Presunto sicario prófugo... qué más podría pasar

Apoyo desde Alemania a los startups Chihuas

Se descarrila la versión sobre el Interocéanico

Es un verdadero foco rojo el hecho de que municipios pequeños como Guachochi, Guadalupe y Calvo y Bocoyna, tres emblemas de la majestuosa Sierra Tarahumara, tengan una mayor cantidad de homicidios dolosos que poblaciones medias como Delicias, Parral y Nuevo Casas Grandes.

No es algo nuevo que sean territorios en disputa o bajo control del crimen, pero entre los factores que explican la extensión de la narcoguerra siempre vigente se encuentra la constante de una ausencia de autoridad o la total complicidad oficial.

Un arriesgado lector envía a GPS versión digital una foto reveladora de la situación que vive la localidad más poblada de Bocoyna, San Juanito, la puerta de acceso a los mayores atractivos turísticos de este municipio (Creel y alrededores) y sus vecinos Urique y Guachochi, que concentran la mayor cantidad de turistas cada año.

Aparece en el acceso al poblado una patrulla que tiene la leyenda Policía Municipal, pero no cuenta con placa ni con número económico visible. Nos aseguran que no es un simple error o una omisión la falta de placas, sino que el vehículo ni siquiera es oficial; sería una patrulla clonada o “patito” a la vista de todo el mundo.

El contrasentido es mayor porque, supuestamente, la localidad es una por donde circulan a diario los convoyes de la Policía Estatal, la Guardia Nacional y el Ejército, que pasan de largo ante unidades como esta o similares, en sus despliegues de rutina por toda la región.

La escena se registra en el seccional de un municipio que, por su número de habitantes (alrededor de 25 mil), es el número 15 a nivel estatal, pero por sus homicidios dolosos es el séptimo, superado únicamente por Juárez, Chihuahua, Cuauhtémoc, Guadalupe y Calvo, Guachochi y Aldama, este último conurbado a la capital.

Es uno más de los municipios, además, que adolecen de una corporación local preparada, pues durante años su Policía ha sido desarticulada y reemplazada, por más nuevos gobiernos que llegan cada trienio a nadar de muertito ante el verdadero poder que domina los pueblos de la sierra.

La permisividad de otras autoridades con mayor capacidad y jerarquía política que las municipales, también trae como consecuencia que haya falsas patrullas o que las unidades oficiales reales sean usadas para otras cosas, menos para brindarle seguridad a las personas.

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Como era lo previsible, Luis Raúl A.G, alias "La Rata", dos veces presentado ante juezas penales por parte de la Fiscalía Zona Centro por el delito de homicidio, no acudió a su audiencia de vinculación a proceso, programada para ayer.

La diligencia terminó vinculándolo en ausencia, es decir, sometiéndolo al proceso penal sin estar presente, y declarándolo prófugo de la justicia, como era lo correcto, después de las ventajas que le dieron los operadores tanto del aparato ministerial como del Poder Judicial.

Entre el peloteo del Ministerio Público y los juzgadores se abrió el hueco para que "La Rata", considerado responsable no de uno ni de dos homicidios solamente, sino de varios más, pudiera colarse, escapar, irse de la ciudad o del estado.

Primero fue detenido en flagrancia por un homicidio del 24 de enero y dejado en libertad por una jueza que decretó su detención como ilegal, debido al tiempo que tardó la Policía Municipal en ponerlo a disposición del Ministerio Público, que a su vez se encargó de llevarlo ante la justicia para que sus derechos humanos fueran cuidados por encima de cualquier derecho de la víctima o de la sociedad.

Luego, casual y extrañamente, la Fiscalía se dio cuenta que tenía orden de aprehensión contra el mismo sujeto, por otro homicidio del primer día de este año; le ejecutó la orden de aprehensión, que de forma inexplicable no había ejecutado antes ni la presentó para robustecer su caso de otro asesinato en flagrancia, pero otra jueza no consideró probada por el Ministerio Público la necesidad de retener en prisión preventiva a Luis Raúl.

Así obtuvo por segunda vez su libertad, citándolo para el viernes a su audiencia de vinculación, a la que obviamente no asistió, a pesar de que, según los reportes extraoficiales, sí respondió llamadas previas del Instituto de Servicios Previos al Juicio, encargado de mantenerlo "vigilado", llamándole a su celular de vez en cuando a ver si le haría el honor a la justicia estatal de acudir.

Fallaron la Policía y la Fiscalía en sus procedimientos; las juezas cobraron carísimo los yerros que pudieron tener los acusadores, pero no se los facturaron al Ministerio Público sino a la sociedad; falló el sistema entero de justicia penal, la protección a las víctimas, el sentido común que deberían tener los operadores del proceso detención-presentación-acusación-sanción.

Así, una persona que muy posiblemente debería estar en prisión para enfrentar graves acusaciones, ahora está libre o escondida en algún lugar lejos de la ley y cerca de quienes no la respetan.

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De buena fuente, nos enteramos que hace dos semanas estuvo en la capital personal de Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) que, en términos cristianos, es una agencia internacional alemana que apoya a startups que hacen innovaciones en cuestión climática y están impresionados con el ecosistema de startups y el apoyo que los emprendedores tienen aquí en Chihuahua.

Sabiendo ese contexto, el viaje que hizo el director de Desarrollo Económico y Competitividad, José Jordán Orozco a España, en representación del alcalde Marco Bonilla, cobra relevancia.

El objetivo es internacionalizar las startups locales para abrirles las puertas en el mercado europeo, y qué mejor puerta de entrada que Madrid que es uno de los principales hubs de innovación y emprendimiento en Europa y con quienes compartimos el mismo idioma.

Pero durante la visita al viejo continente, que ya de por sí fue fructífera para la capital, por la reunión que se tuvo con Virginia Blanco, directora general de Innovación del Ayuntamiento de Madrid, los directivos chihuahuenses se dieron cuenta que en cuestión de talento y cosas que ya se están haciendo aquí, estamos a la par de aquel país de primer mundo.

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Sigue perdiendo credibilidad la narrativa oficial sobre el accidente del tren Interoceánico en Oaxaca, el 28 de diciembre, que costó 14 vidas humanas y que, según la fiscal general Ernestina Godoy obedeció al exceso de velocidad con que conducía el maquinista.

En cambio siguen surgiendo datos que revelan que el ferrocarril, a cargo de La Marina, tenía serias deficiencias estructurales de origen y por ende, el gobierno de la 4T recurre a la vieja salida del “chivo expiatorio”, de culpar al de más abajo, al eslabón más débil.

El fondo estriba en que el tren se reconstruyó con vagones viejos, lo que no es problema, el tema es que no lo adaptaron a las tecnología modernas ni a las condiciones del terreno.

El escritor e historiador Héctor Aguilar Camín ejemplificó que el ferrocarril Chihuahua al Pacífico, que se fundó en la época de Porfirio Díaz y que fue inaugurado como medio turístico en 1961, no ha sufrido ningún percance pese a las abismales barrancas a su paso, porque se ha modernizado.

Del propio peritaje de la FGR que periodistas como Carlos Loret de Mola empiezan a desmenuzar se desprende que la unidad carecía de un velocímetro, había fallas en los sistemas de intercomunicación, incluso en el acople de las ruedas a los rieles.

Eduardo Ramírez Cato, ingeniero civil experto en infraestructura ferroviaria, ha observado que el estándar en los carros de pasajeros es de 60 pies de largo, en tanto que los del Interoceánico miden 85, inapropiado para una vía con curvas cerradas. Y si la velocidad hubiera sido el principal factor, se habría salido la primera locomotora, y no el tercer vagón.

El tema de por si venia politizado cuando Andrés Manuel López Obrador puso a su hijo Gonzalo “Bobby”, como “supervisor honorario”. Así, se va descarrilando la versión oficial.