-¿Complicidad juez-abogado en posible feminicidio?

-La similar historia de Maru y Tere

-El debate sobre los “jueces sin rostro”

Dimos cuenta ayer del plantón de Retén Ciudadano en la calle Aldama y la Vicente Guerrero, que puso de cabeza durante horas el centro de la capital el pasado jueves, mientras un pequeño grupo de manifestantes llevaba un ataúd a las puertas de Palacio de Gobierno.

Fue la segunda semana consecutiva en la que el minicolectivo de tinte morenista, dirigido por Rocío Martínez, Carlos Loya y Benjamín Nogueira, protestó con el cierre de las calles del primer cuadro de la ciudad, con afectaciones para todos los ciudadanos que acuden a realizar trámites y a sus trabajos.

Pues bien, hoy presentamos en versión digital de GPS un video de algo más, poco o nada visto, que incluyó la manifestación. Aparte de llevar la caja para muerto, una vez que la retiraron, aventaron estiércol en la banqueta del inmueble sede del Ejecutivo Estatal.

Fue una provocación abierta a los guardias de Palacio, según puede escucharse, porque alguno de los pocos protestantes insultó a uno de ellos diciéndole “guarura”.

De acuerdo con algunos avezados testigos que reportearon y documentaron el hecho casi al final de la protesta, los manifestantes tiraron los desechos a las puertas del edificio, pero, además, con palas se las aventaron a los guardias, quienes estaban entre cerrar el lugar o pedir refuerzos para evitar agresiones.

Dicen que la situación no escaló de los insultos de los protestantes contra los oficiales que cuidan el acceso al Palacio, quienes tenían la instrucción de no caer en provocaciones.

Así, puede verse, la situación que achacan a algunos morenistas como el senador Juan Carlos Loera de la Rosa, empeñado en desacreditar la gestión de la candidata que le ganó en 2021, Maru Campos, va más allá de la mera presión política.

Cerrar las calles con afectaciones a todos y tratar de provocar un pleito para que los guardias respondan a golpes contra los manifestantes, es temerario y políticamente irresponsable. De no frenarse esas protestas cada jueves, habremos de ver una escalada mayor conforme se calienten más los tiempos políticos.

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La amistad entre un juez penal de Parral, Manuel Jurado Torres, y el abogado Juan Carlos Payán, defensor de imputados en un par de casos recientes que ha llevado el juzgador, comienza a levantar sospechas de complicidad entre ambos.

Tenemos en versión digital de GPS imágenes tomadas de redes sociales, enviadas por litigantes parralenses, que prueban los vínculos de amistad y hasta de posible sociedad profesional en algún despacho, desde antes de que Jurado Torres asumiera como juez en el Distrito Judicial Hidalgo.

Eso en sí mismo debería haber sido un obstáculo, al menos moral, para que el juzgador conociera de causas llevadas por el litigante.

En un primer caso, en el mes de enero del año 2024, Julio César M. V. Fue acusado de violar en un motel de Parral a quien era su novia, además de golpearla salvajemente. Por tales hechos, el 23 de octubre del año pasado, recibió prisión preventiva y fue vinculado a proceso por una juzgadora especializada en violencia de género.

Sin embargo, el lunes 22 de diciembre, mientras la jueza de la causa se encontraba de vacaciones, la defensa, el amigo de Jurado, solicitó de manera indebida la revisión de la medida cautelar, siendo atendida dicha audiencia por su amigo juez de control.

Sospechosamente, Jurado revocó la prisión preventiva, lo que colocó a la víctima en un alto grado de riesgo al liberar a un potencial feminicida. Ello, pese a la existencia de un dictamen que establecía el peligro en el que estaba la mujer y la resolución de una juzgadora especializada.

Un segundo caso es apenas de esta semana. Es el de Edna Chávez Loya, fallecida en lo que la Fiscalía Especializada en Delitos contra Mujeres (FEM) consideró un feminicidio, pero el mismo juez Jurado, con el mismo defensor Payán del imputado Juan de Dios V.M., reclasificó el delito a homicidio imprudencial.

El vuelco es gravísimo, en medio de testimonios que afirman tanto la posibilidad de un accidente como la existencia de actos de violencia previos contra la víctima, incluso un intento de atropellamiento anterior y otras agresiones sufridas por quien ahora, lamentablemente, ya no vive para contar la realidad.

Pero la relación de fondo entre el juez y el litigante es el hecho legal que ahora debería ocupar a las autoridades, tanto a la ministerial para que denuncie, acuse y documente formalmente la posible complicidad, como del pintado Poder Judicial del Estado, que burocracia tiene mucha como para investigar la legitimidad de los fallos o las presuntas faltas administrativas que puedan configurarse.

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La noche del jueves, el Palacio de Gobierno recibió a una amplia comitiva de Aguascalientes encabezada por la gobernadora Tere Jiménez, su esposo Luis Alberto Villarreal García y el presidente del Patronato de la Feria Nacional de San Marcos, José Ángel González.

La gobernadora Maru Campos organizó así la presentación en Chihuahua de la edición 138 de la feria más tradicional del país, a la que el estado será invitado especial.

Además de las especulaciones que entre los invitados desató una reunión privada de las gobernadoras con algunos personajes panistas antes de la ceremonia pública, el comentario generalizado de los asistentes fue la historia similar que comparten Campos Galván y Jiménez Esquivel.

Ambas comenzaron como alcaldesas, ambas enfrentaron maquinarias del poder para ser candidatas y mandatarias de sus estados, además de que acaban juntas su periodo de gobierno en 2027, clave futurista importante para comprender su relación y alianza dentro de los grupos del PAN.

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Una reforma, acaso menos estridente por resultar más técnica, pero que está levantando cierta ámpula, es la del Código Nacional de Procedimientos Penales y a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, y de manera muy particular por la figura de los “jueces sin rostro.

La iniciativa enviada por la titular del Ejecutivo, y que ahora se discute en mesas de análisis de Comisión de Justicia del Senado, ha generado comentarios, casi todos adversos, a la incorporación de esa figura, que busca proteger la integridad, y por ende la identidad, de los jueces que sentencian casos vinculados a delitos de alta peligrosidad.

Cuatro especialistas rechazaron la aplicación de esa figura pero coincidieron en que deben proponerse alternativas para su aplicación debido a que ya está incluida en la Constitución luego de la reforma judicial de 2024.

Por ejemplo, Mercedes Carbonell Peláez, del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell, manifestó que la reserva de identidad de los jueces no debe ser discrecional, sino estar basada en pruebas técnicas del riesgo específico antes de otorgarse.

En tanto, María Luisa Aguilar Rodríguez, directora del Centro Prodh, advirtió que el anonimato judicial evita conocer quién juzga y verificar si ha sido sancionado o inhabilitado.

Cristina Reyes Ortiz, de México Unido Contra la Delincuencia, advirtió que el anonimato de los jueces se convierte en una barrera para la justicia en delitos como trata de personas y desaparición forzada, donde suelen estar involucrados funcionarios públicos.

Un consenso fue el establecimiento de comités de ética y que la figura de los “jueces sin rostro quede acotada únicamente para delitos relacionados con la delincuencia organizada, además de controles estrictos, una motivación reforzada y una revisión periódica para su temporalidad.

Ya sabemos cómo se las gastan los juzgadores en México para evitar rendir cuentas; que no sea todo un pretexto para la opacidad.

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La firma del convenio entre el municipio y aliados estratégicos para fortalecer el programa “+ Vida” marca para bien la política pública del alcalde, Marco Bonilla.

Con ella buscan combatir la desigualdad en equipo con el DIF Municipal, FECHAC y el Hospital Infantil de Chihuahua para acompañar a mujeres embarazadas y en posparto que enfrentan vulnerabilidad.

Ahí no hay ocurrencias, sino una política que comprende que la primera infancia empieza antes del nacimiento y que la maternidad necesita respaldo integral.

Sobre todo necesita respaldo en las zonas más alejadas de la mancha urbana, donde no hay algún centro de salud, pero sí Centros de Desarrollo Familiar del Municipio.

Cuando un gobierno municipal convoca, coordina, y cuando el sector social y las instituciones de salud responden, el resultado se traduce en mejorar la salud, que en este caso no sólo protege a las madres, también a esos pequeños seres que están por nacer.