-Una estafa más en el bar Black Lion

-La lógica de un Duarte extraditado

-Chihuahua, la urgencia de repavimentación

Desde el 25 de octubre del año pasado, por increíble que parezca, un hombre acusado de homicidio, Alejandro R. M., supuesto empleado de la Comisión Federal de Electricidad, ha logrado evadir a un juez penal estatal que lo requiere por el crimen, mediante recursos ante la justicia federal.

Hasta hoy, casi tres meses después de los hechos, habrá de comparecer ante un tribunal estatal por el asesinato de Francisco Javier Romero, joven de 20 años de la colonia Continental, que estaba con un amigo -presunto blanco original del ataque- cuando el presunto responsable llegó armado y disparó, arrancándole la vida al equivocado.

El acusado, señalado por evidencia de todo tipo, tuvo largas semanas para esconderse, ampararse, tratar de diluir pruebas y evitar enfrentarse con la justicia, en un caso tan grave como sorprendente, pues por crímenes menores la Fiscalía no se frena a la hora de buscar a los presuntos responsables ni los jueces son tan obsequiosos.

El amparo que buscó y la medida que impidió la detención de Alejandro R.M podrían explicarse, tal vez, por las personas que están detrás de él. Es decir, ese trato preferencial al acusado de un asesinato podría tener nombre y apellido.

La defensa del que, por fin, hoy podría ser imputado, la dirige el exjuez Gregorio Hugo Véliz Andrade, a pesar de la normativa que les impide litigar a quienes encabezaron tribunales; el exjuzgador es también el padre de Jesús Véliz, exjefe de la Unidad de Homicidios de la Fiscalía Zona Centro.

Para los conocedores de la materia penal, la protección que le brinda la suspensión dictada dentro del juicio de amparo resulta muy cuestionable, pero más grave sería que en la justicia estatal, una vez que comparezca este día, un juez de Control del fuero común vaya a confundirse a la hora de dictar la obvia medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, contemplada como norma ante el delito del que es acusado.

A la luz de lo que ha pasado con este caso, sería preocupante que un juez estatal confundiera los alcances del juicio de amparo en curso por el que el presunto responsable pudo evadir a la justicia local desde el año pasado, dictándole una cautelar diferente a la prisión preventiva por algún tecnicismo a la hora de calificar el homicidio.

En casos así es que los nuevos jueces, quienes arribaron con la reforma judicial, den muestra de que el aparato de justicia de Chihuahua no está dominado por los afanes y las pasiones políticas, ni pierde su tiempo con discusiones sobre qué sillas ocupan los magistrados o cuántos recomendados logran ingresar a la generosa nómina pública de los tribunales.

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Mientras es dirimida una controversia en tribunales, Héctor Palacios, dueño del bar Black Lion, sigue sin pagar la renta del local, como lo ha hecho desde finales de 2021, a pesar de los intentos legales para que deje de lucrar con una propiedad que no le pertenece.

El conocido bar, ubicado en el local 11 de Plaza Isla, Paseos Vista del Sol número 6601, tiene un antecedente similar con una ubicación al norte, que le birló a otro incauto hace años. Así comenzó o consolidó una carrera emprendedora basada en la estafa y el abuso de confianza.

El modus operandi es el mismo: deja de pagar la renta mensual pero mantiene el local abierto, quedándose con todas las ganancias del consumo, además de “truquear” los servicios de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento y de la Comisión Federal de Electricidad.

A pesar de que el asunto es añejo y muy conocido en algunos círculos, nadie le ha puesto freno a las tretas que ocurren en esa negociación y en la anterior.

Por eso se han hecho advertencias en grupos de WhatsApp para que los consumidores del negocio y los que tengan relación con el local, tomen sus precauciones, pues está en pleno proceso judicial que en cualquier momento puede alcanzar otras consecuencias.

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No es ninguna sorpresa que los abogados de César Duarte se la vivan tramitando amparos. Lo inusitado, como trascendió ayer, es que sea con fines de evitar también su extradición.

El exgobernador priísta, quien permanece en prisión preventiva en el penal del Altiplano, Estado de México, promovió un nuevo juicio de amparo contra la resolución de la jueza del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez. María Jazmín Ambriz López, quien reclamó la orden de aprehensión, privación de la libertad… y extradición.

Sin embargo, como la segunda demanda fue presentada ante el juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal, en la Ciudad de México, el juez Adolfo Christian Castro Solís, declaró la incompetencia en favor de un juzgado en Toluca, justo lo que hizo en su momento, ante la primera solicitud, el Juzgado Décimo de Distrito, con residencia en Chihuahua. De hecho el juez Castro Solís apoyó su decisión de acuerdo con el resolutivo dictado acá.

El asunto es que ninguno de los juzgados de primera instancia se pone de acuerdo para atraer el amparo, entonces un Tribunal Colegiado decidirá qué togado debe resolverlo.

Lo relevante en todo caso es el asunto de la extradición y su origen está en la investigación de la Fiscalía General de la República por un aparente esquema de lavado de dinero mediante el cual, el exgobernador pretendió ocultar 73 millones 925 mil 995 pesos presuntamente desviados de las arcas estatales.

En diciembre pasado, la jueza de control federal vinculó a proceso a Duarte Jáquez por el delito de uso de recursos de procedencia ilícita, y confirmó la prisión preventiva justificada.

La petición de amparo es una papa caliente para los juzgadores. Que lo procesen por ilícitos en el país es muy distinto a que quieran extraditarlo por supuesto lavado de dinero.

El martes, el gobierno mexicano extraditó a 37 operadores del narcotráfico, sumando ya 92 desde febrero de 2025. Pero Trump no está satisfecho, buscan también peces gordos de la politica. ¿Sería César Duarte el primer exgobernador entregado por Sheinbaum?

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Habría qué ver cuáles tramos en la entidad estarán incluidos en el Programa Nacional de Conservación de Carreteras y en el del Megabachetón anunciado por Palacio Nacional.

Las obras de repavimentación y bacheo comprenden 18 mil kilómetros de carreteras libres de peaje en diversas partes del país, con una inversión de 50 mil millones de pesos.

Sin embargo, revisando los datos, puede que el esfuerzo no sea suficiente.

La federal de carreteras tiene 52 mil kilómetros, de los que 40 mil kilómetros son libres de peaje y el resto son de cuota.

Los llamados ejes troncales están conformados por 15 corredores que suman 20 mil kilómetros. Por ahí se mueve el 92 por ciento de las mercancías y el 80 por ciento de los pasajeros.

No obstante, 10 mil kilómetros, la mitad, son libre de peaje, y de estos, siete mil kilómetros, el 70 por ciento, serán cubiertos con esas acciones.

Además se suman dos mil 110 kilómetros en la región noroeste, de Sinaloa a Baja California y 2 mil 44 en la centro sur. Aún así faltan otros 7 mil.

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes aseguró que con estos trabajos se generará más de 100 mil empleos y que los reportes de baches será atendidos en un máximo de 72 horas mediante un Sistema de Control, Monitoreo y Evaluación de Carreteras.

Lo que sí es ganancia es que adquirieron 31 trenes de repavimentación para enviar a cada entidad. Esperemos que no dejen fuera a Chihuahua, aunque sea en eso.

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El helicóptero de la Policía Municipal, conocido como el Halcón I, lleva ya algunas semanas fuera de servicio debido a trabajos de mantenimiento, así lo confirmó el comisario Julio Salas.

La aeronave todavía estuvo realizando sobrevuelos en diciembre, al arranque del operativo del Buen Fin y el periodo navideño, pero posteriormente fue necesario reemplazar una válvula.

La pieza tuvo que ser solicitada directamente a la fábrica Bell, en Canadá, ya que las normas aeronáuticas son muy estrictas y obligan a que cualquier refacción sea original y esté debidamente certificada. Esto es indispensable para garantizar que el helicóptero opere en condiciones óptimas y seguras antes de volver al aire.

Salas adelantó que la reparación quedará lista en los próximos días. Mientras tanto, la vigilancia aérea no se ha detenido: se ha reforzado con el uso de drones, las cámaras PECUU y el apoyo del helicóptero del Gobierno del Estado.