- Entra Bonilla a la ecuación y al pleito por la capital

- El viaje relámpago de Maru a Tijuana

- Hasta las manitas en el Tribunal Superior

Desde finales de julio y en estos últimos días, el Grupo Especial Mamba Negra S. de R. L. de C.V. (Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable), ha convocado a asambleas de socios para aprobar una reconfiguración administrativa.

Según la última convocatoria emitida (puede verse en la edición digital de GPS), la empresa del ramo de seguridad busca reunir a sus accionistas el próximo 28 de agosto a las 10 de la mañana en la calle Circuito Villa Santa Lucía número 12802, en un fraccionamiento privado de medio pelo por El Reliz.

Es un domicilio particular, hasta donde sabemos, porque la entidad privada que aprovechó el marketing de las Mambas Negras (unidades policiacas blindadas muy presumidas en su momento, aunque al parecer ya se encuentran fuera de combate porque rara vez se ven en las calles), tiene un domicilio oficial y fiscal ficticio en la ciudad de Chihuahua.

Otra convocatoria previa, en la que los socios eran citados para el 30 de julio pasado, fracasó por falta de quórum, según los registros públicos.

Nada tendría de raro que una empresa privada buscara reunir a sus socios y accionistas, pero en este caso quien firma la convocatoria es Ricardo Fernández Acosta, el general retirado del Ejército que hoy despacha como subsecretario del Sistema Penitenciario del Estado y antes había sido jefe de la Policía Vial en Chihuahua y comandante de la Quinta Zona Militar, antes de acabar la carrera de las armas.

El funcionario de seguridad había dicho, a finales de mayo, que básicamente lo habían chamaqueado haciéndolo socio de la Mamba Negra. Según él, le habían ofrecido un negocio con esa empresa de seguridad que nunca se concretó.

Así se desmarcó de la empresa cuando Alfredo Orozco Romero y su hermana Liliana, también dueños de la misma, fueron acusados de lavar dinero para el Cártel de Sinaloa por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Pero ahora resulta que el general convoca a asambleas del grupo como mero jefe, como “presidente del Consejo de Administración”. Así aparece el cargo junto con su nombre y firma, en el último documento fechado apenas este lunes 10 de agosto.

Obviamente, la intención debe ser la de separarse de la empresa y dejar tan “honroso” cargo luego del escándalo generado tras la sanción estadounidense y la permanencia del general como parte del gabinete de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, en tiempos en que el PAN acusa a Morena de ser un narcopartido.

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La sesión del Consejo Político del PAN del pasado sábado, realizada en privado en un salón del Sheraton, inauguró la entrada del alcalde, Marco Bonilla Mendoza, a la ecuación política de la sucesión y al pleito que el albiazul sigue sin superar para elegir a su candidato a presidente municipal de la capital.

El encuentro presidido por la gobernadora Maru Campos y la dirigente estatal, Daniela Álvarez, cumplió con su cometido de apuntalar al alcalde de Chihuahua como candidato a gobernador para 2027, sin denominarlo, claro, como tal, por respeto a la legislación electoral. Lo demás fue mero trámite y para medir el agua a los camotes en cuanto a posibles alianzas con el PRI y a la situación política de Juárez y la capital.

Pero el hecho de que Bonilla Mendoza por fin haya vencido los regateos que le hacían en su partido hasta hace unos meses, lo coloca con responsabilidad también en la conducción política de la sucesión, la cual pasa inevitablemente por la decisión que el PAN tome en Chihuahua. La plaza está en medio del pleito entre Santiago de la Peña y César Jáuregui por la candidatura, que puede quedar en alguno de ellos, pero también se les puede ir de las manos de tanto estirar la liga.

Es decir, a partir de ahora el alcalde -que sólo esperará unas semanas después de su informe de septiembre para solicitar licencia- también deberá asumir algunas riendas políticas porque su proyecto para la gubernatura debe ir acompañado de perfiles para las alcaldías y diputaciones capaces de sumarle votos; debe ser acompañado de candidatos y candidatas que lo empujen hacia arriba, no que se le cuelguen y lo jalen hacia abajo.

Así las lecturas en Acción Nacional tras el consejo en el que algunos esperaban más luz sobre las candidaturas que habrán de acompañar a Bonilla Mendoza, pero fue más bien para continuar apuntalándolo a él y pasándole cierto peso en la toma de decisiones, como "coordinador" o "comisionado" de la estrategia electoral 2027.

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Así, el nombramiento de Bonilla no es un movimiento aislado dentro de la estructura partidista. Es sobre todo una decisión que responde a una lectura fina del terreno electoral que se avecina.

La gobernadora, al respaldar este perfil ante el Consejo Político del PAN, envía un mensaje claro hacia el interior del blanquiazul: la ruta hacia 2027 requiere operadores con territorio, con resultados comprobados y con capacidad de sumar liderazgos regionales.

Por esta responsabilidad, Bonilla tendrá la tarea de recorrer los 67 municipios del estado, articular a las estructuras locales y traducir la línea que marque el Comité Ejecutivo Nacional en resultados concretos. No es una encomienda menor, porque de su desempeño dependerá en buena medida la competitividad del PAN en la próxima contienda, incluida la exploración de alianzas que el propio partido ha dejado abierta.

Horas después de conocerse la noticia, Bonilla difundió un videomensaje en sus redes sociales donde definió el momento como una responsabilidad que asume "consciente de nuestra historia, pero, sobre todo, con esperanza en todo lo que todavía podemos construir".

Ese tipo de mensajes, cuando se emiten justo al asumir una coordinación política estatal, rara vez son casualidades. Son, más bien, la forma en que un liderazgo empieza a construir un relato propio de cara a lo que viene.

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Antes de la bendición de Maru a Bonilla, en viaje relámpago a Tijuana, Baja California, la gobernadora reafirmó su posición como voz influyente de la oposición nacional al participar en la presentación del Comité Plural por la Libertad de Ernesto Ruffo.

Maru Campos utilizó como simbolismo visual el contraste con la fotografía de la victoria electoral de Ruffo en 1989, calificándola como un "retrato que representa a una generación completa", para luego presentar la cruda imagen de su reciente detención el 16 de julio.

Luego, procedió a romper la fotografía del arresto, sentenciando con firmeza: "no vamos a permitir que esta fotografía siga siendo el retrato de México".

Este es el capítulo más reciente de una larga serie de choques con la administración federal, en los que la gobernadora ha sostenido que Chihuahua "seguirá resistiendo" ante el centralismo.

El historial de fricciones incluye la defensa de las presas del estado frente al Tratado de Aguas de 1944 y la reciente crisis por la supuesta presencia de agentes de la CIA en la sierra de Chihuahua, con amenazas incluidas desde la FGR.

Ahora desde Tijuana, la mandataria denunció que el proceso contra Ruffo ha sido "acelerado, violento y plasmado de irregularidades", diseñado por un "régimen de la muerte y la mentira" para infundir miedo.

El evento culminó con un emotivo abrazo a Verónica Ruffo, hija del exgobernador, transformando la retórica política en un gesto de solidaridad humana frente a un proceso que calificó de injusto.

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En la reciente sesión extraordinaria del Pleno del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua, efectuada en Juárez, el magistrado Rubén Aguilar emitió el único voto disidente contra la aprobación del Plan de Desarrollo Institucional 2025-2035, como ya se ha manejado.

Durante su intervención, denunció formalmente la existencia de una red de corrupción en el área de gestión penal y acusó que los sistemas de la Dirección de Tecnologías de la Información (DTI) no funcionan, permitiendo incluso el monitoreo remoto de sentencias por parte de funcionarios específicos, espionaje vil.

Según el magistrado, el área de gestión penal se encuentra "hasta las manitas de irregularidades", lo que motivó su rechazo a un plan que calificó de "romántico" frente a las fallas operativas actuales.

La postura de Aguilar, sin embargo, al parecer tiene otro trasfondo, más allá de las acusaciones de que no participó en las mesas de trabajo, de donde según esto simplemente se ausentó.

En los pasillos del tribunal lo que se dice es que Rubén, como la mayoría de los magistrados, van triste y sencillamente por la nómina, que él trató de colocar a su gente y que no lo dejaron, lo que lo trae enchilado y motivó su encendida intervención en tierras fronterizas.

Lo que nadie le creyó es eso de que tiene años denunciando cosas, cuando ha sido beneficiario precisamente de favores de nómina que lo han tenido muy calladito, hasta que ahora tronó, porque la repartición no lo favoreció.

Cierto es que lo denunciado de conductas que rayan en espionaje deben mínimo revisarse, para ver de qué se trata, porque eso de que son conocidas las sentencias de segunda instancia antes que los justiciables no es nada baladí.