Tres documentos oficiales difundidos en dos días tienen el mismo problema: dicen la verdad, pero no toda. Eso importa porque el artículo 6o Constitucional garantiza acceso a información plural y oportuna, y el 12 de la Ley General de Transparencia obliga a que la información gubernamental sea accesible, confiable, completa, verificable, veraz y oportuna.

El boletín de la STPS del 10 de agosto sobre empleo formal adelantó los datos que el IMSS detalló ayer, el mismo día en que se presentó el Reporte de la Incidencia Delictiva Agosto 2026. En los tres casos hay información útil. También hay omisiones.

STPS e IMSS coinciden en las cifras principales de julio: 22,760,154 puestos de trabajo, salario promedio de 673.9 pesos diarios y 326,987 empleos más que un año antes. Hasta ahí, nada que discutir. El problema empieza con lo que se decide contar y lo que se deja fuera.

El IMSS registra una caída mensual de 19,550 puestos, −0.1%, que atribuye a factores estacionales. La STPS no la menciona y prefiere construir su boletín con comparaciones anuales favorables. El IMSS sí publica la caída, pero la acompaña de una explicación que le resta peso.

Con los registros patronales ocurre algo parecido. En julio hubo 1,013,054, es decir, 2,046 menos que un mes antes y 2.5% menos que un año antes. El IMSS advierte que esa baja "no debe interpretarse automáticamente como destrucción o cierre de empresas" y menciona depuración y validaciones regulatorias. Puede ser. Pero no presenta el desglose que permita saber cuánto corresponde a esas causas.

Si hay una explicación técnica, debe mostrarse. Escoger la comparación que conviene y omitir la incómoda no es solo resumir, sino decidir qué parte de la realidad recibirá el ciudadano.

El Reporte de la Incidencia Delictiva hace algo semejante. Compara a cada entidad con su propio pico histórico, pero no dice cuáles de las 32 no redujeron su promedio diario de homicidios dolosos. Tampoco presenta tasas por cada 100,000 habitantes, necesarias para comparar correctamente estados tan distintos como el Estado de México y Morelos. INEGI y SESNSP sí publican esas tasas.

Hay otra ausencia. El reporte presume 63,564 detenidos entre octubre de 2024 y julio pasado, pero no explica qué ocurrió con ellos. ¿Cuántos siguen en prisión preventiva o sujetos a proceso? ¿Cuántos fueron sentenciados? ¿Cuántos quedaron libres por falta de elementos o por violaciones al procedimiento? Tampoco informa cuántos fueron detenidos en flagrancia y cuántos mediante orden de aprehensión. Esa diferencia importa si se quiere medir el trabajo real de investigación. Detener no es sentenciar. Y el reporte solo cuenta lo primero.

Lo preocupante es la contradicción. El mismo gobierno que exige precisión y veracidad a periodistas y medios no siempre aplica ese estándar a sus propios boletines. La información oficial no necesita ser falsa para desinformar. Basta escoger las cifras favorables, esconder las incómodas entre explicaciones y dejar sin respuesta las preguntas que permiten entender el dato.

La transparencia pierde sentido cuando el ciudadano recibe solo la parte de la información que favorece al mensaje oficial. Publicar datos no basta. Hay que publicarlos completos, verificables y con el contexto necesario para entenderlos.

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