En el gasto estatal aprobado para este año, propuesto por la gobernadora Maru Campos y aprobado por la mayoría de los diputados afines al gobierno (PAN/PRI/MC), y que se gastarán repartidos entre los tres poderes estatales: el ejecutivo, el legislativo (faltaba más) y el judicial, están también los organismos descentralizados, autónomos y fideicomisos.

Siendo 46 mil 500 millones para los organismos descentralizados (instituciones y órganos ajenos a los tres poderes estatales), 6 mil 800 millones para los 18 fideicomisos estatales y 1,074 millones para los organismos conocidos como autónomos.

Así es como se termina de completar el gasto de los 117 mil millones de pesos para 2026, además del préstamo adicional de 3 mil millones de pesos; con 39 mil millones para el ejecutivo a cargo de Maru Campos (quien parte y reparte), 1,048 millones para el legislativo (los que aprobaron) y 4,108 para el poder judicial (Jueces, Magistrados judiciales y órganos de administración y de disciplina judicial), precisando en el presente que estas cifras son las que se gastarán en 2026.

Y revisando a los organismos descentralizados, los que más dinero gastaran son servicios educativos del estado de Chihuahua con 18 mil millones, Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua con 8 mil millones, Servicios de Salud de Chihuahua con 6 mil 750 millones, la universidad autónoma de Cd. Juárez y universidad autónoma de Chihuahua con poco más de dos mil millones cada una, Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua mil 458 millones y el Instituto Chihuahuense de Salud 2 mil 645 millones.

Sólo en estos siete organismos se gastan un promedio de 42 mil millones, quedando los restantes casi 4 mil millones para los 36 organismos descentralizados restantes.

6 mil 800 millones son para los 18 fideicomisos estatales, destinándose al fideicomiso del programa de carreteras federales y estatales 5,200 millones, siendo el de mayor monto y que tendría que revisarse si se está empleando y cómo. De igual forma resalta el Fideicomiso Social del Empresariado Chihuahuense con 850 millones de pesos que también tendría que revisarse, pues es dinero de todas y todos que se destina a empresarios chihuahuenses, el cual ya tiene antecedentes de corrupción denunciados incluso penalmente.

Por último, se destinan mil 074 millones de pesos para los conocidos como organismos autónomos (que de autónomos tienen muy poco pues al igual que el poder judicial y legislativo se subordinan a la gobernadora), siendo el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Instituto Estatal Electoral, Tribunal Estatal Electoral, el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Chihuahua y la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua.

Como vemos se destina mucho dinero a organismos e instituciones y sobre el cual se debería de revisar su gasto, pues a excepción de los organismos educativos, los demás deberían de ser sujetos a supervisión cada año para ver si están cumpliendo con sus fines.

Lo mismo que los fideicomisos, pues aquellos como el destinado para la Competitividad y Seguridad Ciudadana por 400 millones y el del Empresariado Chihuahuense por 850 millones de pesos, no se conoce si están cumpliendo con sus fines y si es necesario tanto dinero para ello, pues no se transparenta a la ciudadanía.

Por lo que, como dije en mi artículo anterior, va siendo hora de que los diputados se pongan a trabajar en vigilar el ejercicio público y su gasto, y que los ciudadanos empecemos a revisar y cuestionar cómo y en qué se están gastando nuestro dinero los servidores públicos que elegimos. Porque sólo observando y revisando podremos obligarlos a cuidar el dinero que es de todas y todos los chihuahuenses, para que gasten eficiente y racionalmente en las necesidades más urgentes.