En un sistema de justicia, antes de emitir opiniones debe haber evidencias.
Bajo esa premisa, durante las últimas tres semanas han surgido asuntos de interés público que —o al menos así lo han sido por lo mediático de su contenido— han generado un debate que no es menor en un Estado constitucional y democrático como en el que, se supone, vivimos, conforme a lo que dictan la Constitución federal y, por supuesto, la del estado de Chihuahua.
Sin embargo, el centro del debate definitivamente no debería ser, si una persona es responsable o no de haber cometido hechos delictivos, pues ello implicaría que previamente se ha desarrollado un proceso adecuado, que existen pruebas irrefutables que así lo demuestran y que, conforme a nuestras leyes, se ha determinado que efectivamente se ha vencido lo que conocemos como presunción de inocencia.
Así es, estimado lector: nos parezca o no, una acusación o imputación no implica responsabilidad penal.
Lo verdaderamente interesante es observar cómo el sistema de justicia colapsa antes de que se cumplan estas exigencias. Esto ocurre cuando, por un lado, quien procura justicia informa a la sociedad sobre los resultados de su trabajo y, por otro, quien administra la justicia responde a esa información, refutando públicamente, cuando lo que debería hacer simplemente, es resolver fundada y motivadamente.
Como ejemplo, si analizamos con rigor lo que se ha venido expresando desde la Fiscalía del Estado de Chihuahua y la policía, respecto al tema de una persona identificada con el apodo de «roedor» —nótese que se utiliza esta denominación para no transgredir el principio de presunción de inocencia—, no puede afirmarse que implique un ataque a la independencia judicial. Lo que sí resulta reiterado es que, desde la percepción de dicho órgano, existen datos suficientes para considerar que la persona investigada probablemente cometió un delito y que probablemente es “responsable”.
Hasta ese punto, no se advierte un señalamiento de incapacidad o falta de probidad por parte de quienes tienen las facultades legales para determinar si esos datos son suficientes para tomar decisiones, es decir, los jueces.
La problemática surge fundamentalmente en el manejo mediático y, sobre todo, en la respuesta de las redes sociales, las cuales influyen de manera negativa en una relación institucional que, en teoría, debería sustentarse en el respeto.
Conviene precisar que la delicadeza de una investigación y la determinación de responsabilidades en un hecho probablemente delictivo no puede —ni debe— sostenerse en opiniones de Facebook, Instagram, TikTok o cualquier otra red social. Ello es así porque se supone que la época de la venganza privada o pública —el “ojo por ojo”, familia contra familia—, cuyo auge y declive se sitúan entre los siglos XVII y XVIII, se agotó con la llamada Ilustración. Fue entonces cuando la humanidad aspiró a dejar atrás la represalia social para dar paso a un sistema de justicia controlado, basado en la razón. Por ello, temas tan delicados deben alejarse de este juego del gato y «la rata».
No obstante, resulta entendible que las fiscalías y las policías emitan pronunciamientos sobre el trabajo que realizan, ya que uno de los retos más complejos de cualquier Estado de derecho es combatir la impunidad. Es lógico, por tanto, que defiendan sus acciones, las justifiquen y expliquen su actuar, pues finalmente estas instancias provienen de un poder de naturaleza plenamente política: el Ejecutivo.
La dificultad aparece cuando el otro poder, el encargado de administrar justicia, responde públicamente a esta información. Históricamente, y en particular desde la Constitución de 1917 —que sustenta el llamado Estado de derecho—, el debate judicial debe resolverse exclusivamente mediante fundamentación y motivación jurídicas, sujetas a los mecanismos internos de revisión de la propia judicatura, no en la arena mediática.
Luigi Ferrajoli, destacado jurista italiano y padre del garantismo jurídico, ha sido crítico de la figura de los “jueces mediáticos” y de la judicialización de la política a través de los medios. Su teoría defiende un modelo de juez sujeto exclusivamente a la ley y a las pruebas, en contraposición a una justicia espectacularizada o populista. En síntesis, sostiene que los jueces no deben acudir a los medios para justificar o defender públicamente sus resoluciones, pues la legitimidad de la función jurisdiccional no se construye con discursos, sino con sentencias debidamente fundadas y motivadas.
Cuando un juzgador traslada sus decisiones al terreno mediático, rompe el principio de imparcialidad aparente -cuyo significado exige que las actuaciones, expresiones y comportamientos de quien juzga no generen dudas razonables en los ciudadanos sobre su neutralidad, aun cuando internamente actúe con objetividad-, confundiendo la función técnica con la política y expone a la justicia al vaivén de la opinión pública. Más grave aún resulta que quien busca reflectores para explicar sus fallos sea incapaz de tolerar el escrutinio y la crítica que inevitablemente acompañan a toda resolución controvertida. La investidura judicial exige templanza: silencio frente al ruido, argumentos en el expediente y apertura a la crítica institucional, no al aplauso ni a la descalificación mediática.
En este contexto, resulta especialmente complejo que las instituciones de justicia ventilen mediáticamente asuntos cuya resolución la propia Constitución mexicana establece cómo deben dirimirse. Esto es una muestra clara de que politizar la justicia tiene consecuencias negativas para alcanzar su verdadero fin: dar a cada quien lo que le corresponde, garantizar el orden social, proteger los derechos y asegurar la convivencia pacífica.
Estamos ya en la aceptación de que jueces, magistrados y ministros serán electos políticamente para ocupar sus cargos; ese debate, al menos por ahora, se ha agotado, pues así son las reglas del juego. Lo que no debe ocurrir, conforme a la doctrina que sostiene a un Estado democrático, es que quienes administran justicia justifiquen públicamente lo que debería ser un ejercicio de convicción interna y de justificación externa únicamente a través de sus resoluciones.
De lo contrario, se genera la apariencia de que las campañas electorales no han terminado, lo cual resulta inaceptable tratándose de actores públicos encargados de mantener el equilibrio entre las personas y las instituciones, y de generar confianza en el sistema, armonía entre libertad y orden, y, en última instancia, paz social.
Porque no debemos olvidar que, en el juego del gato y «la rata», el ratón corre, pero el gato siempre acecha, y el juego no termina cuando uno huye, sino cuando el otro decide atrapar.