El nuevo negocio del engaño

Si el fin del decreto para regularizar los llamados autos “chuecos” marcó el cierre de una etapa, también abrió la puerta a una nueva y peligrosa modalidad de abuso: el fraude contra miles de personas que confiaron su patrimonio a vendedores y gestores que hoy ya no pueden —o no quieren— cumplir lo prometido, pero más grave aún, es el de los vendedores sin escrupulosos.

Durante meses, y en algunos casos años, proliferaron en el norte del país lotes improvisados, anuncios en redes sociales y supuestos “especialistas” en importación que ofrecían soluciones rápidas y baratas. Muchos de ellos vendieron vehículos asegurando que “todavía alcanzaban” la regularización, aun cuando el decreto ya caminaba hacia su extinción.

Hoy, esos mismos intermediarios enfrentan un problema que amenaza con convertirse en un escándalo mayor: decenas, quizá cientos de autos que no pueden legalizarse por la vía ordinaria, de ahí y sin duda, para todos, desconfiar de quién o quiénes despachan en esas oficinas de trámites y que imperan en las principales ciudades con el legendario apodo de “pafas”.

Es aquí donde comienza la parte más oscura del asunto. De acuerdo con versiones que ya circulan en el sector social, algunos vendedores estarían recurriendo —o considerando hacerlo— a prácticas abiertamente ilegales, como la elaboración de pedimentos falsos, la reutilización de documentos aduanales o la simulación de importaciones que nunca ocurrieron. Un fraude que no solo afecta al comprador final, sino que vulnera directamente al sistema fiscal y aduanero del país.

El problema es mayúsculo, sobre todo porque el comprador promedio no distingue entre un trámite legítimo y un documento apócrifo. Para muchos, el “gestor” es una figura de confianza; alguien que promete resolver lo que la burocracia complica. Cuando el fraude se descubre, el daño ya está hecho: autos decomisados, dinero perdido y, en el peor de los casos, procesos penales que alcanzan también a quienes actuaron de buena fe.

Este escenario no surge de la nada. Es consecuencia directa de un esquema que toleró durante años la informalidad, el coyotaje y la simulación, bajo el argumento de resolver un problema social. El decreto cumplió su objetivo inicial, sí, pero también alimentó un mercado paralelo que hoy se resiste a desaparecer y que busca nuevas rutas para sobrevivir, aun a costa de la legalidad.

En estados como Chihuahua, donde el fenómeno de los autos de procedencia extranjera ha sido particularmente intenso, el riesgo es mayor. No son pocos los casos de personas que entregaron anticipos, liquidaron unidades completas o firmaron contratos de compraventa bajo la promesa de una importación “segura”, que hoy simplemente ya no es posible.

La pregunta obligada es: ¿quién va a responder? ¿Los vendedores que actuaron con dolo? ¿Las autoridades que permitieron que estos esquemas crecieran sin supervisión? o como tantas veces, ¿será el ciudadano el que cargue con el costo de una política mal cerrada?

Lo cierto es que, con el decreto ya extinguido, cualquier intento de “arreglo” rápido, debe encender las alertas. No hay atajos legales, y todo documento que prometa lo contrario es, en el mejor de los casos, dudoso; en el peor, un delito.

El riesgo ahora no es solo circular en un vehículo irregular, sino convertirse en víctima de un fraude que puede costar mucho más que un automóvil. Porque cuando la legalidad se vuelve excepción y no regla, el engaño encuentra terreno fértil.

Así las cosas, el verdadero reto no terminó con el cierre del programa. Apenas comienza. Y será responsabilidad de autoridades, pero también de la sociedad, evitar que el problema de los autos “chuecos” mute en una industria del fraude perfectamente organizada.

Por ello, la advertencia es clara y no admite matices. Cualquier persona que hoy piense en adquirir un vehículo de procedencia extranjera, deberá primero revisar con lupa la documentación, verificar la autenticidad de pedimentos, facturas y registros ante las autoridades correspondientes, y desconfiar de ofertas “demasiado buenas para ser verdad”. En el mercado actual, un precio excesivamente bajo suele esconder un problema legal de fondo.

La responsabilidad ya no es solo de las autoridades, sino también de los compradores que tienen que entender que el fin del decreto cerró definitivamente la puerta a soluciones exprés. No hay trámites mágicos ni regularizaciones garantizadas. Comprar sin verificar, es apostar el patrimonio familiar a la suerte.

Hoy más que nunca no hay que ignorar la legalidad porque el costo de eso será más alto que nunca. Y casi nunca lo pagan quienes vendieron la promesa, sino quienes confiaron en ella.