Las cabezas humanas no estaban escondidas. No fueron arrojadas a un baldío ni dejadas en la periferia para que alguien tropezara con ellas. Fueron colocadas ahí, justo bajo la Puerta de Chihuahua, el símbolo urbano que da la bienvenida a la capital y pretende decirle al visitante que entra a una ciudad moderna, ordenada, cuidada.

Al lado, un mensaje breve y brutal, de esos que no necesitan firma ni explicaciones porque el lenguaje es universal en el submundo del crimen organizado: “comenzó la limpia...”.

Ese fue el aviso. Cero retórica, como suele ser cuando el narco avisa o amenaza, como parte de su estrategia que va desde el desmembramiento de cuerpos hasta la redacción de mensajes ideados para sembrar temor tanto a sus rivales como a las autoridades.

Para montar la escena antes hubo levantón, interrogatorio, tortura de Luis Fernando y otro no identificado, a los que al parecer la sociedad ni siquiera los extraña. Hubo una decisión fría de asesinar, decapitar y usar las cabezas como propaganda. El resto de los cuerpos aparecería después, al fin que el mensaje ya había sido entregado.

Desde ese punto simbólico y geográfico, la ciudad entró en otra lógica. Fue escandaloso al principio, pero más conforme pasaron los días.

Tres semanas después, 36 homicidios dolosos han ocurrido desde que apareció aquella advertencia, la mayoría vinculados a ello. Más que cualquier enero del año pasado. Más que el mes más violento de 2025, periodo con una baja general importante en la incidencia de ejecuciones.

La “limpia” pasó de amenaza a ser agenda, a ser calendario, con esa violencia que además de anunciarse, también se cumple; el mensaje implícito es sobre quién manda en realidad en la ciudad en asuntos de seguridad... y no son las corporaciones policiacas ni militares, tampoco los gobiernos civiles.

Algo particularmente inquietante en esta etapa de la violencia en Chihuahua es que ya no sorprende, pese a que hubo un anuncio previo, luego fue ejecutado y después normalizado, con una eficacia y puntualidad administrativa que sería bueno ver en los planes o las estrategias oficiales.

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Así, desde el 19 de diciembre pasado, la capital comenzó a acumular escenas que meses atrás eran menos frecuentes en la ciudad. En el recuento aparecen cuerpos calcinados dentro de vehículos, mensajes junto a cadáveres, mujeres ejecutadas en la puerta de su casa, motocicletas usadas como plataformas de sicarios, menores de edad como testigos involuntarios o hasta como ejecutores.

Las carpetas de investigación abiertas en cascada fragmentan los homicidios violentos como si fueran hechos aislados e inconexos; un caso en Villas del Real, otro en Distrito 1, uno más en Punta Oriente o en Riberas de Sacramento, sin imputados la mayoría, aunque con varios sospechosos por la información que recaban las áreas de inteligencia, pero no arman el rompecabezas completo del crimen.

Son muchos casos y un solo fenómeno, con una raíz clara: la reconfiguración violenta del control delictivo en la zona metropolitana de Chihuahua, que va más allá del fundo legal del municipio y alcanza a las pequeñas localidades vecinas, con la desgracia y la fortuna, a la vez, de estar tan cerca de la capital.

Lo que ocurre en los límites con Aquiles Serdán y Aldama no son episodios aislados de violencia, sino parte de un todo porque en este punto de la entidad confluyen demasiados intereses armados, demasiadas fracturas internas y demasiadas estrategias de seguridad que no siempre dialogan entre sí.

Durante años, el Cártel de Sinaloa mantuvo en una relativa hegemonía, sostenida más por acuerdos internos que por ausencia de violencia o acciones legítimas de la autoridad, mezclados con otros acuerdos con las corporaciones de seguridad, caracterizadas, en sus niveles medios y bajos, suponemos, por jalar unas para un bando y otras para otro.

Eso que mantenía relativa paz dejó de existir. La llegada de “Los Cabrera” y su alianza con facciones locales rompió equilibrios antiguos.

La confrontación entre “Los Topos”, vinculados a Anselmo Esquivel Hernández bajo las órdenes de Humberto Salvador S.V.M, alias “El Verín”, y “Los Pelones”, ligados a Jair Guillermo González Rodríguez, abrió una disputa que no admite medias tintas.

A ese tablero se asoma también “El Capu”, Edgar Pando, quien juega en el filo entre Sinaloa y “La Línea” del Cártel de Juárez, el otro factor que le agrega una dosis extra de violencia al fenómeno y que, el pasado miércoles, no quiso dejar sin firmar una ejecución en la Tierra y Libertad con el mensaje: “Se Acavaron los independientez” (sic), aterrador tanto por el homicidio a balazos como por la ausencia de ortografía y caligrafía.

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Diversos estudiosos de la operación de los cárteles, nacionales e internacionales, han documentado que, cuando se fragmentan esas organizaciones, la violencia deja de ser estratégica para volverse demostrativa. Ya no matan sólo para controlar rutas o mercados, sino también para mandar mensajes y comunicarse, limpiar territorios, mostrar músculo ante sus rivales y autoridades.

Si nos atenemos a eso, tenemos la explicación de las cabezas, los mensajes, la escalada de violencia, pero también tenemos a una autoridad atrapada entre la inercia, la permisividad y la reacción tardía, rara vez preventiva; incapaz hasta la pared de enfrente de combatir la impunidad de forma efectiva.

La capital del estado había logrado, con todo y sus bemoles, una contención relativa de la violencia. Esa contención es la que hoy está en riesgo y no por falta de información, pues las señales están ahí, claras, brutales, públicas.

El sitio elegido para el primer mensaje de la “limpia”, por lo tanto, sería algo más pensado, no mera casualidad. La Puerta de Chihuahua no es sólo un adorno urbano más ni un puente, una avenida, un parque o cualquier otra parte del equipamiento útil y funcional de la capital.

Esa pieza de arte del reconocido escultor Sebastián es una declaración simbólica de la ciudad, una que acerca, que une, que da identidad, sin importar si los ciudadanos son “fifís” o “chairos”, ricos o pobres, de la Campesina o del Campestre.

Entonces, colocar ahí dos cabezas es decirle a la autoridad y a la sociedad entera que aquí está el crimen, que no se esconde y tiene capacidad de mandar, de fijar la agenda pública y reorientarla, darle un viraje a la baja en la incidencia de violencia que había mantenido la ciudad durante todos los meses previos.

A eso se suma una coordinación de seguridad que muchas veces opera más por acumulación de fuerzas que por una estrategia unificada. Grupos estatales, federales, intereses cruzados, prioridades distintas. En ese ruido, los grupos criminales avanzan.

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Para el cierre de 2025, los datos preliminares oficiales revelan que México sigue una tendencia a la baja en homicidios dolosos en términos relativos, aunque es obligada la cautela sobre la calidad de las cifras, las cuales habrán de consolidarse hacia finales de este mes.

Pero es un hecho que a nivel federal, estatal y municipal, indudablemente, hay una reducción considerable en la mayor expresión de la violencia criminal, que habrá de rondar entre el 20 y el 40 por ciento. En Chihuahua eso no lo habrá de alterar la “limpia” de finales de diciembre y, esperemos, tampoco tenga incidencia con la tendencia de 2026 que comenzó con sangrientos primeros días del año.

En el innegable avance en la lucha contra el crimen, sin embargo, no deben minimizarse fenómenos como los actuales, que involucran acciones delincuenciales reiteradas en Chihuahua, Aldama, Aquiles Serdán, Ojinaga, algunos puntos de la Sierra Tarahumara y Ciudad Juárez.

Abrir investigaciones inconexas puede ser una mera decisión burocrática ante una realidad más compleja, pues la “limpia” en la capital tiene conexiones con Ojinaga y Aldama, donde estos días tres hermanos fueron ejecutados; como también puede vincularse a la frontera, con el último ataque contra policías estatales, tras el cual apareció su respectiva narcomanta atribuida a “El 300” y a “El Nomo”, presuntos jefes de “La Empresa”.

Tramitar carpetas con total pasividad parece más complicidad que ignorancia, pues las agencias de seguridad saben que los hechos terminan conectándose a través de los ejércitos que los cárteles tienen desplegados, tanto en el territorio como en sus comandancias criminales, es decir los Ceresos.

Ante ello, ninguna investigación que aborde la delincuencia organizada existente detrás, por una ausencia absoluta, total, de la Fiscalía General de la República (FGR), lo que convierte cualquier esfuerzo de las otras autoridades en meros chispazos, también fragmentados, que a lo mucho alcanzan para detener a uno o dos sicarios del más bajo nivel en las jerarquías delincuenciales.

Ignorar los cadáveres con mensajes y la acumulación de homicidios es permitir que la violencia se vuelva cotidiana y que el crimen mande sobre cualquier otro poder legítimo. Eso es verdadero control criminal. Y es cuando el problema deja de ser policiaco y se convierte en un asunto de gobernabilidad.

La pregunta que queda no es si habrá más violencia, porque eso lo van a determinar las cabezas de los cárteles. Es si las autoridades alcanzarán a romper la lógica de la “limpia” antes de que se normalice del todo.