El Tren Interoceánico, el tren del terror, opera entre los rieles de la impunidad, la corrupción y la indolencia gubernamental, un círculo vicioso del México de la 4T. Fue hace poco más de un mes cuando, en el centro de Oaxaca, en una zona montañosa y de curvas pronunciadas, un convoy que cubría la línea Salina Cruz–Coatzacoalcos del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec se descarriló. La segunda locomotora se salió de la vía, cobrando la vida de 14 personas y dejando a más de un centenar de heridos.

El dictamen de la Fiscalía General de la República (FGR) concluyó que la causa del accidente fue el exceso de velocidad. Hasta ahora, solo se ha señalado a dos responsables: el maquinista y el jefe de despachadores. Nada se habló de figuras cercanas al poder que fungieron como supervisores de la obra.

La fiscal general declaró que el maquinista conducía a más de 60 kilómetros por hora y que el peso del tren, junto con errores humanos, fueron las causas de la tragedia ocurrida en Nizanda, Oaxaca. Sin embargo, nada se dijo —según especialistas nacionales e internacionales— sobre las fallas técnicas, la deficiente planeación y las decisiones estructurales incompletas. Coinciden en que el proyecto del Corredor Interoceánico se ejecutó sobre una infraestructura ferroviaria antigua que no fue rediseñada integralmente para soportar, de manera simultánea, trenes de carga pesada y de pasajeros.

Esta incompatibilidad técnica incrementó los riesgos operativos desde el inicio. La planeación se centró en cumplir tiempos y objetivos políticos, dejando en segundo plano los estudios técnicos necesarios para garantizar la seguridad ferroviaria, particularmente en tramos de alta complejidad geográfica.

Hubo fallas estructurales en la vía: balasto sin estabilizar, durmientes con asentamientos diferenciales y un trazado con curvas y pendientes pronunciadas. A ello se sumó el uso de locomotoras con más de 30 años de antigüedad que no cumplen con los estándares de seguridad actuales. La planeación fue deficiente, se omitieron inspecciones adecuadas y se priorizó la inauguración del proyecto.

En España, el 18 de enero, también ocurrió una tragedia ferroviaria: un choque de trenes de alta velocidad en Ademuz, que circulaban a más de 200 kilómetros por hora y transportaban en conjunto a 480 pasajeros. Lamentablemente, fallecieron 46 personas y se registraron 126 heridos. Dos países, dos catástrofes; la diferencia radica en que el país ibérico busca responsabilidades técnicas y el cumplimiento de las normativas de seguridad, mientras que en México el debate se centra en la corrupción, la impunidad y la calidad de la obra ferroviaria.

España tardó cinco días en entregar su dictamen y pagará 20 millones de euros (más de 410 millones de pesos) en indemnizaciones a las víctimas del accidente; los pagos a los heridos oscilarán entre los 2,400 euros (50 mil pesos) y los 84 mil euros (1.7 millones de pesos). En México, el informe se entregó después de un mes; se habló de un apoyo de 30 mil pesos para cada afectado y de unos 400 mil pesos por cada persona fallecida, mientras que la indemnización definitiva sigue en veremos.

El hecho ha provocado exigencias de rendición de cuentas, atención a las víctimas y sanciones a los responsables, sin importar su nivel jerárquico en el gobierno, ni sus vínculos familiares o políticos.

Pobre México: vive de ilusiones farsantes que quedan expuestas ante una realidad que duele. Pobreza, inseguridad, violencia, narcotráfico, adicciones, feminicidios, falta de infraestructura y de seguridad social de calidad, sin credibilidad en el exterior, con la corrupción y la impunidad como las reinas del siglo, el motor que mueve al país. Como dijera el expresidente ecuatoriano Lenín Moreno: “La corrupción no se disculpa, no se perdona; la corrupción se combate y se castiga; de lo contrario, se convierte en impunidad”.

Sumemos voces.