Acorralados “chuecos” en la capital

Semana intensa de reforma electoral

Tarea pendiente de alta burocracia judicial

La fuga de Jorge Raúl A.G, alias “La Rata”, tras una imputación fallida por homicidio y otra por un asesinato más que no alcanzó para darle prisión preventiva, no solo hizo ver mal a las juezas que atendieron sus audiencias, a los juzgadores que salieron en bola a defenderlas, a los policías y a la Fiscalía del Estado.

El caso que la semana pasada evidenció al Poder Judicial y al Ministerio Público por igual, debido a que dos veces fue detenido el presunto homicida y ayudado a librar la acción de la justicia, tiene también otros perjudicados de forma más grave.

Sí, en efecto quedaron exhibidos los encargados de perseguir criminales y los responsables de juzgarlos, pero no fueron los que cargaron con las mayores consecuencias del deprimente espectáculo a favor de la impunidad que le dieron a la sociedad.

En el terreno de la realidad que parecen negados a ver los juzgadores independientes y autónomos, hay personas directamente perjudicadas por estas fallas que atentan contra su integridad. Son víctimas indirectas del presunto sicario, bien conocidas y ubicadas por él mismo.

Porque resulta que los casos construidos por el Ministerio Público de la Fiscalía Zona Centro en contra de “La Rata”, están basados en declaraciones de testigos con identidad reservada, no protegidos porque no hay un sistema que los blinde de represalias o venganzas por testificar para la justicia.

Un caso al menos de un testigo es el considerado de mayor riesgo, por estar identificado en la realidad por el presunto agresor, aunque en la carpeta de investigación aparezca con una identidad oculta.

En los dos homicidios fallidamente imputados al acusado, hoy prófugo de la justicia, hay testimoniales de la gente que colaboró para su detención y enjuiciamiento, además de otras evidencias recabadas en los lugares de los crímenes, que de nada sirvieron para que fuera recluido en prisión preventiva.

Así, aparte de la vergüenza pública para juzgadores, acusadores y policías, hay personas en riesgo por estas malas actuaciones. En riesgo real y grave, sin contar con el mínimo respaldo de las autoridades, como víctimas indirectas de los homicidios que le atribuyen al hoy prófugo de la justicia.

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Del universo de carros “chuecos” que quedaron dentro del estado, pero fuera del decreto de regularización que al comenzar el año abrogó la presidenta, Claudia Sheinbaum, los que están en la capital del estado tienen nulas oportunidades de quedar importados legalmente.

Por los comunicados oficiales de la Secretaría de Hacienda y el Registro Público Vehicular (Repuve), así como por los datos reales que manejan los conocedores, los dueños de vehículos fuera del decreto que están en Ciudad Juárez tendrán la alternativa de buscar su importación legal vía Aduana. El problema será el costo, más alto que el fijado por el decreto y sus prórrogas.

Los que están en Cuauhtémoc y hacia los municipios de la sierra, difícilmente podrán ser importados porque el trámite implicaría ir hasta la frontera y regresar, pero la Guardia Nacional estaría cazándolos en la carretera Panamericana.

Aun así, les queda la opción a sus propietarios usarlos casi sin problema, pues en las localidades rurales las placas son opcionales en la práctica, aunque la ley los obligue.

Pero en el caso de la capital, aquí van a quedar acorralados los “chuecos” que ya no entraron a la regularización, pues ir a Juárez no es viable por tres retenes de policías federales que hay en la ruta y las volantas de la Guardia Nacional, de las que ya comienza a haber múltiples quejas por echarles el ojo a esos vehículos en aras de sacarles “mordida” a sus dueños.

La opción de llevar esas unidades a la sierra también está descartada, pues hay punto de revisión a la altura de Santa Isabel, muy enfocada también en la revisión vehicular.

Así, a los dueños de “chuecos” no les va a quedar de otra que arriesgarse en la capital a que los pare la Policía Vial en algún momento o a usar esos vehículos para el deshuesadero o la venta por partes.

Este es el caldo de cultivo para las organizaciones “pafas”, que ya han anunciado la vía de los amparos y otra vez los engomados. A la vuelta de unos meses, veremos la dimensión real del problema de esas unidades que quedaron a la deriva con la abrogación del decreto.

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Vienen grandes temas a discutir tras las plenarias legislativas federales y partidarias del fin de semana: la reducción de la jornada laboral hasta 40 horas en 2030 y la reforma electoral.

En el primer asunto, salvo algunos fuegos artificiales, no pasará a mayores, pero sobre el tema electoral hay pronósticos reservados que avizoran algunos barruntos de tormenta.

Para empezar, en la cuarta plenaria del Partido del Trabajo, la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, confió en que el proyecto contará con el aval de la alianza oficialista Morena-Verde-PT.

Pero donde se empieza a descomponer el cuadro es en la oposición.

En la plenaria de Acción Nacional, su dirigente Jorge Romero, declaró que están abiertos a discutir la reforma con Morena e incluir la propuesta de una segunda vuelta electoral.

Dijo estar dispuestos a que disminuyan los recursos a los partidos políticos, pero no a los órganos comiciales y, “de ninguna forma” eliminar la representación proporcional.

En el mismo evento, pero del PRI, su dirigente nacional Alejandro “Alito“ Moreno tronó contra el fundador de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, lo tildó de “esquirol y traidor” pues, aseguró, ya pactaron su voto a favor del grupo mayoritario, incluso con mayor fervor que los aliados de Morena.

Puede que el puente de este día atempere un tanto los ánimos, pero ya se anticipa el inicio de una semana álgida en este asunto y eso que todavía andamos en las escaramuzas previas.

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Tienen trabajo de reordenación administrativa quienes integran el Órgano creado exprofeso en el bodrio de reforma judicial reciente, Karla Esmeralda Reyes Orozco, Luisa Fernanda Márquez Picard, Eduardo Zacarías Gómez Bustamante, Minerva Correa Hinojosa y Judith Ávila Burciaga.

El tema tiene que ver con la nómina dorada de pensiones y jubilaciones, que solo en la revisión de los últimos dos años, tiene bastantes inconsistencias como para iniciar una investigación.

Por ejemplo en 2024 había 95 y 96 beneficiarios, en los dos únicos trimestres transparentados, pero en 2025 crece a 109, luego se reduce a 60 y después crece de nuevo a 84, todo ello inexplicable para el ciudadano común, tratándose de prestaciones inamovibles.

Luego están los movimientos.

Entre el cierre de 2024 y el inicio de 2025, dejaron de figurar en las listas Juan Javier Pérez Rivera y Carlos Natividad Baray Sánchez.

Entre el primer y segundo trimestre de 2025, se registró la baja de 58 personas, entre las que se encuentran Antonio Pérez Contreras, Adolfo Maldonado Delgado, Gabriel Armando Ruiz Gamez, Jaime Antonio Juárez Villarreal, José Miguel Salcido Romero y Marco Emiliano Anchondo Paredes.

En el tercer trimestre de 2025, fueron incorporados 27 registros, incluyendo a Amparo Pérez Barraza, Ana Laura Domínguez Rodríguez, Andrea Margarita Cárdenas Valenzuela, Esperanza Aydee Molina Almanza y María Teresa García Ortiz.

Los beneficiarios Héctor García Aguirre, Israel Holguín Domínguez y Luis Ignacio Bustillos Sáenz, quienes no figuraron en el segundo trimestre de 2025, aparecen nuevamente en el reporte del tercer trimestre.

Y eso que no estamos tocando el tema de los 146 mil que recibía el expresidente del STJ Rodolfo Acosta, que luego se convierten en 122 mil y después simplemente desaparece, igual que los más de 30 beneficiarios que finalmente quedaron en 6.

Por eso consideramos que bastante material tiene el dichoso órgano de administración, para echarse un clavado.

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El pasado sábado Marco Bonilla anduvo por Coudad Juárez, en Anapra, para celebrar el Día de la Candelaria con mesa compartida, conversación directa, sentido de comunidad, sin estridencias, anuncios o protagonismos forzados.

La escena fue sencilla, pero políticamente elocuente. No hubo mensajes grandilocuentes ni discursos largos. Hubo presencia. Y en una ciudad como Juárez, donde la gente distingue rápido entre quien llega por compromiso y quien llega por convicción, eso tiene un peso específico.

Anapra no es cualquier punto del mapa. Es frontera dentro de la frontera. Y ahí, Bonilla optó por algo poco común en tiempos de agenda rígida: escuchar, caminar y compartir el momento. El mensaje no se dijo, pero quedó claro.

La lectura es inevitable para quienes siguen de cerca el pulso local —y más de uno en las redacciones ya tomó nota—: Juárez empieza a observar con atención a figuras que, sin gobernar la ciudad, entienden su ritmo, sus símbolos y sus tiempos.