Inundados y olvidados atrás de Pensiones

Hace agua la famosa PNT por caídas

De nuevo por justicia en USA los LeBaron

La reestructuración de la segunda instancia del Poder Judicial del Estado ha sido presentada como una Red Estatal de Magistraturas, con innovaciones de justicia digital, expedientes electrónicos, videoconferencias, mayor capacidad de respuesta y criterios más uniformes.

La idea parece, en el papel, perfectamente consistente con la tendencia que siguen los sistemas judiciales modernos, porque nadie en su sano juicio puede creer que la justicia deba permanecer anclada a los archivos físicos o a la presencia obligada de un magistrado detrás de un escritorio para que exista un tribunal.

Sin embargo, lo que el Tribunal Superior de Justicia ha decidido hacer esconde otro hecho que va más allá de la modernización presumida. Es la recentralización de la justicia, al traerse a la capital, en la práctica, a los magistrados del Distrito Hidalgo, con sede en Parral, Yamil Athié y María Elizabeth Macías Márquez.

De forma simplista, en el foro jurídico estatal hay quienes aseguran que la medida es únicamente para favorecer al magistrado Athié Gómez, quien siempre renegó de haber sido asignado a una sala regional en Parral, cuando será el sucesor de la magistrada presidenta, Marcela Herrera, al finalizar su periodo.

El acuerdo sería, pues, para evitar que los pobres magistrados tengan que estar en aquella ciudad en vez de la capital, donde se concentra la grilla y la lucha política estatal.

Sería de plano un gran sinsentido construir todo un complejo conceptual modernizador para ocultar ese solo hecho, pero los magistrados del acordeón que llegaron con la reforma judicial tampoco han dado muestras de tener muchas luces intelectuales.

El acuerdo del Órgano de Administración Judicial parece apostar a un modelo distinto, en el que segunda instancia dejaría de depender de una geografía específica y pasaría a operar como una red integrada donde lo importante no sería la ubicación física de los magistrados, sino la digitalización de la justicia, que llevaría a mejorar sus resultados.

Administrativamente parece tener lógica el razonamiento. Pero la lógica se rompe al ver que Juárez (Distrito Bravos), con mayor población y demanda de justicia, tiene apenas nueve de las 29 salas penales, civiles y familiares, mientras el resto se concentran en Chihuahua, porque ya ni siquiera hay dos en Parral.

Es aquí donde la reestructura se vuelve más cuestionable. Parral se queda sin salas por la modernización recentralizadora (después de la fase de descentralización), pero en Juárez sí se mantienen sus salas, las cuales son poquísimas en relación a las que hay en la capital. Así de inexplicable.

Quizá el mayor error del Tribunal Superior no sea la decisión sino la manera de comunicarla, como una reorganización profunda y compleja con la que, para colmo de contradicciones, nada cambiaría, pero sí cambiaría. Otra tacha en la misión de generar confianza.

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No alcanzaron el nivel de fatalidades, como en otro sector de la ciudad afectado por las lluvias del miércoles, pero en las calles ubicadas en la parte trasera de Pensiones Civiles del Estado los vecinos sufrieron inundaciones y reavivados temores por la fuerza del agua.

Ya son unos 15 años en que comerciantes, trabajadores de PCE y dueños de las casas entre la avenida Colón y las calles 31 y Ejército Mexicano, padecen y denuncian peligrosas inundaciones debido a que el caudal de agua que baja hacia el Chuvíscar se estanca en el sector.

Las alcantarillas en la plazuela ubicada entre los edificios de Pensiones y su estacionamiento resultan insuficientes -sea porque nadie las limpia o porque no tienen capacidad- para desfogar el agua, que se desborda hacia los inmuebles, en los que realmente son pocos los habitantes, dado que la mayoría son negocios u oficinas gubernamentales.

Las fotos que mandan los afectados (pueden verse en la edición digital de GPS) dan clara muestra del problema con las lluvias de antier en el sector.

Pero, tras tanto tiempo de denuncias desatendidas e ignoradas, al parecer las autoridades involucradas, de los tres niveles de gobierno, van a optar por esperar a que ocurra una tragedia, que una persona muera o sea arrastrada, para atender el reclamo.

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De por sí, está batallando el Ichitaip para que los sujetos obligados cumplan con las medidas de apremio y atiendan las solicitudes de información, y ahora resulta que la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) falla y es pretexto para incumplimiento.

Dicha plataforma es el motor de la transparencia a nivel nacional, utilizada por todos los sujetos obligados del país, y alberga millones de datos en solicitudes de información que son una verdadera riqueza para la rendición de cuentas.

Pues ese funcionamiento intermitente ya provocó que en junio fueran suspendidos los plazos oficialmente por el Instituto Chihuahuense de la Transparencia, para que los sujetos obligados puedan cumplir con responsabilidades de transparencia, precisamente porque esas fallas son el argumento ideal para incumplir.

Desde la desaparición del órgano constitucional autónomo especializado INAI, ahora es una simple oficina de la Secretaría Anticorrupción federal, la que hace las funciones del desaparecido Instituto Nacional de Acceso a la Información.

Es la primera vez que son suspendidos plazos por intermitencias, porque la actualización del software se ha realizado a marchas forzadas, y en el camino, sin planeación, casi sobre las rodillas.

Ojalá exista un respaldo de todos esos millares de terabytes archivados y no vayan a salir al rato con que todo se perdió.

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A siete años de la masacre de nueve integrantes de la familia Miller y Langford, Dawna Ray Langford (43 años), Christina Marie Langford Johnson (31 años), Howard Jacob Miller, Jr. (12 años) Krystal Bellaine Miller (10 años), Titus Alvin Miller (8 meses), Tiana Gricel Miller (8 meses), Trevor Harvey Langford (11 años) y Rogan Jay Langford (2 años), los LeBaron intentan de nuevo acciones del lado norteamericano, ante los nulos avances y la impunidad existente en México.

Todo ello gracias a información obtenida en la famosa filtración de Guacamaya Leaks, cuando los hackers ingresaron a servidores informáticos de SEDENA, y que sigue dando material periodístico y de denuncia.

Resulta que encontraron en dichas filtraciones que funcionarios de la FGR habrían sembrado pruebas en las investigaciones del crimen ocurrido el 4 de noviembre de 2019.

Los LeBaron pretenden que se aplique la Ley Global Magnitsky, una legislación que permite a EU sancionar a extranjeros responsables de graves violaciones a los derechos humanos y corrupción.

No es la primera vez que los LeBaron acuden a la justicia norteamericana. Al poco tiempo del crimen múltiple, pidieron la intervención estadounidense para declarar como terrorista al Cártel de Juárez, contra quien obtuvieron una demanda millonaria en Dakota del Norte, por cuatro mil 600 millones de dólares.

Apenas hace unos días, inclusive, buscaron que el juez que condenó a “El Mayo” Zambada, facilite la lista de propiedades para sancionarlo también, porque aseguran brindó apoyo al Cartel de Juárez en la masacre de seis niños y tres mujeres.

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Todo apunta a que Manque Granados decidió entrar de lleno a la competencia rumbo al 2027.

La diputada federal formalizó su intención de ir por la candidatura del PAN a la alcaldía de Chihuahua y, mientras eso ocurre, continúa sumando respaldos dentro del panismo. Esta semana encabezó un encuentro con decenas de militantes que cerraron filas con su proyecto, algo que confirma que su aspiración ya dejó de ser una posibilidad para convertirse en una apuesta seria, sobre todo en el escenario político al interior del PAN.

Entre quienes han mostrado simpatía por su proyecto figuran liderazgos partidistas, funcionarios y actores con peso específico al interior de Acción Nacional, con perfiles como Pepe Granillo y Ale Enríquez, así como Nacho Galicia y su hijo, el regidor Adán Galicia.

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La tragedia ocurrida en el arroyo de la colonia Misael Núñez deja una lección que ninguna ciudad quisiera aprender de esta manera.

La pérdida de una vida humana obliga a revisar lo que se hizo bien, lo que pudo haberse prevenido y, sobre todo, lo que debe cambiar para evitar que vuelva a suceder.

El propio alcalde, Marco Bonilla, debió entender que la respuesta no podía quedarse únicamente en las labores de auxilio.

Acudió personalmente al lugar del accidente para supervisar las condiciones del sitio y analizar qué modificaciones pueden realizarse para impedir que una tragedia similar vuelva a repetirse.

La propuesta de instalar infraestructura de contención que evite que los vehículos sean arrastrados hacia el cauce representa precisamente ese cambio de enfoque.

No esperar otro incidente, sino intervenir el espacio público para disminuir los riesgos. Toda obra de prevención puede parecer innecesaria hasta el día en que salva una vida.

Las lluvias seguirán formando parte de la realidad de Chihuahua. Lo que sí puede cambiar es la manera en que autoridades y ciudadanos enfrentan esos fenómenos.