México llega al segundo semestre del año con varios frentes abiertos: la presión de Estados Unidos por el tráfico de fentanilo, el caos que ocasionan los cárteles y los señalamientos de funcionarios y políticos involucrados en actos de corrupción, ni qué decir en su participación con el crimen organizado .

Los aranceles, la revisión del T-MEC y las exigencias de Washington obligan a México a fortalecer su estrategia de seguridad justo cuando las finanzas públicas tienen cada vez menos margen.

Y no es el único problema. Antes de discutir el presupuesto de 2027, debemos recordar que prácticamente todo lo que hace el gobierno cuesta dinero. Las elecciones, los programas sociales, las pensiones, la deuda, la seguridad, la salud, la educación y la infraestructura compiten por los mismos recursos, y éstos no son infinitos.

La pregunta, entonces, es cuánto puede gastar México sin comprometer todavía más sus finanzas.

Hay buenas noticias. La economía mostró una recuperación durante el segundo trimestre y el Banco de México mejoró su expectativa de crecimiento para 2026, mientras mantiene una previsión cercana al 2 por ciento para 2027. México también recibió una cifra récord de inversión extranjera directa, cercana a los 35 mil millones de dólares durante el primer semestre.

Pero en el matutino El Economista advierte que alrededor del 88.5 por ciento de esa inversión, correspondió a la reinversión de utilidades de empresas que ya están en México. Las nuevas inversiones representaron apenas el 7.8 por ciento. El récord existe, pero no significa que hayan llegado al país 35 mil millones de dólares en nuevos proyectos.

Mientras tanto, las finanzas públicas muestran otra cara. De acuerdo con el periódico El País, el déficit presupuestario alcanzó 578 mil 900 millones de pesos durante el primer semestre, 19.5 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior.

Los ingresos públicos prácticamente no crecieron: aumentaron apenas 0.1 por ciento, mientras el gasto avanzó 2.1 por ciento. La inversión en infraestructura cayó 7.9 por ciento y el gasto federalizado, las pensiones y el servicio de la deuda absorben alrededor del 61 por ciento del presupuesto.

Más preocupante aún es el costo de la deuda. El Financiero reportó que durante el primer semestre el gobierno destinó alrededor de 693 mil millones de pesos al costo financiero, equivalente al 14.3 por ciento del gasto total. La deuda no sólo se paga; también cuesta mantenerla.

No significa que México esté quebrado ni que los programas sociales sean malos, significa que el espacio disponible para atender nuevas necesidades se hace cada vez más pequeño.

Y aquí aparece 2027.

El próximo año será electoral y se renovará la Cámara de Diputados y habrá elecciones en 17 estados y municipios del país. El INE ha planteado un presupuesto de alrededor de 47 mil millones de pesos para organizar el proceso y financiar las actividades electorales.

Al mismo tiempo, México tendrá que mantener los programas sociales, pagar pensiones y deuda, invertir en infraestructura, atender la seguridad y enfrentar las presiones de Estados Unidos por el fentanilo y los cárteles, todo dentro de una economía cuyo crecimiento sigue siendo moderado.

Para Chihuahua esto no es un asunto lejano. Somos un estado fronterizo e industrial, profundamente ligado al mercado estadounidense. Lo que ocurra con el T-MEC, los aranceles, las exportaciones y la relación bilateral puede terminar afectando inversiones, empleos y crecimiento aquí mismo.

Por eso la discusión del presupuesto de 2027 debería ser mucho más, sería que una pelea entre quienes quieren gastar más y quienes quieren gastar menos. La pregunta es ¿de dónde saldrá el dinero? Y, ¿qué tendremos que sacrificar si no alcanza?

Las alternativas no son infinitas: más deuda, mayores ingresos mediante impuestos, reducción de otros gastos o menor inversión pública. Ninguna es gratuita y todas terminan teniendo consecuencias para los ciudadanos.

Tampoco sería correcto afirmar que el presupuesto será utilizado con fines electorales. No tenemos elementos para asegurarlo, pero precisamente porque 2027 será un año electoral, las decisiones presupuestarias deberían explicarse con números y no solamente con discursos.

Los ciudadanos tienen derecho a recibir los programas y servicios que el gobierno ofrece, pero también a saber cuánto cuestan, cómo se financian y qué otras necesidades dejan de atenderse cuando los recursos son insuficientes.

El dinero público no aparece por arte de magia. Proviene de los impuestos, de los ingresos públicos y, cuando no alcanza, de la deuda que alguien tendrá que pagar.

Quizá por ahora la mayoría de los mexicanos no sienta el déficit ni el costo de la deuda en el bolsillo, pero las finanzas públicas funcionan de una manera muy sencilla: cuando los ingresos no alcanzan, alguien termina cubriendo la diferencia.

Puede ser el contribuyente, mediante mayores impuestos; el ciudadano, mediante servicios que reciben menos recursos; la economía, mediante menor inversión, o las siguientes generaciones a través de más deuda.

El problema es que 2027 llegará con muchas necesidades, muchas promesas y menos margen para financiarlas. Y aunque hoy la cuenta todavía no nos llegue directamente a la casa, eso no significa que haya desaparecido.

La pregunta no es solamente ¿cuánto queremos gastar? La pregunta es ¿cuánto podemos pagar sin comprometer lo que viene?