El 1 de septiembre de 2024, durante su sexto informe de gobierno, el expresidente Andrés Manuel López Obrador aseguró ante miles de ciudadanos en el Zócalo que, México “ya tiene un sistema de salud mejor que el de Dinamarca”. Según la OCDE, en su Panorama de la Salud 2025, Dinamarca invirtió en salud cuatro veces más que México; su esperanza de vida fue 6.5 años mayor; su mortalidad infantil fue de 3 por cada mil, mientras que en México fue de 13.8, y las personas con diabetes representaron el 5.3 % de la población, contra el 16.9 % en nuestro país.

Los datos son contundentes y convierten el dicho en una mentira flagrante para el ciudadano, dolorosa para el paciente de un hospital público y una afirmación humillante para los equipos de doctores y enfermeras del sistema de salud gubernamental.

No es que sea la primera vez que nos mienten a los mexicanos, desde el partido oficial o desde cualquiera de los anteriores; no es que sea solo el expresidente, ni que sea únicamente en un informe de gobierno. Es que tal vez nunca nos habían mentido de tal forma, sin que hubiera lugar a dudas de que se trataba de una mentira.

El presidente sabía exactamente lo que hacía. Sabía que millones no verificarían los datos de la OCDE en tiempo real. Sabía que su voz, amplificada por la cadena nacional, tendría más peso en la conversación diaria que cualquier hecho verificable. Mintió porque podía y porque sabía que no habría consecuencias.

Tres años después de esta mentira —reconocida, documentada y sin consecuencia alguna— aparecen en la conversación pública los lineamientos de protección a las audiencias, promovidos por el mismo gobierno que, desde el púlpito del poder, se atrevió a proferirla.

¿Quién determinará lo que es una mentira y lo que no lo es? ¿Qué sucede cuando un periodista publica que el sistema de salud está en crisis? ¿Es “protección de audiencias” o “difamación contra el gobierno”? ¿Quién juzga? ¿Qué ocurre con el medio que lo publicó?

En sistemas democráticos débiles —y México es uno de ellos— estas definiciones casi nunca quedan en manos de técnicos imparciales. Quedan en manos del poder político, y el poder político tiende a protegerse a sí mismo.

En caso de que los lineamientos de dicha ley ya hubieran sido aprobados y estuvieran vigentes en 2024, ¿qué hubiera procedido para proteger a las audiencias? ¿Una multa? ¿Una llamada de atención? ¿La obligación de corregir en el mismo foro en que fue dicho el mensaje? O bien, ¿no hubiera pasado nada, porque las audiencias solo son protegidas cuando los comentarios los hace un ciudadano común y corriente, no el presidente de la República?

No se trata de negar que existe desinformación. Las redes sociales están llenas de mentiras, de imprecisiones y de calumnias impunes. Los bots infectan discusiones públicas, los algoritmos radicalizan a usuarios, pero es el ciudadano, que en plena libertad, quien debe procesar, evaluar, rechazar o aceptar la información, no el gobierno, no una persona, no una comisión.

Una ciudadana escribió en redes: “Presidenta, protéjame de la inseguridad, proteja mi salud, proteja la educación de mis hijos, proteja mi economía. De discernir información no necesito que me proteja; puedo sola”.

Las cifras demuestran que, cuando hablamos de salud, México está lejos de Dinamarca, pero lo verdaderamente grave no fue la mentira del 1 de septiembre, lo grave es que, después de ella, en lugar de fortalecer la verdad y la transparencia, el gobierno propone mecanismos de “protección” que, en manos de quién miente, se convierten en armas contra la crítica.

Porque cuando el gobierno que oculta y defiende la mentira es el mismo que diseña los mecanismos de verdad, nos lleva a la pregunta: ¿para qué nos protegen? ¿De quién nos protegen? ¿Contra quién es la protección?

¿No será protección al gobierno, del ciudadano que lo cuestiona?