- Patricio y Victoria Loya, 25 años después
- Entra en razón sindicato UACh… y firma - Grito en el cielo de las universidadesParece imposible que la reclusión en el Cefereso del Altiplano del exgobernador César Duarte, que acaba de cumplir un mes el pasado 8 de enero, pueda ser cambiada mediante un amparo o cualquier otro recurso, de acuerdo a la dinámica actual de los tribunales federales, de la que se quejan casi todos los litigantes.
La defensa del exmandatario, vinculado a proceso por operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero el pasado 13 de diciembre, ha intentado por varias vías obtener la protección judicial mediante procedimientos que antes podían resolver en horas, pero ahora quedaron en el aire prácticamente durante todo el puente Guadalupe-Reyes y los días siguientes. A eso deben sumarse algunos castigos aplicados al exgobernador, supuestamente iguales para todos los reclusos, como la papelería exagerada exigida para recibir abogados, el tiempo de espera de más de dos semanas para la resolución de trámites y la incomunicación de facto. Sólo para acudir al Cefereso, dicen, hacen falta unas dos horas de camino desde el aeropuerto de la Ciudad de México, estacionarse en algún punto muy lejano de la prisión, tomar un transporte especial, pasar filtros y filtros vehiculares y de personas, quienes además deben observar un estricto código de vestimenta para poder ingresar, obviamente sin dispositivos electrónicos ni cualquier otra cosa en el cuerpo. Eso mantuvo a Duarte sin contacto con el exterior prácticamente durante la mayor parte del tiempo de las más de cuatro semanas que lleva preso. Además, con la acusación en firme de la Fiscalía General de la República y el control político de la justicia federal, los defensores saben que está en chino lograr la liberación de Duarte Jáquez, por lo que también han intentado otras vías para flexibilizarle el castigo anticipado que representa la prisión preventiva. Dicen que siguen en la búsqueda de alternativas, como lograr el arraigo con brazalete en la capital del país o un traslado al Cereso de Aquiles Serdán, para al menos aligerar la carga del litigio en el penal ubicado en Almoloya de Juárez, pero también parecen lejanas las posibilidades. Así, mientras el juicio en Chihuahua sigue estancado, seguirá el plazo corriendo para el cierre de las investigaciones federales, fijado hasta el 9 de junio próximo, fecha alrededor de la cual la FGR debe pedir el comienzo del enjuiciamiento... o pedir más plazo ante una obsequiosa justicia federal.***
Los 26 años y 8 meses de prisión, la sentencia para Victoria Loya Montejano tras tratar de matar al entonces gobernador Patricio Martínez en el año 2000, acaban en septiembre de 2027, de acuerdo a los documentos oficiales del proceso seguido en su contra tras aquel atentado.
La prisionera del Cereso Femenil de Aquiles Serdán, en torno a quien han tejido múltiples leyendas y teorías de conspiración, intentó la preliberación en el año 2015, tras haber cumplido más de la mitad de la pena y haber mantenido un buen comportamiento. Le fue negado el beneficio, como era previsible, tanto por los resultados de los estudios de personalidad como por incumplir con la parte de la sentencia que la obligaba a pagar más de 60 mil dólares (más de un millón de pesos a precios actuales de la moneda), por la atención médica que debió recibir Martínez en Houston, Texas. Ahora debe contar día por día los 20 meses que le faltan para obtener su libertad, mientras el exmandatario, exsenador, exalcalde y exdiputado federal del PRI, se acerca a los 78 años de edad... o 25 desde que volvió a nacer tras aquel ataque. El dato viene a cuento porque justamente mañana, 17 de enero, habrá de cumplirse el primer cuarto de siglo del crimen, cuando Martínez García cayó en la escalinata del Palacio de Gobierno tras recibir el impacto de un balazo en la cabeza, hecho que convulsionó al estado por las consecuencias que trajo. En todo este tiempo han quedado descartadas las hipótesis que más incertidumbre generaron, desde los cárteles detrás de una disparadora solitaria hasta las versiones de que había motivaciones políticas detrás del balazo, para quedar firme una verdad histórica de la expolicía judicial afectada mentalmente. Tal vez ahora no levanta tanto polvo aquella sacudida al comenzar el nuevo siglo, vuelve a cobrar vigencia para Chihuahua al llegar otro aniversario.***
Adelantamos puntualmente aspectos de la negociación que ayer sostuvieron el sindicato de trabajadores STSUACh y el alma mater. No podrán los primeros quejarse del trato.
El equipo del rector salió avante y Konchis Rodríguez, la lideresa, debió entrar en razón, doblada por la mano tendida que encontró del otro lado de la mesa. No debe escuchar tanto la líder a personajes como Ricardo Moncayo y Salvador Salgado García, sólo la quieren utilizar para fortalecer sus posiciones. El beneficio más inmediato y concreto ya está en los bolsillos de los trabajadores, con un aumento salarial directo al tabulador reflejado en la primera quincena pagada ayer, incluso antes de la firma del Contrato Colectivo. Hay incremento del cinco por ciento para la zona libre de la frontera y del 13 por ciento en el resto del estado, con el objetivo de homologar, en lo que aplique, los salarios mínimos determinados por la Conasami; para el resto del personal, se estableció un incremento general del 4 por ciento al tabulador. Llegan los aumentos con una prontitud inusual –nada de jineteo-, y compromisos adicionales, como la inyección de cuatro millones de pesos a los fideicomisos en beneficio de los jubilados. Quizá el elemento más significativo y revelador del nuevo contrato sea el compromiso establecido en su clausulado, donde la administración universitaria y el sindicato gestionaran unidos ante la Federación el apoyo y obtención de recursos. En este contexto de abandono federal, es necesario destacar el compromiso unilateral de la Universidad. Su decisión de “aventurarse” a realizar el pago del aumento ayer, sin siquiera tener el contrato firmado, es un acto de buena fe. Hay una apuesta por la confianza y por su comunidad trabajadora, asumida a pesar de operar en un entorno de incertidumbre financiera. Mientras la federación elude su responsabilidad constitucional con la educación pública, la UACh y su sindicato demuestran que, con voluntad, es posible llegar a acuerdos.***
El que anduvo de puerta en puerta fue el alcalde Marco Bonilla, junto con el comité de vecinos de la colonia Nuevo Triunfo. Supimos que varios salieron a recibirlo, echar la platicada y aprovechar su presencia para hacerle varias solicitudes de mejoras en la zona. Bonilla fue a promocionar el Presupuesto Participativo y conocer cómo les ha cambiado la vida la pavimentación de la calle Óscar González después de 30 años de espera. Y como no todos los días abres la puerta y resulta que es el acalde, aprovecharon para solicitar postes en zonas donde falta mejorar la iluminación y la pavimentación de calles que cruzan la recién entregada. El edil se llevó mucha tarea, pero también supimos, recibió felicitaciones, no solo por la calle, también por el polideportivo Luis H. Álvarez porque aprovechan las tardes para ir a caminar y llevar a los nietos con sus bicicletas.***
Han puesto el grito en el cielo las universidades públicas ante el precario presupuesto asignado para este año, y por ende, le concierne a la UACJ y a la UACh.
El martes, en un desplegado público, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Pública Superior (ANUIES), señala que el incremento del 1. 79 por ciento para las universidades estatales y del 3 por ciento, aprobado por la Cámara de Diputados es insuficiente para garantizar sus funciones sustantivas y administrativas. En el llamado a los titulares de Hacienda, Edgar Amador, y de la SEP, Mario Delgado, les pide que busquen los mecanismos necesarios para asignar recursos extraordinarios. El secretario general ejecutivo de la ANUIES, Luis González Plascencia vaticinó que estos incrementos quedara rebasados con una inflación estimada del 3.5 por ciento. El presupuesto para las universidades públicas es notoriamente insuficiente para hacer frente a un crecimiento del 16.3 por ciento de la matricula escolar entre 2018 y 2025, en tanto que el déficit presupuestal acumulado asciende a 50 mil 400 millones de pesos.