El Instituto de la Defensoría Pública en Chihuahua continúa trabajando, al igual que la Central de Actuarios, con la misma presión y con los mismos resultados.

Héctor González Mocken, con una larga trayectoria política y liderazgo gremial de abogados, está llegando a la edad adulta con todo lo que esto representa; es decir, dando lo mejor de su experiencia y capacidad para cumplir con el compromiso contraído con la gobernadora Maru Campos.

En comparación con su hermano Javier, de feliz memoria, Héctor fue un litigante con buenos asuntos y hoy tiene el mejor despacho del Estado. Es considerado buen jefe por prestar los coches y tener consideración con los defensores que enfrentan problemas de adicciones. Su paso por el Instituto puede calificarse sin pena ni gloria, salvo por el evento que trajo a Chihuahua a representantes de defensorías de todo el país, con buenos actos que únicamente presenciaron sus subalternos, so pena de descontarles el día.

Ha hecho lo que ha podido con la estrechez económica y la incapacidad para otorgar nombramientos, salvo a sus amigos de la ciudad fronteriza.

Ha sido promotor de la autonomía e independencia del Instituto, pero con Myriam Hernández se topó con pared, porque jamás pudo salir del corralito que ella le formó. Hoy, con Marcela Herrera como magistrada presidenta, podría sorprenderla contándole su larga historia de deslealtades políticas y personales: del PRI cambió al PAN, tiene un pie en Morena y hasta se le atribuyen relaciones con Sánchez, el legislador de Movimiento Ciudadano.

Es confiable para los grupos de poder por su múltiple compromiso político; como amigo, no vale la pena.

La titular de Actuaría es una mujer muy competente: Edna Trevizo. Ha logrado sacar adelante la gran responsabilidad de esta área, después de una larga lista de titulares. Su gestión ha sido de lo más confiable, aunque la falta de apoyo ha sido su principal lastre, porque no había recibido el respaldo de los jueces, que no actúan en su dinámica. Si se le permitiera tomar el ejemplo de Monterrey, donde ya no cargan expedientes y las actuaciones pueden consultarse en línea, se daría un paso gigantesco.

Las cosas han cambiado: la magistrada presidenta solo tiene mando en Actuaría y Defensoría; es una figura decorativa y de mero ornato, según el análisis de la Ley Orgánica. El verdadero poder lo tienen Molina y la titular de Administración.

Reforma a la Ley de Amparo

Los actos de autoridad que gozan de una presunción de legalidad deben también contar con una presunción de legitimidad; cuando no lo son, es cuando la suspensión del amparo se activa y paraliza dichos actos para evitar que se sigan violentando los derechos de los quejosos.

Se dice que debe haber límites más claros, pero en realidad no debe haber límites a la protección de los derechos de los gobernados; los límites deben aplicarse a los actos de autoridad.

Esta reforma debe entenderse como pro-autoridad, cuando debería ser lo contrario: ampliar los derechos de los gobernados.

Otra preocupación es la presunción de constitucionalidad de las leyes. Si las leyes ya cuentan con una presunción de legalidad, por eso existe el amparo: para proteger los derechos humanos de las personas cuando su aplicación afecta su esfera de derechos. Preocupa que ahora se pretenda consagrar dicha presunción en la propia ley que regula este mecanismo; parece un contrasentido.

La Ley de Amparo se vuelve restrictiva porque limita el uso procesal de este recurso. Numerosas suspensiones se decretaron durante la reforma judicial y nunca fueron respetadas. Hoy, con estas reformas, los jueces ni siquiera podrán otorgar suspensiones: estarán impedidos de decretarlas.

El derecho debe ser dinámico y progresivo. Ahora, sin suspensión, habrá que esperar a la sentencia.

El interés legítimo, figura que se incorporó en 2013, fue utilizado por asociaciones y organismos en casos de contaminación de aguas y ríos, o en la construcción de edificios junto a domicilios. Con la reforma, su alcance quedaría seriamente reducido.

Huachicol: ¡corrupción de todos!

La corrupción imperante en los más altos niveles de la política nacional, el contubernio de las fuerzas armadas con bandas del crimen organizado —tanto para facilitar el acceso a espacios de poder político y financiero como para el robo de las rentas del país mediante el huachicol fiscal— ha puesto al descubierto una red criminal institucional que ha operado desde hace tiempo en prácticamente todo el territorio.

La llegada de Hernán Bermúdez a México, deportado de Paraguay —donde había ingresado ilegalmente y se mantenía escondido en una zona residencial—, tras ser descubierto como líder de una banda criminal en su natal Tabasco, y quien fuera nombrado jefe de la policía directamente por el entonces gobernador del estado, pieza clave después en la administración de Andrés Manuel López Obrador como secretario de Gobernación e incluso candidato a la Presidencia de la República, Adán Augusto López Hernández, representa una acción importante de la Presidenta de la República para deshacerse de quienes representan un pesado lastre para la buena marcha de su administración.

“Los negocios más jugosos que se hacen al amparo del poder siempre llevan el visto bueno del Presidente”, afirmó en su momento Andrés Manuel López Obrador. Pero cualquier expectativa que parecía exagerada se quedó corta con la revelación del proceso de contrabando y evasión fiscal que se cometía de manera permanente con los buques tanque: primero se llenaban con petróleo crudo en las plataformas del Golfo de México en altamar, desembarcaban en puertos de Estados Unidos y trasladaban el crudo por tierra a las refinerías, donde se convertía en gasolina o diésel. Luego, nuevamente se cargaba en los buques tanque y finalmente se trasladaba a los puertos de Altamira, Veracruz, Ensenada, Lázaro Cárdenas, Guaymas, La Paz, Cancún y Mazatlán. Es decir, desde el Atlántico hasta el Pacífico, donde más de 550 empresas fleteras se encargaban de su distribución en prácticamente todo el país.

El huachicol fiscal consiste en la comercialización e importación de combustibles —principalmente gasolina y diésel— que se hacen pasar por otro tipo de hidrocarburos para evadir el pago de impuestos, principalmente el IEPS y el IVA.

El robo de hidrocarburos perforando ductos genera ganancias millonarias de manera permanente; sin embargo, no se compara con el contrabando en buques tanque que pueden transportar en un solo viaje hasta 20 millones de litros de combustible. Se calcula que tan solo el año pasado representó poco más de 600 mil millones de pesos de pérdida para el fisco, y una ganancia descomunal para quienes participan en este saqueo, donde se menciona por igual a integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, miembros de la Marina Armada de México y políticos de todos los niveles: alcaldes, diputados y senadores, todos del partido en el poder.

De 2010 a 2015, el hallazgo de piquetes a ductos de Pemex aumentó un 1,400% en Tamaulipas, 425% en Baja California, 40% en Coahuila, 121% en Nuevo León y 300% en Chihuahua.

Ojalá que las acciones emprendidas por la presidenta Claudia Sheinbaum, junto con su secretario de Seguridad Omar García Harfuch, tengan el alcance que se requiere para detener este robo a la Nación, capturar a todos los involucrados, resarcir el daño causado y castigar con todo el peso de la ley a los responsables.