Desde el jueves pasado concluyó la vigencia del decreto para regularizar vehículos de procedencia extranjera, cuando la administración federal lo derogó, terminando con un proceso que contabilizó, según cálculos conservadores, poco menos de tres millones de unidades.
Este último decreto inició el 16 de octubre de 2021, pero tuvo varias prórrogas que finalizaron el primer día de este 2026, cuando el Gobierno federal decidió no continuar con ese proceso masivo de regularización de unidades extranjeras.
La historia de la regularización de "autos chuecos" en México es un ciclo de decretos presidenciales para legalizar vehículos de contrabando, que en sus orígenes, por la década de los 70, diseñaron con la idea de beneficiar a los productores del campo.
Era una estrategia para dotar de equipo vehicular a quienes, en una condición económica modesta, no podían financiar unidades nuevas utilizadas en las tareas del campo. Tras regularizar un buen número de vehículos con características propias para tareas en la agricultura y ganadería, aquel decreto quedó concluido.
Sin embargo, por las presiones sociales, en 1978 permitieron que también fueran incluidos, como una extensión del decreto, vehículos usados en la franja fronteriza norte del país, en un rango de 20 kilómetros paralela a la línea divisoria internacional.
Pero entonces empezó el negocio que disfrazaba actividades del campo o límites de circulación, con la venta de autos “chocolates” a todo el país, por lo que en 1985 emitieron un segundo decreto que autorizó la inscripción definitiva de ciertos automóviles y camiones que ya habían sido importados como nuevos.
Y fue desatado el negocio descarado de autos importados: a principios de la década de 1990 publicaron más decretos. Uno en 1991 otorgó facilidades administrativas que resultaron en la regularización de más de 60 mil unidades. Otro en 1992 permitió la regularización de automóviles de hasta 10 pasajeros y camiones ligeros.
Sin una real vigilancia, mucho menos una estricta norma fiscalizadora, llegó lo chueco de los chuecos: lo que originalmente era para satisfacer las necesidades de transporte del campo, fue convertido en un escandaloso contrabando de unidades vehiculares.
Vehículos compactos chatarra, pick ups robadas, accidentadas (y arregladas para venderse como seminuevas), unidades destrozadas que sólo circulaban unos meses y después eran fierros viejos, inundaron las ciudades principalmente del norte de México, pero llegaron hasta los límites mexicanos del sur del país.
A partir de la década de los 90 y hasta entrado el nuevo siglo, tuveron la urgente necesidad de emitir nuevos decretos, porque cientos de vehículos no identificados eran usados en actos criminales, por lo que los gobiernos estatales demandaron soluciones.
Las fiscalías estatales -antes Procuradurías- pidieron una nueva regularización para dotar de placas a miles de unidades y evitar los autos “fantasma” en robos, asaltos, asesinatos, secuestros y demás.
Así, en 1992 emitieron otro decreto que culminó tres años después, con lo que lograron identificar a miles de unidades que ya circulaban en México, sobre todo en estados fronterizos con Estados Unidos, eliminando la impunidad y, por supuesto, generando el pago de impuestos.
Pero el negocio de “importación” ilegal jamás fue detenido, de tal suerte que en 2005 la administración federal se vio obligada, contra la voluntad de la industria automotriz mexicana, a emitir un nuevo decreto que “nacionalizó” miles de unidades.
Y otra vez, en 2021, la administración federal generó un nuevo decreto que fue extendido hasta el jueves pasado, cuando finalmente quedó derogado, con el reconocimiento de la industria automotriz pero, sobre todo, de la ciudadanía que observa un crecimiento desmesurado en la circulación de unidades vehiculares en las calles de todo el país, aunque este último decreto sólo fue en beneficio de 15 estados de la República Mexicana.
A partir de ahora, la importación de vehículos usados debe realizarse siguiendo las normas generales de comercio exterior y la ley aduanera vigente. ¿Y esto qué significa? Que nadie podrá importar un vehículo bajo decreto, sino con las reglas fiscales que, a diferencia del decreto, observan más requisitos.
Vamos a concluir: si originalmente la regularización de unidades vehiculares fue para beneficiar a los productores del campo, y después a usuarios que no podían adquirir una unidad de agencia, el escandaloso contrabando jamás se detuvo.
Hoy tenemos calles saturadas de vehículos (nacionales o regularizados), pero lo más grave, una contaminación evidente porque miles de esas unidades son chatarra, disfrazadas de “vehículos en buenas condiciones” que sólo sirvieron para los yonkes. Miles de personas han sido engañadas con el señuelo de que son vehículos importados en buen estado, pero en la realidad, muchos negociantes de chuecos defraudaron a sus compradores.
Ahora que finalizó el decreto… ¿terminó el contrabando y, por consiguiente, las extorsiones oficiales para permitir el ingreso de más chuecos? Al tiempo.