de alta tecnología en el área metropolitana? ¿Por qué Sonora posee una fuerte presencia con nosocomios en Hermosillo, Ciudad Obregón (incluyendo alta especialidad) y obras en marcha como en San Luis Río Colorado?

¿Por qué Coahuila sobresale en el mapa nacional del IMSS por el desarrollo de grandes hospitales generales regionales (como el proyecto de Saltillo, ciudad con menos población que Chihuahua para ampliar la atención a miles de derechohabientes) y es donde acaban enviados los chihuahuenses con padecimientos más complejos?

Después de la alharaca de las últimas semanas, el problema original permanece exactamente igual que como estaba hace casi tres décadas, cuando comenzó a ser notable la crisis de atención médica y de medicamentos, ahora recurrente, constante.

La polémica de los últimos días gira alrededor de una campaña del PAN que colocó espectaculares con la frase “IMSS y nada es lo mismo”. Agresiva, cierta y hasta insultante crítica -así la sintieron algunos-, claro que sí, pero finalmente una tapadera del abandono que no comenzó con la 4T, sino que tiene décadas gestándose.

Pasaron múltiples gobiernos locales del PRI y el PAN; desfilaron decenas de líderes empresariales que jamás se interesaron de verdad, o si lo hicieron no fue con con el mismo empuje que tuvieron los de Coahuila y Nuevo León, y nunca tuvieron éxito en la gestión de una obra necesaria y urgente hace mucho tiempo.

Pasaron también los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, cuyas administraciones jamás presupuestaron un nosocomio para la capital. IMSS y nada es lo mismo, tal vez, pero no es de ahora nada más.

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En medio de este debate más reciente, llegaron las respuestas y el compromiso de inversión del director del Seguro Social, Zoé Robledo, tras discreta visita a Chihuahua; las declaraciones de empresarios, las réplicas de la gobernadora Maru Campos y hasta el posicionamiento del delegado, Julio Mercado, promovido ampliamente por su vocera, Silvia Macías, entre nuevas rondas de acusaciones mutuas.

La discusión política se comió al verdadero tema; nadie ganó el debate y permanece la gran interrogante: ¿cómo es posible que una ciudad que desde hace más de 20 años necesita un segundo nosocomio general siga con exactamente el mismo Hospital Morelos como principal infraestructura hospitalaria del Seguro Social? ¡Ciudad Juárez tiene ya un nuevo hospital!

Pero esta es una historia casi trágica de responsabilidades compartidas. El Morelos dejó hace mucho tiempo de ser suficiente y no hace falta consultar estudios especializados para advertirlo. Basta recorrer sus pasillos, observar las filas interminables, escuchar las quejas de los derechohabientes que esperan durante horas para una consulta, durante meses para una cirugía o durante semanas para conseguir una cama en piso. Su personal malhumorado.

El crecimiento industrial de Chihuahua cambió por completo la dimensión del problema y así lo ha analizado y revisado el sector empresarial. Alejandro Lazzarotto, líder de los comerciantes organizados e integrante del Consejo Consultivo del IMSS, recuerda que la necesidad comenzó a notarse desde mediados de los años noventa, cuando inició la expansión maquiladora en la capital.

Vino la multiplicación de parques industriales que surgieron como producto de una política económica estatal y nacional que vio en la inversión extranjera la oportunidad de crecer, generar miles de nuevos empleos y de ingresos a la formalidad.

De 1990 a la fecha hablamos del doble de empleos, el doble de familias, el doble de población (de alrededor de medio millón a más del millón de habitantes de la actualidad), el doble de derechohabientes, el doble de cuotas de empleados y patrones... pero la capacidad hospitalaria del IMSS no se ha duplicado.

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Con la misma infraestructura hospitalaria para la atención especializada -sin contar clínicas familiares y otros complementos menos complejos- el resultado era previsible.

Más pacientes, las mismas camas; más consultas, los mismos quirófanos; más presión sobre un hospital que hoy supera ya los 65 años de existencia y si no está igual al modelo original proyectado en maquetas, no tiene más que algunos parches y adhesiones emergentes, no estructurales.

Es decir, no es un fenómeno que haya aparecido de repente junto con los espectaculares que el PAN colgó por la ciudad, con la obvia intención de sacarle rendimientos electorales.

Es un problema anunciado durante décadas y desatendido, tal vez por el centralismo político imperante, el importapoquismo de gobiernos locales que han ido y venido y una clase empresarial que no siempre se ha preocupado por el bienestar de sus trabajadores que le ayudan a generar riqueza.

Así, no debe ser sorprendente que Chihuahua necesite otro hospital ni que todos coincidan en ello, como lo han hecho los empresarios y sus cámaras, los gobiernos municipal, estatal y federal, el propio IMSS y los especialistas de la salud. Nadie discute el diagnóstico.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Leopoldo Mares, sostiene que Chihuahua está a punto de alcanzar un millón de trabajadores afiliados al Seguro Social y que las cuotas obrero-patronales rondan los dos mil quinientos millones de pesos mensuales.

Desde esa óptica, argumenta, los números justifican plenamente un nuevo hospital. El propio IMSS no ha negado esa necesidad, al contrario. El delegado Julio Mercado afirma que el proyecto existe y que el principal problema ha sido encontrar un terreno jurídicamente viable.

Es decir, todos aceptan que el hospital hace falta, lo único que cambia es la explicación de por qué sigue sin construirse y es donde comienza el perverso juego favorito de la política: el reparto de culpas y el traslado permanente de responsabilidades, sin la mínima disposición a la autocrítica efectiva.

Por eso el Gobierno Federal señala que no ha existido un predio que cumpla con todos los requisitos técnicos y legales, pero el Gobierno del Estado sostiene que sí ha ofrecido alternativas y acusa al IMSS de incumplir; en tanto, el Ayuntamiento carga con el antecedente de un terreno cuya donación terminó frustrándose por conflictos de propiedad. La nada y esto es lo mismo, para parafrasear el autocomplaciente ataque panista.

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Mientras el PAN responsabiliza a Morena por el abandono del sistema de salud, como si eso fuera algo nuevo y no tuviera décadas gestándose; y Morena responde que los gobiernos locales nunca entregaron un terreno adecuado, como si con eso resolviera el deterioro generalizado del sector, la realidad es que argumentos y razón a todos les sobran, pero ninguno puede presumir manos completamente limpias.

Han pasado administraciones municipales, cambiado legislaturas, transcurrido distintos ejercicios presupuestales, desfilado funcionarios y dirigentes empresariales, pero el hospital sigue en calidad de promesa.

Eso, más que una responsabilidad exclusiva de alguien, es la suma de todas las omisiones acumuladas. Así, en el conflicto actual, sería ilógico cargar la responsabilidad de que no se ha hecho un hospital por una reciente campaña política-publicitaria del PAN en contra.

Si un proyecto estratégico de siete mil millones de pesos puede caerse por unos cuantos espectaculares, entonces nunca estuvo consolidado. Y si una visita del director del IMSS modifica el destino de una inversión pública únicamente porque un partido político criticó al instituto, el problema sería todavía más grave.

Las grandes obras públicas no deberían depender del estado de ánimo de los funcionarios o las estrategias político-electorales, sino de estudios técnicos, planeación, presupuestos y prioridades nacionales. Además, el hecho de que sean denunciadas las deficiencias del IMSS no exime al gobierno de construir infraestructura.

Así, después de tantos años, la discusión ya no debería centrarse en determinar quién retrasó más el proyecto o quién ha sido más incompetente, sino en impedir que dentro de otro año, u otros 20, alguien tenga que volver a pasar los ojos sobre estas mismas líneas y leer las mismas quejas que los periódicos, obligados a darles voz a quienes no la tienen, han repetido durante las últimas décadas.

La enfermedad es de atención urgente y no puede esperar a una cita de otros tres, cinco o 10 años, como si se tratara de una cita de especialista de esas que agendan, precisamente, en el Morelos, a la espera de que mejor se muera el paciente.