Más allá de explicaciones y justificaciones jurídicas, el reformado Poder Judicial del Estado determinó ya no medir la justicia en términos de derechos humanos, proximidad o atención a las víctimas, sino en los kilómetros, poco más de 220, que a sus ilustres juzgadores les da flojera recorrer.

La reciente mudanza de la Sala Penal Regional y la Sala Civil y Familiar Regional de Parral, sede del Distrito Judicial Hidalgo, hacia la comodidad política de la capital es el reflejo fiel de un sistema que prefiere el aire acondicionado centralizado de Chihuahua que gastar las suelas en las regiones.

El Acuerdo General del Órgano de Administración Judicial del pasado 13 de julio, mediante el cual se determinó la recentralización de las salas, es una joya de la simulación burocrática. En realidad, el Poder Judicial es la joya mayor, ahora compuesto de tres órganos directivos: un Tribunal Superior de 30 magistrados, un Tribunal de Disciplina para autosancionarse y una instancia administradora, todo cortesía de la reforma de hace un año.

Ese Poder Judicial en su conjunto intentó disfrazar el agandalle con términos rimbombantes como una “Red Estatal de Magistraturas”; “justicia digital” (en regiones donde falta luz, agua, carreteras); “interconexión telemática” e “infraestructura logística centralizada”.

Pero la verdad, esa que flota siempre por encima de las mentiras oficiales, aparece clarita en la página 2 del propio acuerdo: los promoventes del atropello fueron los magistrados Elizabeth Macías y Yamil Athié.

Sí, ellos mismos le pidieron formalmente a la institución que los reubicara para no tener que despachar desde Parral. Querían home-office de lujo y la “justicia telemática” les cayó como anillo al dedo.

Si tuvieran un ápice de vergüenza y dignidad profesional, hoy mismo regresarían las salas a Parral en lugar de esconderse detrás de una pantalla de Zoom, como lo harán a partir de mañana, cuando vuelvan de sus terceras vacaciones (Navidad, Semana Santa y verano) en menos de un año de trabajo.

La recentralización decretada al capricho de Athié Gómez y Macías Márquez, ahora que el aparato de justicia está por cumplir el primer año de su refundación, es uno de los peores de los muchos mensajes negativos que, por escándalos y deficiencias, han enviado los nuevos juzgadores a la sociedad.

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Para dimensionar el tamaño de la desfachatez, basta con revisar el Periódico Oficial del Estado y contrastar el acuerdo judicial de este año con el acta del 31 de enero de 2014.

Hace doce años, el entonces secretario general del Supremo Tribunal (hoy Tribunal Superior), Gabriel Humberto Sepúlveda, certificaba una política judicial histórica, basada en la imperiosa necesidad de descentralizar la actividad jurisdiccional para cumplir con la promesa constitucional de una justicia “pronta, completa e imparcial”.

En aquel entonces, claro que influido el aparato de justicia por un duartismo político imponente, el pleno entendía que para estar cerca del justiciable se requería un criterio zonal que obedeciera a razones territoriales, demográficas y de vías de comunicación.

¿Qué cambió en 12 años? ¿Acaso pavimentaron mágicamente los caminos serranos o se instaló internet de alta velocidad en cada rincón del sur? Por supuesto que no.

Lo único que cambió fue la voluntad de servir o el criterio para adoptar una tendencia descentralizadora de la justicia que desde los años 2000 se imponía no nada más a nivel nacional, sino también global.

Hoy, la administración de justicia estatal borró de un plumazo esa descentralización para inaugurar la era de la recentralización a nivel casi salvaje, sin aviso, sin cabildeo, sin consulta previa, sin una justificación real que no fuera y menos pareciera tapadera de caprichos políticos.

Curiosamente, la tijera centralista sólo cortó el hilo por lo más delgado al desaparecer las sedes del sur, pero ni de chiste tocó las salas regionales de Ciudad Juárez. Si el argumento es que la modernidad digital elimina la necesidad de la presencia física, ¿por qué no se traen también las salas fronterizas a Chihuahua capital?

Juárez sí esta hiperconectado, hasta en las periferias tiene la banda ancha que no conocen en Moris ni Chínipas, pero ahí los magistrados están cómodos. Así, es más fácil desmantelar el sur rural que meterse con la frontera.

No resiste, pues, la mínima comparación el acuerdo recentralizador, por más intentos de esconder afanes personales en lenguaje burocrático rebuscado.

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Los números no mienten, pero el Poder Judicial sí lo hace. Para justificar el despojo, el acuerdo alega un “decremento estadístico” en la segunda instancia y una supuesta baja carga de trabajo.

Sin embargo, la comunidad jurídica ya devoró a los magistrados Athié y Macías Márquez, así como a la presidenta de utilería que se supone encabeza el aparato de justicia estatal, Marcela Herrera Sandoval, otra de las vacacionistas judiciales.

Con los propios datos oficiales, los litigantes que promovieron amparos contra esa decisión -Vicente Carrillo Zapién, José Antonio Vences Prieto y el maestro Mariano Cordero Burciaga- exhibieron que la Sala Regional Penal de Parral registra un promedio de 14.2 resoluciones mensuales.

Esa cifra la ubica entre las de mayor productividad. Así, el argumento de la baja productividad es una falacia administrativa construida para validar un capricho residencial de los juzgadores de segunda instancia.

Mientras tanto, en la primera instancia del Distrito Hidalgo el rezago es crítico y de terror. El Tribunal de Control difiere audiencias iniciales por más de seis meses y las agendas están saturadas hasta el 2027.

La genial solución fue utilizar el espacio que dejarán las salas de apelación para habilitar salas de audiencia locales. Eso es resolver una negligencia operativa con un despojo institucional, evidentemente.

Bien lo señaló el diputado local priista, Guillermo Ramírez Gutiérrez, al afirmar, en representación de varios sectores afectados, que esto no es una reorganización, sino un retroceso absoluto en derechos que la región sur ya había adquirido tras décadas de exigencias.

Independientemente de los argumentos, una decisión administrativa de la justicia estatal ahora está en un volado jurídico al haber llegado a demandas de amparo en tribunales federales, en lo que es la peor señal que la judicatura manda a los chihuahuenses: los mismos juzgadores que deberían resolver controversias, pelean contra una sociedad que los requiere en su trabajo, no distraídos en sus caprichos.

Porque no es una persona la afectada, ni es la opinión de unos cuantos abogados. Hay un rechazo generalizado en la región sur por una decisión que, para colmo, es una tomada de pelo, una vil transa escondida en una complejidad de argumentos mezclados con sinrazones.

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Además de la parte jurídica y sus implicaciones, olvidaron otra cosa los magistrados promoventes y quienes avalaron la decisión política disfrazada de administrativa, esos mismos que, paradójicamente, ahora tienen como lema oficial “justicia cercana a ti”.

Lo que olvidaron es que hay un dolor humano en cada caso, en cada expediente penal, familiar o hasta civil y mercantil, que ahora se esconderá en algún algoritmo digital. Sí, porque la tecnocracia judicial olvida que la justicia trata con personas, no con bytes ni con los cables o los satélites que los trasmiten.

La comisionada ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado (CEAVE), Norma Ledezma Ortega, lanzó la lapidaria advertencia de que retirar las salas aleja la justicia de las víctimas más vulnerables, especialmente de aquellas que habitan en los municipios serranos.

Hablar de “ventanillas digitales” y “oficialías virtuales” en regiones donde la señal de telefonía se corta a mitad del camino es una burla. Un viaje de horas desde la sierra hasta Parral ya implicaba un desgaste económico y emocional enorme para una familia desplazada o violentada; exigirles ahora mirar a un monitor conectado a Chihuahua o trasladarse hasta la capital es negarles el acceso a la justicia, así de simple.

Cámaras empresariales como Coparmex, el Consejo de Desarrollo Económico Regional, el Colegio de Abogados del Distrito Hidalgo y el Colegio de Abogados de Parral, se han manifestado en contra por los mismos motivos que evidencian una justicia alejada de las personas. Hasta el propio fiscal de la Zona Sur, Guillermo Hinojos, tuvo que admitir lo obvio, que los juzgadores deben estar cerca de la gente.

Esa repasada de los sectores es la evidencia de que el “modelo digital” de Macías y Athié -en el que esconden su verdadera intención de despachar desde la capital y no en la pequeña ciudad, todo porque el segundo será el magistrado presidente del TSJE el año próximo- no es vanguardia. Es, en suma, la renuncia a la vocación de servicio por pura comodidad política.

Hay que insistir: si tuvieran un mínimo de vergüenza y decencia, deberían dar marcha atrás los magistrados a la determinación adoptada. Pero ya sabemos que no.

Por ahora, la pelota estará en la cancha del Poder Judicial Federal por los amparos promovidos, pero el daño moral e institucional ya está hecho y el aparato de justicia estatal seguirá entrampado entre juegos de poder, conflictos políticos, transas y escándalos, en vez de cumplir con su función sustancial.