La expresión “sus días están contados”, pronunciada por la directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas (ONDCP) de Estados Unidos, Sara Carter, fue un mensaje que caló profundo, no sólo en las estructuras delincuenciales de ambos lados de la frontera, sino también —y con mayor preocupación— en las esferas políticas.

Es claro que la recién nombrada “zar antidrogas” de Estados Unidos sabe muy bien cómo enviar mensajes: con elocuencia, determinación y también dramatismo. Un mensaje que no debe tomarse a la ligera, y menos en estados como Chihuahua, donde la relación bilateral va mucho más allá de la delincuencia organizada.

Sara Carter, desde el muro fronterizo en Sunland Park, Nuevo México, frente a Ciudad Juárez —una de las zonas con mayor marginación— prometió sellar la frontera sur para que “ninguna droga vuelva a pasar”. Carter adoptó un tono beligerante y unilateral que, aunque electoralmente efectivo en audiencias estadounidenses —y también, hay que decirlo, en ciertos sectores mexicanos, sobre todo entre la oposición—, plantea serias interrogantes.

La entrevista realizada a Sara Carter por esta casa editora y publicada el viernes pasado, sin duda, ofrece una ruta que el gobierno de México debe valorar:

“Nosotros, los países, debemos trabajar juntos. No podemos estar solos. Necesitamos escucharnos unos a otros (…) Sé que mucha de la gente que vive en Juárez y en otras partes de México ha sufrido mucho. Han sufrido mucho por los cárteles también”.

Sobre este punto en particular, la posición de Chihuahua —obviamente como territorio directamente involucrado, aunque la política exterior sea exclusiva de la federación— es muy clara: la coordinación entre ambos países resulta indispensable, especialmente en la franja fronteriza, donde los efectos de la violencia y del tráfico de drogas impactan a comunidades de ambos lados. Así lo han expresado el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda; el secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya Chávez, y el fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno.

La posición estratégica de los estados fronterizos entre México y Estados Unidos —Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas por el lado mexicano; California, Arizona, Nuevo México y Texas por el estadounidense— no es meramente geográfica: es el epicentro del flujo comercial más intenso del continente y, al mismo tiempo, el principal corredor de fentanilo, metanfetaminas y otras drogas sintéticas.

No se puede ignorar la relación entre seguridad y economía, más aún cuando ha funcionado, hasta ahora, como moneda de cambio. En otras palabras, la amenaza de no combatir con mayor firmeza la inseguridad derivada del tráfico de fentanilo y de migrantes puede traducirse en presiones arancelarias.

Al evaluar el combate al narcotráfico en los últimos cinco años, el balance resulta desolador frente al discurso triunfalista. A pesar del despliegue masivo de la Guardia Nacional en México y del endurecimiento de la vigilancia con drones y destructores en los litorales por parte de Estados Unidos, el flujo de sustancias sintéticas no sólo no se ha detenido, sino que se ha sofisticado. La realidad contradice a Carter: mientras ella insiste en que el muro es la panacea, las estadísticas de sobredosis en ciudades estadounidenses y la violencia persistente en Tijuana o Ciudad Juárez demuestran que las organizaciones criminales han mutado.

Es necesario reconocer que la verdadera efectividad en el combate al narcotráfico no vendrá de declaraciones frente al muro, sino de una cooperación discreta, técnica y mutuamente respetuosa. Esto implica que Estados Unidos enfrente con mayor contundencia el tráfico de precursores químicos desde China, el lavado de dólares en su sistema financiero y la demanda interna que sostiene el mercado.

El gobierno de México, bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, ha intentado navegar en las aguas turbulentas de la autonomía. La postura oficial es clara: colaboración sí, subordinación no. Sin embargo, esta defensa de la soberanía choca frontalmente con la visión de Carter, quien percibe la reticencia mexicana a una intervención directa como una forma de complicidad o debilidad.

En esta oleada de declaraciones sobre la seguridad fronteriza, el gobierno de Chihuahua puede convertirse en un catalizador de los intereses de ambos países, no desde el protagonismo, sino como un articulador de posiciones hoy confrontadas, que permitan generar tranquilidad tanto en materia de seguridad como en estabilidad económica en la frontera.