Cuando el poder pone nombre a sus críticos

Primero empezaron con el derecho de las audiencias y ahora, desde Palacio Nacional, salieron con un supuesto “ecosistema de amplificación digital”.

El gobierno ha explicado que no se trata de una lista negra, sino de un análisis sobre la manera en que determinadas narrativas circulan y se amplifican en medios y redes sociales. Todo mundo tiene derecho a analizar, incluido el propio gobierno, pero lo que no se vale es clasificar cómo se comporta la conversación pública y señalar a quienes consideran responsables de determinadas narrativas, las que según ellos, atentan contra del gobierno.

Quizá para algunos no signifique nada. Tal vez simplemente lo consideren una anécdota más de la confrontación política de nuestros tiempos. Pero cuando vemos la situación del país y entendemos que el contexto importa, las cosas cambian.

¿Por qué?, porque no estamos hablando de un país donde ejercer el periodismo sea una actividad exenta de riesgos. ¿De qué se trata? ¿De intimidar a periodistas y a líderes de opinión?

ARTICLE 19 ha documentado 181 asesinatos de periodistas en México desde el año 2000, vinculados con su labor informativa. De ellos, 47 fueron durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y 14 en lo que va del actual gobierno de Claudia Sheinbaum. El hecho más reciente fue el de Francisco Alejandro Leyva Aguilar, ocurrido el 22 de julio de este año y que, por cierto, sigue sin esclarecerse.

Sólo durante 2025, ARTICLE 19 documentó 451 agresiones contra la prensa. De ellas, 153 correspondieron a abuso del poder público, lo que representa un 33.92% del total. La organización también señala un ambiente hostil caracterizado por discursos estigmatizantes, amenazas y otras formas de presión que pueden generar un efecto inhibidor sobre la libertad de expresión.

No son solamente números.

Otra organización, Reporteros Sin Fronteras, contabilizó nueve periodistas asesinados en México durante el 2025, el año más mortífero para la prensa mexicana desde 2022, según su registro.

En ese contexto aparece la lista y eso es lo que genera incertidumbre. No estamos diciendo que publicar los nombres sea una agresión, tampoco que quienes aparecen en ella estén siendo amenazados; no hay elementos suficientes para afirmarlo, pero sí preocupa que se trate de una forma interpretativa: “los tenemos checados”.

¿Por qué debería un periodista sentirse completamente tranquilo cuando el poder comienza a ponerle nombre y apellido a quienes considera parte de una narrativa que va en contra de su práctica doctrinaria?

La preocupación aumenta todavía más si observamos lo que ocurre en paralelo.

Desde finales de julio se encuentra abierta la consulta pública sobre los nuevos lineamientos de derechos de las audiencias. La CRT sostiene que buscan garantizar a radioescuchas y televidentes el acceso a contenidos e información “veraz, plural, clara, respetuosa e incluyente”.

Nadie puede estar en contra de que los ciudadanos tengan derechos frente a los medios. El derecho de réplica, la identificación de la publicidad o la accesibilidad son asuntos legítimos.

La preocupación aparece cuando una autoridad adquiere más facultades para decidir qué información es veraz, qué contenido está descontextualizado o cuándo un medio ha incumplido determinadas reglas.

Y aquí es donde las dos cosas comienzan a encontrarse.

Por un lado discuten las reglas para determinar cómo deben informar los medios y qué puede considerarse veraz o descontextualizado. Por otro, desde el poder, identifican públicamente a periodistas y comentaristas que, según su propia interpretación, forman parte de un ecosistema contrario al gobierno.

Tal vez no exista ninguna relación entre ambos asuntos, pero están ocurriendo al mismo tiempo y dentro del mismo ambiente político. Eso merece ser observado.

Un periodista puede preguntarse ¿qué significa aparecer en esa relación? También preguntarse ¿quién elaboró la lista? o como dicen ellos: el análisis. Sería bueno que el sistema de la 4T explique a detalle ¿cuáles son los criterios y para qué se hizo la lista? ¿qué uso tendrá mañana?

No hace falta que alguien le diga que se calle. A veces sólo basta con hacerle saber que lo están mirando.

Ése es uno de los riesgos menos visibles para la libertad de expresión. No siempre comienza con una prohibición. Pudiera comenzar cuando una persona empiece a preguntarse si vale la pena investigar, publicar, cuestionar o incomodar.

La autocensura no necesita una orden… necesita miedo. Y vaya que México conoce las consecuencias de que los periodistas tengan miedo.

El gobierno tiene todo el derecho a responder a los periodistas y que cuestione sus datos; demostrar que están equivocados y presentar su propia versión de los hechos. Lo que no tiene derecho, porque así lo marca nuestra Constitución, es que el libre ejercicio de la crítica termine convertido en una marca de identificación.

Una democracia necesita medios responsables, pero también periodistas que cuestionen al poder sin preguntarse primero qué consecuencias tendrá hacerlo.

El ciudadano tampoco gana cuando todos dicen lo mismo. Necesita escuchar al gobierno y también a quienes lo cuestionan. Necesita conocer distintas versiones, comparar información y formar su propio criterio.

Eso es, en buena medida, lo que significa una audiencia.

Y justamente por eso resulta difícil no sentir cierta inquietud cuando, mientras se habla de proteger a las audiencias, también se empieza a identificar desde el poder a quiénes son los periodistas y comentaristas que considera parte de una narrativa adversa.

Quizá la lista no sea una amenaza. Quizá sólo sea un análisis.

Pero en un país donde todavía asesinan periodistas, donde la impunidad sigue siendo una realidad y donde las agresiones contra la prensa no han desaparecido, sería ingenuo pensar que los nombres colocados desde el poder no generan preguntas.

La libertad de expresión no consiste únicamente en que el gobierno permita hablar. Consiste también en que quien habla no tenga que preguntarse si será señalado por hacerlo.

Ésa es quizá la verdadera preocupación detrás de esta lista: no solamente quién aparece en ella, sino quién decidió hacerla, con qué propósito y qué uso podría tener mañana.

El periodista no puede dejar de publicar y analizar los principales hechos que suceden a lo largo y ancho del país. En un país todavía democrático, los medios tienen una responsabilidad fundamental: informar, incluso a las mismas autoridades que tienen la obligación de velar por la seguridad de todos.

Por cierto y hablando de nuestra prestigiada libertad en México, desde hoy, todos aquellos celulares, con terminación cero y que no fueron registrados en el periodo indicado, serán suspendidos, tal y como lo advirtieron desde el Gobierno Federal.

Quizá este tema no tenga ninguna relación con los anteriores y seguramente habrá una explicación para cada uno. Pero el vínculo aparece cuando hablamos de nuestra libertad: qué comunicamos, con quién lo hacemos y qué información estamos obligados a proporcionar para poder comunicarnos. Y cuando empiezan a ocurrir tantas cosas al mismo tiempo, dígame usted: ¿a poco no empieza a preocupar?