Hace apenas unas semanas, hablar de los llamados derechos de las audiencias parecía un asunto reservado para especialistas en telecomunicaciones, abogados, legisladores y medios de comunicación. Hoy la conversación es distinta. El tema llegó a las redes sociales, a los medios y a la opinión pública.

Un análisis de POLLS publicado por Político MX, muestra hasta qué punto creció el interés. La conversación alcanzó alrededor de 18 mil menciones entre los últimos días del periodo comprendido de julio hasta los primeros de agosto. Más de la mitad, 56.23 por ciento, provinieron del público en general y 43.1 por ciento de medios de información, mientras que las cuentas oficiales del gobierno representaron apenas 0.7 por ciento.

El dato más llamativo es el tono de la conversación. POLLS encontró que 73 por ciento de las menciones relacionadas con el tema fueron clasificadas como negativas. El principal asunto asociado fue censura y libertad de expresión con 34.5 por ciento, mientras que la discusión específica sobre derechos de las audiencias y regulación, representó 11.3 por ciento.

Conviene aclarar que esto no significa que el 73 por ciento de los mexicanos esté en contra de los lineamientos; el estudio analiza conversaciones en medios y redes, no en una encuesta representativa, pero sí muestra algo que sería un error ignorar: la discusión pública está percibiendo este asunto principalmente desde la preocupación por la libertad de expresión.

Y eso debería llevarnos a mirar un poco más allá del reglamento.

Nadie puede estar en contra de que existan derechos para quienes escuchan la radio o ven televisión. Que la publicidad esté claramente identificada, que exista derecho de réplica o que las personas con discapacidad puedan acceder a los contenidos.

La preocupación aparece cuando una autoridad adquiere facultades para decidir qué información es veraz, qué contenido está descontextualizado o cuándo un medio ha incumplido determinadas reglas.

Para entenderlo mejor, imaginemos que las noticias tuvieran algo parecido a los sellos que encontramos en los alimentos.

Una información podría llevar una advertencia de "información descontextualizada". Otra podría recibir una marca por no ser suficientemente "veraz". Una tercera podría no tener ninguna observación.

La comparación parece sencilla, pero plantea una pregunta importante: ¿quién decidió poner cada sello, con qué criterios y quién puede revisar esa decisión?

En los alimentos existen parámetros para determinar si un producto tiene exceso de azúcar, sodio o grasas. Una noticia, en cambio, puede contener hechos que todavía están en desarrollo, distintas fuentes, versiones encontradas o interpretaciones que forman parte del debate público.

Un medio debe responder cuando miente deliberadamente o incurre en una conducta ilegal. El problema aparece cuando una autoridad adquiere la capacidad de convertirse en el árbitro de la veracidad de los contenidos y esa decisión puede tener consecuencias para quien los publica.

Ahí surge la pregunta -que debería preocuparnos-:

¿Quién vigilará al que decide?

En una democracia ninguna autoridad debería tener un poder sin límites. Para eso siempre deben existir los contrapesos: instituciones capaces de revisar, cuestionar y, llegado el caso, detener las decisiones de quienes gobiernan.

El problema es que México lleva varios años caminando en sentido contrario.

Los contrapesos no desaparecieron todos al mismo tiempo. Algunos organismos autónomos fueron eliminados; otros perdieron atribuciones o cambiaron de estructura. También se han modificado instituciones y mecanismos que durante años tuvieron la función de vigilar, regular o revisar decisiones del poder público.

Cada cambio ha tenido sus propios argumentos. El problema aparece cuando se observa el conjunto: una institución independiente menos significa, una instancia menos capaz de cuestionar al poder, por eso preocupa que nuevas facultades relacionadas con la información aparezcan en este contexto.

No se trata de afirmar que el Gobierno actual necesariamente utilizará esas facultades para censurar a los medios. La discusión debería ser otra: ¿qué ocurrirá cuando esas mismas facultades estén en manos de otro gobierno?

Las instituciones no deben diseñarse pensando únicamente en quienes ocupan hoy los cargos. Deben funcionar también cuando gobiernen personas con las que no coincidimos. Esa es la verdadera utilidad de los contrapesos.

El análisis de POLLS muestra además que dentro de la conversación pública conviven dos preocupaciones: las menciones relacionadas con la defensa de la libertad de prensa, mismas que representaron 9.5 por ciento, mientras que las acusaciones de desinformación o mentiras en los medios, alcanzaron 9.2 por ciento.

Eso también debe escucharse.

Un medio puede equivocarse. Una noticia puede estar incompleta o presentar una versión parcial de los hechos. La respuesta a esos problemas debe incluir responsabilidad profesional, derecho de réplica, mecanismos de corrección y pluralidad, no entregar al gobierno la facultad de convertirse en juez de la verdad.

El ciudadano puede escuchar una versión en la radio, otra en televisión, leer una tercera en un periódico y encontrar una cuarta en internet; puede comparar, dudar y cambiar de opinión; incluso, puede equivocarse.

Pero esa posibilidad de decidir por sí mismo forma parte de su libertad.

Tal vez ahí está el verdadero sentido de hablar de derechos de las audiencias. No se trata únicamente de proteger al ciudadano de los medios, también hay que protegerlo de cualquier poder que pretenda decidir por él, sobre qué información merece ser escuchada.

Por eso hoy cuando los contrapesos institucionales se han reducido, la pregunta adquiere todavía mayor importancia: ¿Quién vigila al regulador? ¿Quién revisa sus decisiones? ¿Quién puede corregirlo cuando se equivoca?

El poder cambia de manos. Las facultades que se le conceden pueden permanecer durante mucho tiempo, por eso la discusión sobre las audiencias no debería terminar en la radio, la televisión o los medios impresos y digitales. Tiene que llegar a un asunto mucho más amplio: qué tanto poder estamos dispuestos a concentrar y cuántos mecanismos estamos dispuestos a conservar para vigilarlo.

El ciudadano no necesita que alguien piense por él. Necesita información suficiente para formar su propio criterio y la libertad para hacerlo.

Al final, la pregunta ya no es solamente quién decide qué es verdad. Es quién puede decirle que está equivocado cuando ese poder ya no tiene suficientes contrapesos.