-Va “el porro fifí de Corral” a protesta retrasada

-Desconoce Santa Rita tratos en lo oscurito

-Ni agua oxigenada tienen

Mientras el Tribunal Superior de Justicia del Estado recibe notificaciones de las demandas de amparo por el cambio de sus salas de Parral a Chihuahua, los caprichosos magistrados favorecidos con la decisión de su traslado, Yamil Athié y María Elizabeth Macías, están arrinconados en la Ciudad Judicial.

La Novena Sala Penal de Macías Márquez, en lo que terminó la Sala Penal Regional del Distrito Hidalgo, quedó en un improvisado lugar cerca del salón de sesiones del pleno del TSJE, robándole espacio a los asistentes que antes podían acudir a las reuniones, las cuales deben ser públicas y ampliamente publicitadas, según la ley que seguido no cumple el aparato de justicia.

La Segunda Sala Civil y Familiar, la de Athié Gómez, que también era regional, terminó en un espacio (puede verse la foto del rinconcito en la versión digital de GPS) que antes estaba destinado a seguir las audiencias penales a distancia, tanto por saturación de alguna sala como por restricción de acceso.

Dicho espacio era generalmente ocupado por los medios para seguir, casi siempre por puro audio, las diligencias a las que no tenían acceso, por decisiones recurrentes de los jueces de cerrar sus audiencias, como excepcionalmente deben cerrarse, aunque cada vez es más constante la tendencia de olvidarse del principio de la máxima publicidad de los procesos judiciales.

Hay algo en común en esos lugares en los que están, por ahora, arrinconados los magistrados: ambos espacios eran sitios destinados, de alguna manera, a transparentar el trabajo del Poder Judicial, cuya imagen está por los suelos, entre la cerrazón, el escándalo y los caprichos de quienes renegaron de despachar en Parral y quisieron venirse a la grilla de la capital.

Así, la decisión del traslado de las salas, envuelta en una serie de argumentos sin sentido para justificarla, se agrava con el espacio físico saturado de la Ciudad Judicial. Seguramente después pedirán otras oficinas más lujosas, como la del resto de los magistrados, por lo que otros deberán ser afectados.

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Por cierto, entre los abogados de Parral, entre los que promovieron amparos contra la decisión de la readscripción de las salas Penal y Civil y Familiar, vieron con muy malos ojos la sesión del pleno del TSJE en Ciudad Juárez, calificada como histórica por el Poder Judicial.

Para la frontera, se quejan, fueron 25 magistrados encabezados por la presidenta, Marcela Herrera Sandoval, a sesionar la semana pasada, con el fin de demostrar que no hay justiciables de primera y de segunda... al menos en Chihuahua y Juárez, aunque sí en el resto del estado, donde son de tercera, cuarta y quinta los ciudadanos, porque nunca va el TSJE a hacer presencia y, por el contrario, hasta retira la poca presencia que tiene.

Cuando apenas han pasado dos semanas del cambio de salas -aprobado desde julio, pero con vigencia cuando regresó el aparato de justicia de vacaciones- los inconvenientes ya son notables y ni por las demandas de amparo se ha notado interés del Poder Judicial en resolver las deficiencias que provocó la medida.

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Trataron de hacer algo de ruido algunas organizaciones civiles y supuestos activistas de derechos humanos en la torre legislativa, donde ayer manifestaron su rechazo a la reforma electoral estatal, la cual fue aprobada desde el pasado mes de junio.

Que hayan tardado dos meses en darse cuenta que los cambios pueden ser un retroceso en materia de representación política, participación ciudadana e inclusión de grupos históricamente discriminados, da mucho qué pensar.

Pero tiene cierta explicación el retraso en su protesta si, como dicen algunos, patrocinan este reclamo personajes conocidos por su impericia política y su proclividad por disfrutar de las mieles del poder sin asumir responsabilidad alguna.

Por ejemplo, entre los asistentes a la dizque protesta estaba Nayo Rodríguez, mejor conocido como “el porro fifí de Corral”, un cuestionado “líder” de un grupo de falsos activistas que recibieron mucho cash del Palacio de Gobierno en la administración anterior, para abanderar ficticias causas sociales.

Su sola presencia desprestigió la causa contra una reforma electoral que, en efecto, quedó mocha, sesgada y hasta antidemocrática, pero pasó dando tumbos en el Congreso del Estado y nadie ha podido revertirla en tribunales, hasta ahora.

Seguramente, figuras con mayor capacidad argumentativa y calidad moral podrían hacerlo mejor.

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La gobernadora, Maru Campos, aprovechó la presentación del libro Centinela, del secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya, para reconocer su trabajo y lealtad.

Pero el mensaje es mucho más fuerte: desgraciadamente muchos han decidido pactar con el crimen organizado sin lealtad y sin ningún escrúpulo, subrayó la mandataria.

Seguro hay muchos a los que les quedó el saco.

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No deja el tema de la Feria de Santa Rita de dar tela para cortar.

El conflicto financiero escaló con un nuevo comunicado de fecha 10 de agosto, en el que la actual administración desconoció la convocatoria realizada por Andrea Domínguez Anguiano para reunirse con proveedores y acreedores de Servicios Funcionales Geicoo S.A. de C.V. y la Fundación Expo Parque Ávalos S.C.

Advirtió la Feria que no tiene «injerencia ni responsabilidad sobre los acuerdos a los que se pudieran llegar», por lo que desconoció la legitimidad de dicho encuentro y dejó a los prestadores de servicios en un limbo operativo y financiero.

El pronunciamiento -visible en edición digital- reitera que ni Domínguez Anguiano ni el grupo de 15 personas físicas señaladas en aviso previo poseen facultades para «efectuar cobros, recibir pagos ni garantizar la realización de eventos» desde el pasado 30 de junio.

Los compromisos contraídos por la expresidenta corresponden de forma exclusiva a las razones sociales que encabezaba, las cuales «ya no operan ni tienen facultades sobre la Feria de Santa Rita, ni sus instalaciones».

Por supuesto hay serias interrogantes sobre la rendición de cuentas de la edición 2026 y la custodia de los recursos públicos y privados. ¿Bajo qué esquema legal cobró la directiva anterior tarifas que oscilaban entre los 25 mil y 65 mil pesos por espacios comerciales de 3x3 metros si hoy se desconoce su representación?

¿Quién responderá a los proveedores, técnicos y artistas a los que se les firmaron pagarés y que hoy acumulan más de dos meses sin liquidación?

La urgencia del nuevo patronato por señalar que los eventos del Palenque deben «registrarse y documentarse directamente» indica que el grupo saliente pudiera haber ofertando espacios aun después de haber sido revocado.

La Feria publica una línea telefónica para el único contacto oficial, deslindándose de cualquier acuerdo o adeudo.

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El Estado y Municipio han decidido apostar fuerte por la infraestructura vial.

Hoy prácticamente no hay punto cardinal de la ciudad que no tenga una obra en marcha, una solución vial en construcción o un proyecto que comienza a transformar la movilidad.

Dicen los manejadores de la alcaldía que son alrededor de dos mil 500 millones de pesos destinados en un solo año a infraestructura vial entre Gobierno del Estado y Municipio.

Marco Bonilla ha insistido que la infraestructura no termina con las obras que actualmente están en construcción. La siguiente etapa, ha adelantado, será el 2027 del recarpeteo. Aunque todavía no existe una cifra precisa sobre la inversión que se destinará a este programa, el compromiso político ya está planteado: dejar encaminados tanto el presupuesto como la tarea para renovar la carpeta asfáltica en las principales avenidas y atender también las calles de las colonias que presentan mayor desgaste.

Urge sobre todo del canal Chuvíscar hacia el sur, incluidas las calles alrededor de Palacio de Gobierno, parecen vialidades de una ciudad de tercera, en algunos tramos al punto de la terracería, como suela de zapato a punto de llegar al calcetín.