Con la llegada de Donald Trump a su segundo periodo como presidente, Estados Unidos dejó de lado el perfil técnico y activó un modelo anti inmigrante integral y abiertamente castigador, de terror.

El objetivo real no fue sólo vigilar la frontera, sino presionar en lo psicológico a los millones de inmigrantes ilegales coaccionándolos para "autodeportarse".

Es una presión sin antecedente de la Casa Blanca, que tiene como respuesta de México un discurso de acogida cálido pero que en los hechos se queda corto ante la falta de presupuesto real para recibir e integrar a sus propios connacionales.

La estrategia estadounidense busca convencer a las personas indocumentadas de que quedarse en ese país es imposible, y para lograrlo, demolió Trump las garantías del debido proceso mediante acciones como la expansión de la "Remoción Expedita" bajo el Título 8 desde el 21 de enero de 2025.

Esta medida permite deportar de inmediato y sin ver a un juez a cualquier persona no ciudadana en cualquier parte del país que no pruebe dos años de residencia continua, aplicando castigos de cinco a 10 años sin reingreso, o incluso de por vida.

Esta ofensiva se apoya en centros de detención masiva en condiciones extremas, como el campamento "Fort Bliss" en Texas —con un costo de mil 200 millones de dólares— o "Alligator Alcatraz" en Florida, combinados con redadas con perfilamiento racial y sistemas como “mousetrap” en aeropuertos vía la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Además, tras cancelar la app CBP One el 20 de enero de 2025, lanzó el gobierno norteamericano "CBP Home" tres meses después para animar a la gente a registrarse y salir del país a cambio de bonos de entre mil y tres mil dólares, sumado a la revocación masiva del permiso de permanencia temporal (parole) en abril del año pasado, que dio siete días para salir del país.

Aunque la jueza Allison Burroughs frenó la medida por ilegal, la incertidumbre ya había cumplido su función de infundir no miedo, sino pavor.

El gobierno norteamericano justificó estos operativos asegurando ir sólo tras criminales peligrosos, como afirmó la entonces secretaria del DHS, Kristi Noem, en julio de 2025 al sostener que el 70% de 300 mil detenidos tenía antecedentes penales.

Sin embargo, los datos duros contradicen la narrativa oficial. Cuando en mayo de 2025 se exigió a ICE detener a tres mil personas al día, un análisis del Immigration Research Initiative mostró que la cifra de detenidos con delitos reales cayó al 30 por ciento.

En realidad siete de cada 10 migrantes detenidos eran trabajadores y padres de familia sin antecedentes graves; datos oficiales confirmaron que ocho de cada 10 personas en centros de detención no tienen antecedentes penales.

Bajo el paradigma de la "crimigración", faltas administrativas como manejar sin licencia pasaron a castigarse con la expulsión, e incluso en marzo de 2025 se usó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para deportar de golpe a 250 venezolanos a la prisión CECOT en El Salvador por presuntos vínculos con el Tren de Aragua, a pesar de que más del 90 por ciento no tenía antecedentes en EE. UU.

Todo esto respaldado por la Ley de Reconciliación del cuatro de julio de 2025, que inyectó 14 mil 400 millones de dólares para sumar 10 mil agentes de ICE y 80 mil camas, en una prisa por cumplir cuotas que derivó en las muertes de los ciudadanos estadounidenses Renee Good y Alex Pretti en Minnesota en enero de 2026, y de Rubén Ray Martínez en Texas en marzo de 2025 a manos de agentes federales.

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Otro aspecto clave de la política de miedo es la expulsión hacia terceros países, incluso de otros continentes, a donde fueron a parar mexicanos, latinoamericanos o cualquier inmigrante.

El Migration Policy Institute calculó que en 2025 se realizaron 15 mil deportaciones a terceros países sin lazos de origen ni residencia, aprovechando acuerdos con regímenes de África y Centroamérica que superan los 32 millones de dólares.

En agosto de este año, hace unos días, 20 migrantes hispanos fueron expulsados a Liberia en un plan que podría llegar a mil 200 personas; otros más fueron llevados a Guinea Ecuatorial, a la República Centroafricana y a la República Democrática del Congo. Allá están a su suerte.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, confirmó que EE. UU. ha llevado a su país -sólo en lo que va del año- a dos mil 300 mexicanos deportados para devolverlos por tierra, vulnerando el principio internacional de no devolución, cuando pudieron ser llevados a la Ciudad de México o a cualquier otro punto del sur del país, si de alejarse de la frontera se trataba.

La contención con fines de infundir terror también se extendió al ámbito consular mediante la preparación para revocar 200 mil visas B1/B2, el retiro de visados a madres mexicanas argumentando "turismo de maternidad" con interrogatorios de hasta siete horas en Eagle Pass, y la suspensión global de citas para visas de inmigrante apenas esta semana.

Aunque oficialmente se justificó la suspensión por capacitación sobre solvencia financiera (Public Charge Bond), la medida buscó eludir el fallo del 21 de agosto de 2026 de la jueza Jeannette Vargas, quien declaró ilegal la restricción de visados a 75 países.

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En este contexto, en México la postura oscila entre las protestas diplomáticas de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, por los traslados a terceros países, y una respuesta interna endeble con el programa "México te abraza", el cual se limita a un apoyo de dos mil pesos con la Tarjeta Bienestar Paisano sin planes de inserción laboral o apoyo psicológico.

El eufemismo de “México te abraza” contrasta con la eliminación en 2021 del Fondo de Apoyo al Migrante (FAM), que en 2018 contaba con 300 millones de pesos para proyectos productivos y albergues locales, dejando a los municipios sin recursos para la reintegración.

De acuerdo con el colectivo Bloque Latinoamericano sobre Migración (Bloque LAC) y otros, "México te abraza" carece de claridad sobre sus alcances, coberturas y mecanismos de transparencia.

No tiene reglas de operación públicas, con criterios de elegibilidad específicos desconocidos, lo que genera discrecionalidad en la entrega de los apoyos y dificulta la auditoría social de los recursos utilizados por las 34 dependencias coordinadas.

Las denuncias señalan que no hay estrategia integral para atender la salud mental ni para identificar y apoyar a las familias de estatus mixto que han sido fragmentadas por la deportación.

Sin canales de apoyo legal o psicosocial especializados para padres repatriados cuyos hijos (muchas veces ciudadanos estadounidenses) permanecieron en Estados Unidos o se vieron forzados a retornar sin preparación previa.

Hay severas barreras de acceso en campo, con problemas de inscripción escolar en escuelas públicas por la exigencia de actas de nacimiento apostilladas y traducidas, así como procesos de revalidación académica ante la SEP que resultan lentos, costosos e incompatibles con la realidad de un retorno forzado.

En suma, hay un sistema que criminaliza y victimiza al migrante.

En el norte hay medidas duras y cuantiosos recursos para infundir temor y presionar la salida de las personas -muchas de las medidas sin antecedente alguno-, que siembran el terror por las imágenes de ICE en calles, restaurantes y empresas, en franca persecución sí como de criminales se tratará; en el sur -en México- la recepción de la población retornada se reduce a un apoyo económico simbólico tras la extinción de fondos de reintegración; queda la ayuda en un frio abrazo retórico.

Al miedo del otro lado, le sigue el abandono en éste.