-Esta semana listas denuncias en caso “Chino”

-Viene el ministro Aguilar con tema indígena

-Tiroteo podría marcar peligrosa tendencia

Una nota en The Washington Post y otra en The New York Times atizaron el debate político en torno a dos hechos, uno ensombrecido por otro: el mayor narcolaboratorio de metanfetaminas desmantelado en Chihuahua y la muerte del jefe de la Agencia Estatal de Investigación, Pedro Oseguera, su escolta y dos norteamericanos.

“Dos agentes de la CIA mueren en un accidente en México tras una operación antidrogas”, tituló la noticia el medio estadounidense con base en Washington, mientras que el de Nueva York lo estableció así: “Dos estadounidenses fallecidos en un accidente en México eran agentes de la CIA”.

Ni el Post ni el Times -suponemos que hasta subir sus ediciones de ayer lo desconocían- pero las mismas versiones salidas de la embajada de Estados Unidos apuntan a que no sólo eran los dos elementos muertos de la CIA, sino otros dos que viajaban en otra camioneta de la misma AEI de la Fiscalía General del Estado.

Eran cuatro en total los agentes norteamericanos desplegados en la Sierra Tarahumara, así lo consignan incluso reportes de la 42 Zona Militar, cuyos efectivos -un grupo de alrededor de 40 elementos, entre ellos tres oficiales además de las tropas- participaron en operaciones entre el viernes y el sábado en aquella apartada región.

El fiscal general del Estado, César Jáuregui, ha defendido que no hacían tareas operativas los extranjeros, sino que eran instructores en uso de drones que habían estado en el municipio de Morelos, pero no en las acciones de ubicación y desmantelamiento de las instalaciones criminales.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró ayer que la Federación no tenía conocimiento del ingreso de personal estadounidense, como si no tuvieran décadas desplegados en México los agentes norteamericanos, igual entre discursos de colaboración como entre mensajes de soberanía; y que había ordenado investigar la situación para determinar qué hacían en suelo mexicano sin seguir todo el trámite binacional habitual.

Fuera de las consideraciones políticas y hasta de las presuntas violaciones a la Ley de Seguridad Nacional con las que se han desatado las especulaciones, en el fondo del caso está la pobre coordinación mexicana en la lucha contra el crimen. Lamentable el espectáculo, de pena ajena.

Un accidente fatal ha opacado el resultado de un operativo exitoso, sobre el que debería girar la conversación dadas las supuestas prioridades de las estrategias de seguridad del país. En ver, analizar y ponderar el impacto de ese golpe deberían ocuparse las autoridades federales y estatales, dándole la cara a la sociedad con, mínimo, un despliegue informativo y comunicacional decente.

Sin embargo, la discusión se ha centrado más en las formas que en el fondo, señal de la necesidad de reforzar -sin simulaciones ni falsos debates sobre el papel primordial que juega la cooperación internacional- la coordinación efectiva entre niveles de gobierno.

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Hay definición de los agredidos por Fernando “El Chino/Chapito” Ramírez, para ir en contra de la decisión que lo dejó en la impunidad después del artero ataque ocurrido a las afueras de la funeraria Loya, en la capital del mundo.

Vamos a presentar amparo contra resolución y las quejas/denuncias, fue el mensaje que recibió GPS en relación con el tema, anunciado prácticamente desde que la magistrada, Elizabeth Macías, tomó la decisión de liberar de responsabilidad a “El Chino”, hace ya más de una semana.

De acuerdo con lo que conoció esta columna, para el jueves deben estar listas, tanto las quejas/denuncias, como el amparo, un poco antes de que venzan los términos, no vaya a ser la de malas.

No hubo detalle de acción concreta, pero el anuncio efectuado a bote pronto era en el sentido de que irían por queja ante el Tribunal de Disciplina y también por juicio político ante el Congreso, además del amparo directo por la resolución que puso fin al juicio y que dejó libre de responsabilidad a Ramírez.

Sólo faltaría una vista al Ministerio Público Federal por la violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que nadie ha querido hacer.

Siguen muy molestos los agredidos Eloy Soto Payán, Héctor Villasana y Enrique Muñoz. No están dispuestos a dejar el asunto nada más así.

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Si no sucede algo extraordinario que cambie las agendas, el próximo ocho de mayo, estarán en Chihuahua, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz; el magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Gilberto de G. Bátiz García, y la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei Zavala, en una firma de convenio de colaboración para la certificación de traductores indígenas en materia jurisdiccional.

Uno de sus principales promotores es el magistrado, Hugo Molina Martínez, presidente del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, quien precisamente es el encargado de la convocatoria, en donde el Poder Judicial del Estado de Chihuahua, jugará un papel importante, con miras a fortalecer su centro de personas traductoras e intérpretes.

Este tema social cae en blandito dada la retórica del ministro Hugo Aguilar de envolverse en dicha bandera, de legitimidad indudable, dada la condición de inequidad en que han sido colocadas las personas indígenas.

La intención es dar certeza jurídica a todos los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas, respetando su cosmovisión, lingüística, usos y costumbres.

En recientes días, y en este sentido, el Pleno del TEE, aprobó con el voto unánime de Roxana García, Adela Jiménez y Hugo Molina, solicitar al Congreso homologar la Constitución local con la federal, para que los pueblos y comunidades indígenas puedan elegir a su representante ante el Ayuntamiento a través de usos y costumbres.

El artículo 2 constitucional federal señala en su apartado A, fracción X que dichas comunidades tienen el derecho de elegir, en los municipios con población indígena, representantes en los ayuntamientos, de acuerdo con los principios de paridad de género y pluriculturalidad conforme a las normas aplicables.

La propuesta es incorporar este texto en el artículo 8 de la Constitución local.

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Todo indica que la administración de Marco Bonilla está haciendo bien las cosas para atraer el turismo a la capital.

Ayer, a través de la Plataforma de Inteligencia Competitiva del Sector Privado (PICSP), dieron a conocer con base en la estadística del Grupo Aeroportuario del Norte (OMA) que, en el primer trimestre del 2026, la capital presentó un aumento del 5.6% de pasajeros en comparación con el mismo periodo, pero del 2025.

Trasladado a números, llegaron a Chihuahua capital 445 mil 804 pasajeros vía aérea, esto es, 23 mil 811 visitantes más, ya sea para conocer la ciudad o en su paso para llegar a alguno de los otros destinos turísticos que ofrece el estado.

En el desglose de turismo nacional e internacional, los dos tienen aumento, en el nacional fueron 22 mil 758 mexicanos más que conocieron el estado grande y mil 53 que supieron que en el mundo existe una ciudad que no es una raza de perro.

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En un pésimo momento para la presidenta, Claudia Sheinbaum, muy cerca del Mundial de Futbol, con dos visitas internacionales en casa, ocurrió la balacera en la zona arqueológica de Teotihuacán, donde un sujeto disparó a diestra y siniestra, mató a una turista canadiense y dejó heridos a siete extranjeros, además de varios lesionados, antes de suicidarse.

Lo grave del asunto es que el fenómeno del “mass shooting”, o tiroteo masivo, que ya es casi en una moda en Estados Unidos, tienda a replicarse en lugares concurridos de México.

Además de la canadiense abatida, hirió a dos colombianos, dos estadounidenses, otra canadiense, un ruso y un brasileño.

Un dato significativo es que la Fiscalía mexiquense halló en las ropas del suicida, un retrato creado con Inteligencia Artificial, con el agresor al lado a los responsables de la masacre de Columbine, Estados Unidos, del 20 de abril de 1999 en que fallecieron 13 personas, un indicio de que pretendía hacer algo similar en México y que se reprodujera en redes.

Ese mismo día estaban en el país el representante de Estados Unidos para revisar el T-MEC y el alto comisionado de la ONU para el problema de los desaparecidos.

No por nada La Mañanera se dedicó solo a este tema. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad dijo que está garantizada la seguridad del Mundial. La titular de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que fueron dados de alta seis de los siete heridos.

Más allá de los infructuosos esfuerzos de la Presidenta por proyectar una imagen de seguridad en nuestro país, deberán establecerse acciones para que el tiroteo en Teotihuacán no sea el inicio de una peligrosa tendencia que a nadie le conviene.