Lactario para amamantar... pero cerrado

Presupuesto al alza, acervo bajo lona

Va la Auditoría Superior por pipitilla

“Dejaron ir a los sicarios los pinch$# policías, los de aquí de Santa Eulalia, que no se hagan pend%$#...”, así, tal cual, fue uno de los primeros comentarios de uno de varios testigos de una persecución que ayer al mediodía se extendió de los límites de la capital del estado al municipio vecino de Aquiles Serdán.

El caso desató una crisis de seguridad intermunicipal, pues también esa misma impresión de los policías de Santa Eulalia quedó entre los de Chihuahua, así como entre agentes de otras corporaciones y militares que fueron movilizados.

Resulta que elementos de inteligencia de la Policía Municipal capitalina fueron atacados a balazos afuera de un autolavado ubicado atrás del Cereso de Aquiles Serdán.

Andaban tras algo, quién sabe si derechitos o tan retorcidos como acostumbran algunos.

Muy posiblemente la agresión no fue directa, más bien fue para amenazarlos o asustarlos, de lo contrario quizás hubiera sido otro el resultado.

El caso es que el ataque obligó a los policías municipales a responder con todo y en minutos sumaron refuerzos de todo el sur de la ciudad, además de apoyo aéreo, militar, ministerial y estatal, para una persecución que iniciaron los mismos agredidos.

Pero al transitar por calles en San Guillermo, en los límites de Aquiles Serdán, resultó que los policías a bordo de las patrullas de ese municipio, torpe o deliberadamente, obstruyeron a los demás compañeros. Les cerraron el paso así como si no quisiera la cosa, pero tal vez sí la querían.

El resultado fue la huida de los presuntos sicarios, que en unos cuantos momentos lograron resguardarse en algún lugar de ese municipio muy pequeño en su zona urbana pegada a la capital, pero enorme en su zona rural con esquinas en Aldama, Julimes y Rosales. Cero detenidos, pero tampoco bajas trágicas ni heridos.

Antes de que surgieran los testimonios de quienes observaron los hechos con suspicacia y acusaran a los municipales vecinos de favorecer a los delincuentes, entre los mandos de la Policía Municipal de Chihuahua y los del Ejército también surgieron dudas. Posiblemente le hablaron para reclamar o jalarle las orejas a la alcaldesa priista Tere Erives, quien siempre se hace la desentendida con esos asuntos.

Oficialmente consideraron que fueron “fallas en la coordinación” con la Policía Municipal de Aquiles Serdán, pero varios se quedaron con la espinita clavada de que fue otra cosa. A ver si esos policías no se llevan de repente un susto si profundizan en investigaciones o en trabajos de inteligencia las otras corporaciones.

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Por cierto, en esa movilización de corporaciones que provocó el ataque de ayer entre Aquiles Serdán y Chihuahua, una de las muchas patrullas militares dejó una incómoda interrogante sobre un par de gruesos palos de madera que cargaba en la caja.

No eran simples palos de escoba sino unos maderones que secos o, peor aún, mojados, deben dar unos tablazos que Dios libre la hora, si es que los soldados no han acudido a los eficaces cursos de respeto a los derechos humanos.

Ahí queda la imagen de evidencia en la versión digital de GPS y la pregunta abierta sobre qué cargan en la caja de sus camionetas los militares y para qué pueden usar esas herramientas que, esperemos, no sean para torturas ni tratos crueles a quienes se ponen en su camino.

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Hace apenas una semana, el Instituto Municipal de la Mujer anunció con bombo y platillo la operación de una red de 19 lactarios por la ciudad, unos fijos y otros móviles, pero todos bien adaptados para que las madres pudieran amamantar a sus bebés de forma tranquila, cómoda, higiénica y privada.

Quién sabe qué le reporten a la directora del organismo municipal, Mónica Meléndez Ramírez, pero en la foto tomada ayer al mediodía, visible en GPS versión digital, el lactario móvil sobre el área peatonal de la calle Libertad, una mujer tuvo que sentarse en las escaleras de la puerta del mismo para alimentar a su pequeño.

Según el boletinazo oficial de comienzos de este mes de agosto -en el que se organizan “tetadas” masivas, pláticas sobre la importancia de la lactancia materna y otras actividades relacionadas-, los lactarios móviles estarían abiertos de ocho de la mañana a las seis de la tarde.

Sin embargo, en este caso no fue así. A eso de las dos de la tarde, el gran apoyo a las mujeres del que habla el IMM seguramente no lo encontró por ningún lado la señora que debió acomodarse con la puerta cerrada de respaldo y a la sombrita improvisada que le brindó el lactario, que nomás para eso sirvió.

Así, esas inversiones sociales terminan en la nada. Es la consecuencia si la realidad no cuadra con lo que dibujan los comunicados oficiales y las campañas propagandísticas.

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En el primer piso de la Biblioteca Central Estatal “Carlos Montemayor”, a un lado de la casa de Los Laureles, hay estanterías completas de libros que permanecen cubiertas con lonas de plástico.

La medida busca evitar que las goteras -por lluvia incipiente- mermen el material bibliográfico del principal recinto documental del estado.

La imagen del acervo resguardado bajo plásticos contrasta con la evolución financiera de la dependencia responsable de su cuidado.

Entre 2022 y 2026, el Presupuesto de Egresos asignado a la Secretaría de Cultura del Estado de Chihuahua pasó de 132.6 millones a 290.1 millones de pesos.

En cuatro años, los recursos disponibles para el sector crecieron 118.7%, pero no se ven por ningún lado cuando presenciamos esas lonas sobre estantes.

¿Dónde están los trabajos de reparación, impermeabilización y mantenimiento preventivo?

Brillan por su ausencia.

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El reciente Convenio de Coordinación signado entre la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua (ASE) es un hito de cobertura institucional, ya que por primera vez serán auditados el 100 por ciento de los recursos federales del Ramo 33 asignados a los 67 municipios de la entidad.

Sin embargo, el desglose minucioso de la distribución operativa presentado ayer por el auditor superior, Héctor Acosta, revela una asimetría técnica y estratégica donde las cargas de trabajo más complejas y los réditos de poder político quedarán drásticamente divididos.

Bajo este esquema, el órgano fiscalizador federal concretó un significativo ahorro en logística, viáticos y despliegue de personal, porque la ASF se deslindó del trabajo de campo en 44 alcaldías, en situación de dispersión geográfica, accesibilidad compleja y presupuestos acotados.

Municipios como Maguarichi, Batopilas, Morelos, Carichí o Chínipas —territorios donde el costo operativo de auditar una obra pública en zonas serranas suele superar el monto fiscalizado— serán absorbidos por la plantilla técnica y el presupuesto del ente estatal.

En contraste, la fiscalización federal se concentrará de forma cómoda en un bloque de 23 ayuntamientos que concentran la gran mayoría de la masa presupuestal del Ramo 33 en la entidad, incluyendo a Juárez, Chihuahua, Delicias, Parral y Cuauhtémoc.

Esta focalización evita a la federación el desgaste operativo en la geografía rústica del estado y le asegura el control directo sobre las plazas donde se concentra el verdadero peso electoral y la gestión de las grandes bolsas de recursos públicos.

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La resolución judicial a favor del gobierno municipal sobre la zona de Mápula y el proyecto del nuevo relleno sanitario metropolitano es una bocanada de aire puro para los habitantes de la zona de Romanza.

Son los principales interesados en que el tiradero de basura se mueva de lugar, y por supuesto, también representa una victoria legal y política para el alcalde, Marco Bonilla, pese a los intentos de la oposición por tirar abajo esta obra comprometida desde su primera administración.

Por cierto, a Miguel Riggs se le vio desencajado en la sesión de Cabildo en El Sauz, fue uno de los más interesados en el fracaso de este proyecto no sólo por los intereses de su partido, sino por su lazo consanguineo con Eugenio Baeza.

Tres largos años tuvieron que transcurrir para que el Poder Judicial de la Federación confirmara la legalidad de construir en Mápula.

De su resolución, uno de los puntos más importantes es la determinación que el predio no se encuentra en una zona prohibida, área natural protegida, planicie aluvial, zona de recarga funcional del acuífero ni sobre fallas geológicas.

Es decir, buena parte de los argumentos que durante estos años mantuvieron detenido el proyecto fueron inválidos.

El propio Gobierno Municipal ha señalado que todavía existe una etapa técnica que deberá cumplirse antes de que el relleno sanitario pueda comenzar operaciones, particularmente en materia ambiental.

Por lo pronto, lo que cambia con esta resolución es el escenario jurídico e inevitablemente, el político. Después de casi tres años, el proyecto obtiene un respaldo judicial que despeja una parte fundamental de las dudas que habían impedido avanzar en una obra que además de necesaria, le acreditará más acciones a Marco Bonilla rumbo a la gubernatura.