-Alista Sistema Anticorrupción exhibida a Corral

-Va Alma Portillo cuesta arriba con iniciativa

-No solo JC firmó autógrafos, también EMEB=MB

Desde el comienzo del semestre actual, el plantel del Colegio de Bachilleres ubicado en el bulevar Antonio Ortiz Mena y avenida Francisco Villa ha sido el causante de embotellamientos constantes a los que les rehúyen hasta los agentes de la Policía Vial.

Todas las mañanas, poco antes y poco después de las siete; al mediodía, en el cambio del turno matutino al vespertino y por las tardes, alrededor de las 19:00 horas, las vialidades alrededor colapsan por la llegada de cientos de vehículos para dejar o recoger a los estudiantes.

Algo cambió entre un semestre y otro -denuncian los padres de familia- pues los congestionamientos siempre han sido habituales, pero ahora duran más porque las puertas de la escuela tardan más tiempo en abrirse o cerrarse, lo que genera interminables filas en entradas y salidas.

El director del plantel, Édgar Álvarez Castillo, parece estar dormido para esas horas en que entran y salen los estudiantes, tal vez ni cerca de la oficina se encuentra.

Esa falta de supervisión que explicaría cómo se forman largas filas de estudiantes con credencial o celular en mano para registrar su ingreso de forma electrónica, en lo que parece más una de esas cuerdas de reos de la antigüedad que el ordenamiento del acceso a la escuela para los alumnos.

Tenemos en versión digital de GPS un video con el que los afectados se quejan de lo que puede verse todas las mañanas. Las filas en el Ortiz Mena y la Francisco Villa no avanzan, por más que cambian los semáforos del rojo al verde, debido a que los estudiantes no tienen un ingreso ágil al plantel.

En especial en el horario inicial de la mañana, tal vez por algún cambio administrativo o mala planeación, tardan mucho más los estudiantes en entrar y sus padres en las filas, sin que alguna autoridad vial o escolar intervenga ya no para regular el tránsito, sino para proteger la integridad de los jóvenes, que deben cruzar las calles entre filas y filas de carros, entre los que los no faltan los acelerados, sobrecalentados por el estrés mañanero.

Las escenas al exterior del Cobach parecen repetirse en todo tipo de vialidades, primarias y secundarias, producto de la sobredemanda -inducida por la ausencia de un transporte público de calidad y la construcción de más y más calles, puentes o gazas- de vehículos particulares.

Pero detalles como la supervisión vial y la planeación adecuada para que sea ágil el ingreso de alumnos, como en este caso, podrían hacer la diferencia.

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El Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), el mismo que el exgobernador Javier Corral creó y dijo que sería mejor que el nacional, alista un pronunciamiento público para hoy lunes, tras el golpe de realidad que ya le dio al ahora senador morenista en una sesión pasada de su comité coordinador.

En el SEA participan el auditor superior del Estado, Héctor Acosta Félix y el fiscal Anticorrupción, Abelardo Valenzuela, además de los representantes del Tribunal de Disciplina Judicia, del Instituto de Transparencia, del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, la Secretaría de la Función Pública, todos los organismos dedicados a la fiscalización y a la transparencia del gasto público, así como un comité ciudadano vigilante.

En su última reunión a finales de enero, los integrantes del sistema encendieron las alertas luego de que un tribunal colegiado federal ordenó que la Fiscalía General de la República recibiera de la Fiscalía estatal la carpeta que tiene a Corral Jurado bajo investigación por corrupción. Una investigación detenida por el fuero del que goza el exgobernador, pero que la FGR peleó con uñas y dientes.

No hay que ser demasiado mal pensado para sospechar que la instancia investigadora federal no quiere procesar a Corral sino exonerarlo, pues el senador convertido al morenismo mueve sus hilos en la 4T.

El problema que ve el SEA es por el manto de impunidad con el que quiere cubrir la FGR al expanista, pero sobre todo porque el fondo de la resolución judicial que lo favoreció confunde la naturaleza jurídica de las “Participaciones Federales” y las “Aportaciones Federales”.

La atracción de la FGR fue sustentada con el argumento de que los recursos públicos que habría desviado Corral -robado, porque la acusación es de peculado- eran federales y no estatales, así que el delito debería perseguirlo la FGR.

Pero resulta que todo el sistema de las finanzas públicas del país considera las Participaciones como recursos estatales una vez entregados a las entidades federativas. Así, su fiscalización y cualquier procedimiento relacionado, administrativo o penal, debe ser de realizado por autoridades estatales.

Al sentar este precedente la justicia federal con una concepción errónea, con una resolución que desconoce por completo el sistema jurídico- financiero de los gobiernos, habrán de afectarse futuras acciones dirigidas a sancionar a quienes le meten la mano al cajón o incluso podrían favorecer a quienes, actualmente bajo proceso, pueden alegar que no debe procesarlos una autoridad estatal o exigir su atracción a la FGR.

Sobre esa problemática, nos aseguran, irá el pronunciamiento del SEA, porque si no hay una corrección de la justicia federal las consecuencias de esa burda y corrupta protección a Corral Jurado podrían ser graves no nada más para Chihuahua sino para otros estados del país.

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Hay iniciativas legislativas urgentes y profundamente humanas, pero que enfrentan una cuesta empinada para hacerse realidad. El Sistema Nacional de Cuidados es una de ellas; es una propuesta que, aunque ampliamente discutida, apenas ha comenzado a materializarse en los estados gobernados por Movimiento Ciudadano.

Por ello, la dirigencia nacional de MC convocó en Guadalajara, Jalisco, a un congreso nacional para analizar avances y compartir modelos de aplicación.

Legisladores y activistas sociales intercambiarán experiencias sobre los esquemas que ya muestran resultados, particularmente en entidades como Nuevo León y Jalisco, donde se han dado pasos concretos en la consolidación de políticas públicas orientadas al cuidado integral no remunerado que existe, es real, pero no es reconocido jurídicamente ni apoyado por el Estado.

De Chihuahua, nos reportan, fue convocada la diputada Alma Portillo Lerma, quien este lunes participará en el encuentro. Con apenas un año de ejercicio legislativo, ha mantenido una agenda dinámica y consistente, dentro de la cual destaca, precisamente, la propuesta para crear un Sistema Estatal de Cuidados.

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La protesta de familiares del sector minero, el pasado sábado, en siete entidades del país, está convertido en un dolor de cabeza para el gobierno de la 4T porque a la par se ha documentado que las compañías mineras en México pagaron más de 200 millones de dólares en los dos últimos años para garantizar la seguridad en sus establecimientos, lo que pone en riesgo las inversiones en el sector.

Aquí marcharon cerca de 300 empleados y contratistas pero en Hermosillo, Sonora, la Asociación de Ingeniería de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, reunió a más de dos mil personas. También se registraron protestas en Zacatecas, Durango, Sinaloa, Hidalgo y San Luis Potosí.

Ayer se hizo referencia al informe anual de la Cámara Mexicana de México (Camimex). Reporta que los delitos que impactan al sector representan hasta el cinco por ciento de los costos totales y hasta el siete por ciento en mermas.

Esto obliga a las compañías a desviar recursos para seguridad privada, rubro en el que en 2024 destinaron 105.7 millones de dólares y prevén que cuando cierren las cuentas de 2025 hayan desembolsado por ese concepto 108.7 millones de dólares.

El dato no es menor para Chihuahua, pues al cierre de 2024 había en México 23 mil 231 concesiones mineras y 13.5 millones de hectáreas en el país. Junto con Sonora y Zacatecas, nuestra entidad concentraba más del 50 por ciento de la superficie y era el tercer lugar en concesiones con un total de 3 mil 069.

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Además del campeón de box, Julio César Chávez, el que también estuvo firmando guantes, playeras y hasta tenis, fue el alcalde Marco Bonilla al finalizar la ceremonia de develación del busto del boxeador en el “Polideportivo Luis H. Álvarez”.

Quienes se quedaron hasta el final, ya cuando el boxeador se retiró del lugar, pudieron constatar la larga fila que formaron los niños y padres de familia para que el edil les diera su autógrafo.

Eso alargó la estancia del edil en la cancha por lo menos otra media hora, porque no solo fue la firma, también la foto para el posteo en redes sociales.

De las cosas que entrenadores, padres de familia y niños comentaron con el alcalde fue el agradecimiento por apostarle a los gimnasios de box municipal.

Apoyo, obvio, con equipo y patrocinios para que puedan participar en competencias estatales y nacionales, algo que la federación a través de la CONADE dejó de hacer desde que aplicaron austeridad republicana al deporte para canalizar el recurso a los programas sociales.