Más partidos, más gasto... y mala democracia

La flojera estacionada en la CONAGUA

Que SAT “sigue cobrando” multas de tránsito

La ejecución de un motociclista en la calle Topacio de la colonia Chulavista, la tarde del martes pasado, generó muchas especulaciones sobre los antecedentes de la víctima y algunas relaciones delictivas alrededor del caso, pero acabó por evidenciar una de las muchas fallas del sistema de procuración y administración de justicia.

De entrada, el uso de la moto desató primeras versiones que implicarían al hombre atacado, identificado como Oliver N., entre supuestos agresores especializados en utilizar esos vehículos. Pero no, la moto resultó ser de reparto de una farmacia local, de la que era empleado.

En los antecedentes de la víctima -en los que las autoridades suelen escudarse para justificar los crímenes y diluir sus responsabilidades- apareció una orden de aprehensión por el delito de robo, pero no hay registros siquiera de que se haya intentado su cumplimiento.

Es preocupante el dato de que con una persona con un pendiente judicial haya sido asesinada, pero también que alguien requerido por la autoridad, no con un simple citatorio sino con un mandamiento judicial, pudiera permanecer en libertad hasta encontrarse con otras “autoridades” que decidieron imponer su propia sentencia.

En suma, el motociclista era objetivo de los sicarios y de la FGE, quizá por motivaciones diferentes, pero los primeros sí lo encontraron cuando decidieron quitarlo del camino.

Ese elemento de la orden de aprehensión o cualquier antecedente de una víctima no convierte el homicidio en una consecuencia aceptable ni en una forma alternativa de impartición de justicia. Al contrario, es una manifestación más de la barbarie instalada en la sociedad.

Quién puede hablar, así, de un estado de derecho, en el que una persona acusada de un delito debe ser presentada ante una autoridad judicial, enfrentar un proceso y, en su caso, recibir una sanción.

***

La paradoja es recurrente en la democracia mexicana, tanto en los tiempos del PRIAN como en los de la 4T: mientras gran parte de los ciudadanos reclama menos privilegios para los partidos políticos, el sistema electoral abre espacios para que nuevos institutos gocen de derechos, prerrogativas y financiamiento público.

Luego de que el INE les diera luz verde a Partido Paz y Somos México, los consejeros electorales del IEE, comandados por Yanko Durán, los acreditaron a nivel local, en un procedimiento que jurídicamente es impecable, pero siempre hace cuestionar la pertinencia del modelo democrático.

El IEE no amplió el gasto para darles casi cinco millones de pesos a los partidos (adicionales a los que les dio el INE) para su operación en el segundo semestre del año, sólo aprobó una redistribución del presupuesto, pero el próximo deberá cotizarlos por separado, como hace con todos los demás de acuerdo con las leyes vigentes.

Sin embargo, esa diferencia resulta irrelevante. La percepción no suele estar en si el dinero aumenta o se reparte de otra manera, sino en que más organizaciones tendrán acceso a financiamiento público mientras persisten demandas de mejores servicios, seguridad, infraestructura y atención social.

El Paz es el sucesor de lo que fue Encuentro Social-Encuentro Solidario, una amalgama de intereses entre religiosos y políticos que jugaron a conveniencia de otros, según el precio que les pagaran; Somos México es el reciclaje de despojos perredistas, priistas y panistas que rompieron con sus partidos y no acabaron en Morena.

A eso se van los recursos del gasto “democrático”, que también engorda carteras del PAN, Morena, PRI, Movimiento Ciudadano, Partido Verde y Partido del Trabajo.

El argumento a favor de los nuevos partidos también existe: una democracia cerrada, dominada siempre por las mismas fuerzas políticas, puede convertirse en un sistema excluyente y decadente, clasificación en la que bien caben el PRI, PAN y Morena, cada uno con oportunidad de ser gobierno. Pero...

¿Amplían esos nuevos partidos la representación ciudadana o solamente multiplican estructuras políticas sostenidas con recursos públicos? ¿Cuántos partidos caben más en una mala democracia, cara e ineficiente, como la actual? ¿Cuántos de ellos realmente hacen falta? Son preguntas para reflexionar.

***

La dirección local de la Comisión Nacional del Agua recurrió en los últimos días de junio a la publicación de un edicto para notificar la nulidad de 283 constancias de libre alumbramiento en la zona acuífera de "Laguna de Hormigas".

El procedimiento extingue la validez jurídica de derechos de explotación hídrica y otorga un plazo de 10 días hábiles —con vencimiento este martes 14 de julio— para entregar documentos originales en las ventanillas de la dependencia federal, ubicadas sobre la avenida Universidad en la capital del estado.

Para omitir la notificación personal argumenta que el esquema se justificaba por tratarse de una "notificación de difícil realización" debido a la multiplicidad de destinatarios, y por ello opta por el opaco, ventajoso y cuestionable método excepcional del edicto.

La utilización de esta figura legal evidencia una estrategia de flojera administrativa, en lugar de desplegar notificadores en campo para acudir a los domicilios de los productores, plenamente identificables en los padrones de riego y en los propios registros hidrológicos.

Pero no es todo, exige que cada uno de los 283 ejidatarios, productores y Sociedades de Producción Rural interrumpa sus actividades de trabajo y traslade de forma física el documento original de su constancia hasta el escritorio de la delegación en Chihuahua, y lo entregue.

La contradicción operativa es obvia, agilidad y simplificación hacia el interior del aparato burocrático mediante edictos globales, pero exigencia de presencia y centralismo para el administrado. La flojera a todo lo que da en la siempre cuestionada dependencia.

***

Un mensaje de texto que advierte sobre una supuesta "infracción por exceso de velocidad" con un folio adjunto y la amenaza de recargos ante el SAT sigue llegando masivamente a teléfonos de los chihuahuenses. Tenemos una imagen en edición digital.

A primera vista, la urgencia del texto y la presencia de un enlace digital pueden alarmar a cualquiera; sin embargo, se trata de una estafa burda.

Las multas de tránsito son de estricta competencia municipal o estatal, por lo que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) —una dependencia puramente federal y fiscal— jamás notificará ni cobrará un recargo por pisar el acelerador.

El enlace acortado que acompaña al mensaje no es más que un anzuelo de smishing diseñado para clonar datos bancarios y robar información personal en cuestión de segundos.

Este fenómeno no es un caso aislado, la Policía Cibernética del Estado, al año atiende 4 mil incidentes de ciberfraude, pero solo es la punta del iceberg.

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del INEGI revela que en Chihuahua la tasa de fraude supera los 7,800 casos por cada 100,000 habitantes -78 mil casos al año aquí en la ciudad-, con cifra negra superior al 90%. De ese tamaño el problema.

***

Ahora la encuesta de Massive Caller, al 7 de julio, es la que viene a voltear los números y da ventaja a Santiago De la Peña Grajeda.

Según la empresa, el secretario general de Gobierno se consolida a la cabeza por la carrera a la candidatura del PAN de Chihuahua.

Dice que lidera las preferencias con un 22.5%. El tracking histórico refleja una tendencia de constancia y respaldo ciudadano al alza.

Pone a “Manque" Granados con 19.4% y a César Jáuregui con 19.0%.

Los seguidores de Santiago afirman que esos números surgen de su perfil “institucional y de resultados en el servicio público”.

“Lo perfilan de manera natural como la carta más fuerte y de unidad para dar continuidad y certeza al proyecto de Acción Nacional en la capital”, afirman.

Así las cosas en tiempo de encuestas para todos los gustos.

Por su lado, César Jáuregui regresó acompañado de espectaculares, que ahora decoran la ciudad.

***

Este sábado, el alcalde Marco Bonilla volverá a formar parte de una de las tradiciones más arraigadas de Chihuahua. Montará a caballo junto a los cientos de jinetes que integran la tradicional Cabalgata Villista, atendiendo una invitación que, una vez más, le hicieron quienes año con año mantienen viva esta emblemática expresión de identidad chihuahuense.

La Cabalgata Villista no distingue colores partidistas. Es una celebración de la historia, de las raíces y del orgullo de un estado que encuentra en sus tradiciones un punto de encuentro.

Por eso resulta significativo que Bonilla haya sido nuevamente convocado por el contingente que recorrerá las principales calles del Centro Histórico hasta llegar a la Unión Ganadera Regional de Chihuahua.

Chihuahua volverá a ser parte de una jornada que reúne a miles de personas y que confirma que las tradiciones siguen más vivas que nunca.

Son de esos eventos que recuerdan que la identidad chihuahuense está por encima de cualquier diferencia.